La llegada a la presidencia de México, de Andrés Manuel López Obrador, fue el banderazo de salida de la campaña aniquiladora contra el antorchismo, cuyo primer acto fue la mención en diversas plazas públicas acusando a la organización y a los antorchistas de desviar presupuesto del erario, aunque nunca aportó pruebas de lo dicho, y la cantidad variaba entre 10 mil o hasta 30 mil millones de pesos de acuerdo al estado anímico del presidente.
A lo anterior, siguió la persecución de la estructura financiera y el congelamiento de las cuentas de distinguidos líderes de nuestro movimiento, y a la par de ello se dio la cerrazón absoluta a las demandas expuestas en la federación; cero diálogo con intermediarios, cero obras de infraestructura, cero aulas para instituciones educativas, cero carreteras y cero acciones de orden social a campesinos, colonos o estudiantes organizados.
Siendo el representante del Poder Ejecutivo quien lanzó los ataques en nuestra contra, sirvió de justificación para que desde otras esferas del poder estatal o municipal se replicará la estrategia y se emprendiera tal mandato, negando la solución a las solicitudes expuestas, la táctica era clara ¡guerra a muerte contra los intermediarios!
Por ello, desde 2018, la gestoría que emprendemos ha constituido un sin fin de burlas, menosprecios y acciones dilatorias para replicar y ponerse en sintonía con el tlatoani que despacha en Palacio Nacional, so pena de ser objeto de sus iras y venganzas. Así, por igual, alcaldes o gobernadores lanzan diatribas y escamotean la solución a los problemas expuestos.
Pocas excepciones se dieron en nuestra tierra, se pueden contar con los dedos de las manos quienes desacataron esta aberración y atendieron las solicitudes expuestas; por el contrario, tanto munícipes como funcionarios estatales y federales de todos los orígenes partidarios, arguyendo falta de recursos y nuevas políticas, negaron en absoluto la atención a demandas legítimas de la población organizada.
Han sido casi cinco años de esta circunstancia a nivel federal, algo así presagiabamos que ocurriría en el Gobierno del estado que encabeza David Monreal Avila, aunque en honor a la verdad debemos reconocer que la diferencia estriba en que siempre todos los funcionarios estatales dispensaron buen trato.
Al arribo de esta administración, en 2021, expusimos un pliego petitorio que contenía obras de orden social como electrificación de comunidades, pavimentación de calles, agua entubada, apoyos alimentarios, mejoramiento a la vivienda y apoyo a productores del campo, como puede verse son temas que entran perfectamente en cualquier programa institucional.
A pesar de la legitimidad y de la viabilidad de las demandas expuestas han sido casi dos años de antesalas, trámites y reuniones en los que no hay avance, pero la llegada de Rodrigo Reyes Mugüerza a la Secretaría de Gobierno, abría la esperanza de que la situación cambiara, pues el dinamismo impuesto a esa importante área del gobierno quedó manifiesta desde el primer día de su nombramiento, por ello acudimos una comisión de Antorchistas a solicitar una entrevista y la posibilidad de ser escuchados.
La reunión se efectuó en días pasados y dos elementos traducen en buenas señales, que ciertamente aún no se materializan en soluciones, pero que de hacerse efectivos serán benéficas para centenas de zacatecanos: el primero de ellos es el trato amable y ejecutivo de la mesa de trabajo instruyendo a la Subsecretaria Julia Olguín Serna del seguimiento de las peticiones, y en segundo lugar, crea expectativas el hecho de que se haya fijado el lapso de 15 días para dar respuesta.
Sin duda es un paso adelante en la tesitura en la que habíamos caminado, esperemos que haya concreción, que se entienda que no se trata de responder a los líderes, sino que es atender a ciudadanos que acuden a este gobierno deseando, que como se ofertó en campaña, las cosas cambien en beneficio de la mayoría de la población, entre los que se encuentran mis compañeros, ojalá que así sea.
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