El pasado viernes 10 de noviembre, alrededor de 80 comerciantes tlaxcaltecas fueron desalojados violentamente de sus espacios de trabajo por elementos de seguridad pública. Con estas acciones, 80 familias se quedaron sin su principal fuente de ingresos. Este lamentable episodio es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y extendido: la informalidad laboral.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en julio de 2023, más de la mitad de la población ocupada en Tlaxcala, un 57.43%, tiene un empleo informal. Esto significa que no cuentan con prestaciones laborales básicas y están expuestos a abusos e injusticias. Los comerciantes enfrentan la constante amenaza de desalojos, extorsiones y decomisos por parte de las autoridades.
La informalidad no es culpa de los trabajadores, sino consecuencia de un sistema económico injusto que no genera suficientes empleos formales bien remunerados. Mientras el salario promedio de los trabajadores formales en Tlaxcala es de $8,345 pesos al mes, el de los comerciantes informales es de apenas $5,666 pesos. Esto los obliga a buscar ingresos extras en la vía pública para sobrevivir.
Ni el gobierno estatal ni el federal han sido capaces de revertir esta situación. Por el contrario, en los últimos cinco años la informalidad laboral en Tlaxcala se ha incrementado 15%, al pasar de 312,230 trabajadores informales en 2018 a 357,570 en 2023.
Frente a este panorama, las autoridades responden con mano dura. Los operativos de desalojo se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando a cientos de familias que de la noche a la mañana se quedan sin sustento.
Lejos de combatir las causas del problema, estas medidas lo agravan. Sin alternativas, los comerciantes desalojados vuelven a las calles una vez que pasa el operativo. Se genera un círculo vicioso de persecución que solo profundiza la pobreza y desesperación.
Las autoridades argumentan que los comerciantes obstruyen el espacio público, evaden impuestos y fomentan el desorden. Pero la pregunta es ¿qué otra opción tienen para ganarse la vida dignamente? El sistema no les da oportunidades, y cuando intentan buscarlas por su cuenta, se les reprime.
Se necesitan soluciones integrales, no paliativos. Es urgente generar más y mejores empleos formales en Tlaxcala para absorber la creciente fuerza laboral. También se requieren programas de capacitación para mejorar las habilidades de los trabajadores informales.
El gobierno debe entender que los comerciantes no son delincuentes, son víctimas de un sistema económico excluyente. Se les debe apoyar en lugar de perseguir. Su trabajo dignifica y le da de comer a sus familias.
Los desalojos como el del 10 de noviembre son un duro golpe a cientos de hogares tlaxcaltecas que ya vivían en condiciones precarias. Pero también representan la oportunidad de replantear las estrategias contra la informalidad. Se necesitan soluciones integrales y humanas para combatir este problema de raíz. De otra forma, seguiremos viendo a familias enteras en las calles, buscando cómo sobrevivir.
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