En el arranque del ciclo escolar 2021-2022, la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó evaluaciones diagnósticas a 848 mil 709 alumnos de primaria y secundaria en cinco mil 184 escuelas del país, las cuales revelaron un retroceso de 16.7 puntos porcentuales en el aprendizaje de matemáticas en alumnos de primaria, al pasar de 66.5 por ciento de aciertos en segundo grado a 49.8 por ciento en sexto grado.
Por su parte la Auditoría Superior de la Federación (ASF), auditó la Estrategia Nacional para el Regreso a Clases Seguro y encontró varias deficiencias, entre ellas el nivel educativo de los alumnos en matemáticas. Los resultados muestran que la mayor disminución de los aprendizajes se ubicó en quinto grado.
Durante el tránsito de primaria a secundaria, los estudiantes evaluados presentaron un retroceso de 1.8 puntos porcentuales, mientras que en secundaria la disminución fue de 8.2 puntos porcentuales al pasar de 48 por ciento en primero a 39.8 en tercero. Aunado a esto, se registraron retrocesos de 20.9 puntos porcentuales en los niveles de aprendizaje en la lectura entre los alumnos de primaria, al pasar de 70.6 por ciento en segundo grado a 49.7 por ciento en sexto grado. Lo mismo ocurrió en el paso de primaria a secundaria, donde se encontró una disminución de 6.7 puntos porcentuales.
Los retrocesos en el aprendizaje de lectura y matemáticas, entre alumnos de primaria y secundaria, es un problema serio; a ello hay que agregar otro problema de suma importancia, la deserción escolar y falta de garantías sanitarias en las escuelas.
Para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, la SEP se había propuesto que regresaran a clases presenciales en las 32 entidades del país, sin embargo, según señala la ASF, la SEP no acreditó que hubiera realizado el diagnóstico de las condiciones de infraestructura de los planteles de educación básica, al cual se había comprometido para el regreso a clases presenciales.
Mediante un sistema de monitoreo, la SEP registró las condiciones sanitarias básicas para el regreso a clases de 113 mil 594 escuelas de educación básica, que representa el 50.7 por ciento de las 223 mil 855 registradas ante el Sistema Educativo Nacional (SEN). De las 113 mil 594 escuelas que reportaron información sobre las condiciones sanitarias en el Sistema de Monitoreo, solo 51 mil (44.9 por ciento) cumplieron con las 10 condiciones sanitarias establecidas en la Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las Escuelas, en el resto (62 mil 575, que representa el 55.1 por ciento) no se garantizaron las condiciones necesarias. De las 110 mil 261 escuelas que la SEP no registró en el Sistema de Monitoreo, se careció de información respecto a si regresaron a clases presenciales en el pasado ciclo escolar. Del total de estudiantes registrados en el SEN, 23 millones 922 mil 995, solo regresaron a clases 12 millones 748 mil 463, lo que representa el 53.3 por ciento.
Los datos que arroja la evaluación aplicada por la SEP a estudiantes, así como de la ASF, muestran los resultados obtenidos por el abandono que la 4T está realizando con la educación de niños y jóvenes en el país. La evidente insuficiencia de los recursos presupuestales destinados a subsanar las carencias elementales en las escuelas, dichas carencias que todo mundo conoce y acepta, van desde la falta de espacios educativos adecuados y decorosos para la realización de la labor educativa, pasando por una carencia de infraestructura material básica en general, por la ausencia casi total de material auxiliar, de igual manera, por la nula atención a la preparación, actualización y solución real a las necesidades vitales del maestro y su familia.
El estado actual de un claro abandono de esos y otros rubros no menos importantes, no solo es causa innegable y fundamental de la pésima calidad de la enseñanza impartida por el Estado. La insuficiencia de recursos que contempla el proyecto oficial lejos de atacar a fondo esta cuestión tiende a perpetuarla y profundizar contradiciendo sus declarados propósitos de mejorar la calidad educativa del país.
Esta falta de presupuesto viola el artículo 25 de la Ley General de Educación que ordena asignar, cuando menos, el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública; viola también, con iguales o peores efectos nocivos, el deber legal de destinar no menos del uno por ciento del mismo indicador económico a la investigación científica, actividad esencial no solo para el crecimiento del país en todos los órdenes, sino también para brindar un sólido apoyo a la actividad educativa elevando los contenidos programáticos de las asignaturas.
Con el raquitismo económico planteado en el PEF 2023, no queda claro de ningún modo, cómo mejorar las condiciones materiales y desempeño de las escuelas públicas, de no remediarse esta situación, todo quedará en buenos propósitos por parte de la 4T.
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