En repetidas ocasiones, por diferentes medios y por justificados motivos, he denunciado la campaña represiva que, sin razón alguna, ha implementado el gobierno morenista de la 4T en contra del Movimiento Antorchista Nacional. Nuestras razones nunca han sido rebatidas con argumentos convincentes o con pruebas de buena ley. En la totalidad de los casos, los difamadores a sueldo han aplicado la técnica del silencio o vuelven, con más groseras y descaradas argucias, a sostener las mismas mentiras y calumnias; y, con una enorme satisfacción por considerarlo fruto merecido de su trabajo ruin y abyecto, justifican cualquier acto represivo en nuestra contra. No nos ven ni nos oyen, actitud criminal que permite, con mentiras y calumnias, crear un clima propicio para el linchamiento. Buscan con ello dejar las manos libres al gobierno morenista para que pueda golpear y reprimir impunemente a todos los que se atreven a disentir de su política, a exigir sus derechos o a usar la protesta pública o mediática para hacerlos valer.
Unos de los tantos abusos cometidos por el gobierno tirano de Miguel Barbosa son: la invasión de la UDLAP; el encarcelamiento abusivo del presidente municipal de Tehuacán legalmente electo; el encarcelamiento de las líderes de la Unidad por Coyomeapan, efectuado con una felonía que le envidiaría la peor organización criminal. El Movimiento Antorchista también es víctima de la política represiva de Miguel Barbosa y ha vivido los abusos morenistas: Mediante el uso mafioso del poder se conculcó al antorchismo su derecho a constituirse en partido político local. Mediante el ridículo invento del delito “robo de despensas” se intentó ejercer acción penal contra Rosario Sánchez, líder antorchista estatal; además, violentando su autonomía, se obligó a la fiscalía general del estado a extender órdenes de aprehensión contra Rosario Sánchez, que se lograron sobreseer mediante amparo, quedando así demostrado lo ridículo y falso de la acusación.
La última de las hazañas, que han hecho famoso a lo Eróstrato a Barbosa y “contlapaches” es negarle a Grúas Federales, Ghanto y Unión, su derecho a la libre organización, su derecho de gestión y su derecho de petición, así como sus derechos humanos, de los que la Cuarta Transformación, con descaro y sin recato, se dice “defensora”.
Ovidio Celis, representante legal de las empresas Grúas Federales, Grúas Ghanto y Unión, en declaraciones a sobre-t.com, el pasado 30 de septiembre, afirmó: “Pese a cumplir con todos los requisitos para ser incluidos en el rol de trabajo, que la Secretaría de Movilidad y Transporte exige para poder prestar el servicio, la misma Secretaría niega el permiso argumentando que no podrán hacerlo ´por ser antorchistas´”. Todos los intentos de diálogo con funcionarios de Gobernación, y con el director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Fernando Loranca Huidobro, han sido infructuosos, pues este funcionario espetó sin respeto alguno, en forma burlona, que “aunque se hubiera cubierto el 85% de los requisitos para ingresar al rol no podrían hacerlo, porque el gobierno había clausurado ya los tres corralones de que disponen (los grulleros) mediante la Secretaría del Medio ambiente”. No hay duda de ninguna especie por lo hasta aquí escrito que el Movimiento Antorchista y los grulleros que representa, son víctimas de un de acto represivo desembozado por parte del gobierno barbosista.
Al negársele a los grulleros el ingreso al rol “por su antorchismo”, se viola el derecho, consagrado en nuestra carta magna en el artículo 9° que a la letra dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”. Al usar como motivo para negarles su derecho de ingresar al rol su filiación política, se niega el derecho de los grulleros a asociarse y militar en la organización que mejor convenga a sus intereses.
Después de 27 años de prestar el servicio ininterrumpidamente, y habiendo sido avalado su trabajo por la Secretaría, negar a los grulleros el derecho de ingresar al rol, sin demostrar a los interesados que el refrendo de su permiso pueda ser ilegal, que no se ajusta a las normas establecidas, que se incumplen o violan las normas de operación, que se incumple con los requisitos exigidos; todo ello es una negativa que sólo puede fundarse en el abuso de poder, en el “aquí nomás mis chicharrones truenan”, “aquí yo soy el único que manda”; en suma, es violar el artículo 8° constitucional que dice: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición… En toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo”. Al usar como argumento la filiación política de los grulleros se violenta flagrantemente el artículo 9° constitucional que establece: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito…”. Argüir la filiación antorchistas de los grulleros para conculcar su derecho a entrar en el rol es arrebatarles su derecho a organizarse y a ser representados, en y con la organización que más y mejor convenga a sus intereses.
Al negarse la Secretaría de Movilidad y Transporte a incluir a los grulleros antorchistas en el rol para que puedan trabajar, se viola flagrantemente el artículo 123° Constitucional que establece: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley”. Por tanto, el Gobierno barbosista al negarle a los grulleros su derecho al trabajo, mediante la no inclusión, viola la Constitución de dos formas: Impidiendo el derecho al trabajo y negando el derecho a la organización social del trabajo. Al negarle el acceso al rol, al desalojar de sus empleos a más de 300 jefes de familias, incumpliendo sin justificación alguna su obligación constitucional de creación de empleos, viola el más grande derecho humano universal: el derecho al trabajo. Por si esto fuera poco, con su decisión de negar el derecho al trabajo, Barbosa envía, sin escrúpulos de ninguna especie, a mil 200 personas aproximadamente a engrosar las filas de los que viven en extrema pobreza.
Nótese que nada se dice ni se comenta en los medios de comunicación, en relación con este acto abusivo del gobierno. Seguramente dan por sentado que Barbosa tiene la razón y es motivo suficiente para ignorar este acto represivo.
Pero todo aquél que tenga mínima objetividad, concluirá por todo lo aquí expuesto que al frente del destino del estado se encuentra una gavilla de violadores de la ley, razón suficiente, si hubiera verdadera justicia, para que todos ellos como los galeotes de Don Quijote fueran a galeras por toda la vida. Queda demostrado, sin duda de ninguna especie, que la negativa al trabajo, aplicada a los grulleros, es un acto de total y absoluta injusticia, que sólo se explica por los instintos represores de un cacique pueblerino, colocado como gobernador del estado, que demuestra no la inteligencia del sujeto sino la pobreza política, intelectual y moral de la clase gobernante.
Ahora bien, ante la disyuntiva de aceptar sin chistar tan grave injusticia o luchar para evitar que este gobernador tiranuelo siga cometiendo más y más graves atropellos en contra de los trabajadores, los grulleros deben fortalecer su organización y decidirse a mantenerse en la lucha, para así evitar que lleguen a convertirse los abusos en práctica cotidiana del gobierno morenista.
La opinión pública debe tener claro que en la defensa del trabajo y en la búsqueda de justicia, bien vale la pena morir de pie que vivir de rodillas. Llegar a esta conclusión razonada nos permitirá colegir que el único culpable de cualquier manifestación futura de protesta, por éste u otros atropellos iguales o mayores, es el Gobierno barbosista, único merecedor del repudio ciudadano, ningún otro más. A los que protestan debemos apoyarlos, cobijarlos, solidarizarnos con ellos por ser dignos abanderados de nuestra libertad, pues en la dignidad de ellos se encierra la dignidad de todos. Adelante grulleros. El triunfo nos espera.
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