Como es de conocimiento general, la educación, es un derecho universal, misma que ha sido considerado como tema prioritario por organismos internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, del cual se han derivado Convenciones, Tratados y Pactos Internacionales; se han emitido Observaciones y creado Comités internacionales, en donde se establece el interés superior de la niñez y se exhorta a los Estados brindar educación de buena calidad, lo que a su vez exige concentrar la atención de la calidad del entorno docente, de los materiales y procesos pedagógicos y de los resultados de la enseñanza, sin que nadie se quede atrás.
Estos compromisos internacionales y de protección de los derechos humanos de los que México es partícipe, se han incorporado en el marco normativo e institucional que ha construido el Estado mexicano para garantizar el cumplimiento de las garantías individuales y de los derechos humanos de todas las personas.Misma que es posible ver en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) donde se estipula que toda persona tiene derecho a recibir educación.En donde el Estado, en sus tres niveles, impartirán educación obligatoria del nivel básica y media superior; además, promover y atender todos los tipos y modalidades educativas, mismas serán completamente gratuitas, garantizando una educación de calidad y obligatoria.
En este mismo sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determina que "La educación es un derecho humano inalienable e imprescriptible, es decir, no se puede enajenar, no tiene caducidad, su ejercicio no se puede restringir o prohibir por ningún motivo, así que los Estados deben garantizar para su efectivo cumplimiento en todo momento de la vida de los individuos".
A pesar de toda esta conceptualización manejada y conocida por el Estado y la Secretaría de Educación Pública (SEP), la educación mexicana es de las peores.Si bien es cierto, México es la décima quinta economía más poderosa del mundo, sus avances en materia de educación pública dejan mucho de desear.Por ejemplo, de 173,000 establecimientos de educación básica, 125,552 escuelas (82.1 por ciento) no cuentan con servicios telefónicos; 76,383 (48 por ciento) carecen de computadoras o no funcionan y 123,511 (80.8 por ciento) no tienen acceso a internet, esta marginalidad educativa resulta coincidente con la marginalidad socioeconómica, esto genera un grave rezago educativo.De acuerdo a los estudios de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el sistema educativo mexicano se encuentra en las últimas posiciones, en el 31 de 34 países que integran este organismo.El 41 por ciento de los mexicanos de 15 años y más está en condición de rezago educativo, su nivel educativo está por debajo de lo considerado básico: son analfabetas o no han concluido la primaria o la secundaria.Esto se explica por la gran desigualdad social que prevalece la sociedad mexicana y que el sistema educativo se encarga de producir y reproducir, transmitiendo por generaciones e impidiendo la posibilidad de hacer de México un país justo y próspero.A pesar de que el gobierno de la 4T, se comprometió en cambiar esta realidad educativa, la situación ha empeorado.Esta desigualdad social, cuyo origen está en el modelo económico, retroalimentada en esta administración gubernamental, genera las insuficientes oportunidades de acceso a la educación, las diferencias de calidad de las opciones de formación para cada sector social, la mala distribución territorial de los servicios escolares y ambientes de estímulo cultural pobres.En este sentido, la OCDE sostiene que "la brecha entre ricos y pobres alcanzó el nivel más alto en los últimos 30 años.México se sitúa como uno de los países más desiguales con ingresos 26 veces superiores para el 10 por ciento de la población más rica (228 900 pesos mensuales) respecto al 10 por ciento de la población más pobre (8 700 pesos mensuales).Esto explica que muchas de las carencias del pueblo de México, entre ellas el rezago educativo, tienen que ver con la desigualdad, la inequidad y la falta de oportunidades laborales en que se encuentra la mayor parte de la población.Sin salarios adecuados y dignos para los miembros que trabajan de cada familia, el acceso a la salud y, en este caso, a la educación sin duda seguirá siendo difícil y las nuevas generaciones seguirán aportando cada año montos importantes de individuos a la población en rezago".
En Baja California 50 mil 368 personas no saben leer ni escribir, así lo indican las cifras del instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), está concentrada en la zona de San Quintín, en los adultos mayores y en la población en edad productiva, de los cuales el 58 por ciento no rebasan los 45 años.Todo esto genera falta de oportunidades educativas y laborales; bajo nivel cultural; pocas oportunidades para un empleo formal, violencia intrafamiliar, drogas y abandono escolar.Estando así las cosas, si el 58 por ciento de los ciudadanos en San Quintín no saben leer ni escribir, cómo se harán cargo de la educación académica de sus hijos; si no conocen el uso de las tecnologías, no tienen acceso a la red de internet y si no tienen un ingreso suficiente, cómo le harán para adquirir las herramientas necesarias para educar a sus hijos; esta situación coloca al pueblo pobre en una disyuntiva, o adquieren las herramientas para educar a sus hijos o adquieren alimento para no morirse de hambre.Aunado a esto, la falta de conectividad a la red de telecomunicaciones y a la falta de electricidad de las colonias como La Michoacán, Angelina Galván, Nuevo Mundo, Nuevo México, Pino de Madris, La Guillen, por citar solo algunas colonias, cómo se educarán los alumnos de estas comunidades.Con la aparición del virus SARS-CoV-2, dejó al descubierto la gran desigualdad social que hay en nuestro país, en el estado y en el municipio.Esto da la razón al Movimiento Antorchista Nacional, al insistir en la urgente necesidad de cambiar el modelo económico empobrecedor vigente en el país, por uno que distribuya equitativamente la riqueza del país y mejore las oportunidades de empleo y salarial; que brinde una educación de calidad y universal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nada más, pero nada menos.
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