Sin ningún documento oficial que justifique la acción y menos de alguna autoridad competente que la respalde, los servidores de la nación de Huitzilan, Puebla instalaron mesas de cobro los días de entrega de los programas de la Secretaría del Bienestar, para que los beneficiarios den la cuota de 200, que cubrirá el pago de 150 mil pesos por el costo del terreno donde, supuestamente, se va a construir el Banco del Bienestar, y de 80 mil para los gastos de la maquinaria que ya trabajó ahí; sin embargo, no hay certeza legal de lo que están haciendo, ya que no informaron quién autorizó la construcción en ese lugar, pues es el Ayuntamiento, en el marco de la cooperación federal y municipal del Plan de Desarrollo Nacional, quien desde hace más de un año le ha dado seguimiento.
La administración huitzilteca ya presentó dos propuestas de terreno con los requerimientos necesarios para la donación, por lo que la ciudadanía no tendría que cooperar ni un peso, además porque se supone que la construcción se realizará con recurso federal; de ahí que surjan varias dudas: ¿quién les autorizó la actividad? ¿Quién decidió qué terreno, el lugar, el monto y los trabajos que dicen ya se realizaron? ¿Por qué los servidores de la nación van a manejar el dinero? ¿Qué hizo la máquina que amerite el pago de 80 mil pesos, si la inversión para su construcción la debe realizar el Gobierno federal? ¿Cómo van a transparentar el uso del recurso?
Son 230 mil pesos los que deben juntar y para ello se les solicitó a los beneficiarios de más de 15 comunidades de la zona de Totutla y Zoyotla la cuota de 200; mientras que a los de la cabecera municipal les dijeron que la cantidad es opcional, pues también deben cooperar para el pago de la renta donde funciona la oficina del Bienestar, o centro integrador, como también le llaman. ¡Otra cooperación! ¿Quién les autorizó? Para convencer a la gente de dar su aportación se valieron de una serie de elemento que retomo de varios videos que me hizo llegar la ciudadanía para poder hacer la denuncia pública. Veamos cuáles son y qué hay de cierto.
Primero. Según los servidores de la nación, el banco se va a construir sobre el camino que va a la comunidad de Xoloango, en un terreno que vendió “a precio módico” el señor Abraham Manzano, muy identificado con Morena. Esta información no se le notificó a la administración municipal. El Ayuntamiento de Huitzilan, después de varias revisiones y propuestas porque se solicitaban terrenos planos, presentó dos, una en la comunidad de San Miguel del Progreso (que es de las más grandes por su territorio y población) y otro en la cabecera municipal; ambos fueron avalados por funcionarios federales y por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes en julio de 2022 hicieron dos visitas de inspección; de ahí que solicitaron las actas circunstanciadas y de cabildo para avanzar con el proceso; no obstante, en la primer semana de enero, el delegado del Bienestar en Zacatlán, Vicente Cabrera, anunció que no pasaban los terrenos, pero que se iba a revisar el asunto. Nuevamente, ¿por qué, si ya se había aprobado, incluso avanzado con algunos trámites burocráticos? ¿Es una coincidencia con lo que están haciendo los servidores de la nación de Huitzilan? ¿El delegado Vicente aprobó el terreno que van a comprar con el recurso de los beneficiarios, o por qué siempre no aceptó la propuesta del Ayuntamiento? Las propuestas de la administración huitzilteca dista en características con el que están comprando los servidores, pues ese se encuentra sobre un bordo y en una de las zonas más alejadas de la cabecera y de la junta auxiliar; lo que hace más cuestionable la situación, ya que la característica principal es que sea un terreno plano y, ¿cómo es que este cumple con los requisitos? Alertamos a la población, pues no sea que al rato no se apruebe y el recurso se dé por perdido, ¿o lo van regresar, en tal situación?
Segundo. Tras instalar la mesa de cobro en la comunidad de Zoyotla y ante la inconformidad de la gente que preguntó si se les estaba cobrando el apoyo, Leopoldo López Cañadero, servidor de la nación en la zona de Totutla, dijo que fue acuerdo de reunión la aportación, que ya les había explicado: “Aquí se tomó un acuerdo, se les comentó cuál era el plan… El costo del precio fue de 150 mil. Aparte se va a construir el Banco del Bienestar. Ya metimos maquinaria, ya se trabajó; hasta ahorita ya se pagó 80 mil pesos, más 150 mil, son 230 mil los que tenemos que reparar”. No dio fecha, ni hora, ni presentó la minuta de acuerdo firmada por todos los beneficiarios de la reunión donde se tomó el acuerdo; incluso, testigos aseguraron que no se le permitió poner la mesa de cobro dentro de la zona del pago de los programas, porque no presentaron documento oficial que autoriza la actividad.
Tercero. Un pequeño enredo y contradicción de Leopoldo: “Huitzilan cabecera tiene la propuesta. Totutla va más adelantado a la cabecera, porque Huitzilan, a pesar de ser la cabecera tiene muchos espacios, pero dicen que no tienen terreno… El gobierno dijo: sabes qué, le dijo a la presidencia, quiero que me dones un terreno, porque te quiero construir un banco; qué dijo la presidencia municipal: no tengo. Oye, apóyame para que se le ayude al pueblo; que dijo: no tengo”. ¿Cómo? Por fin, la cabecera ¿tiene o no propuesta? ¿Se negó a dar el apoyo o no tiene terreno? Poco entendible, no estaría mal que acudiera a la presidencia municipal y solicite los documentos sobre la propuesta del ayuntamiento, para que se aclaren sus pensamientos.
Quiero destacar otro elemento que no utilizaron para convencer, pero que considero importante por lo incierto que resulta y que, según los ciudadanos que me enviaron la información, les causa duda. Don Leopoldo dio a conocer que los recibos que entregarían por la cuota de 200 pesos irían sellados por la tesorería de la junta auxiliar de Totutla; sin embargo, en ese momento no podía entregarlos: “No se les va a entregar, por el momento, su recibo; pero al final del día o en la semana, ya con calma, pueden pasar con ellas -las del comité- y les van a entregar su recibo”. ¿Por qué? ¿Cuál era el inconveniente? Consultando al área jurídica de la administración de Huitzilan, nos dicen que, si la autoridad auxiliar está de acuerdo en sellar los recibos, lo puede hacer; sin embargo, el ingreso debe ser justificado y reportar como ingreso, por eso nuevamente otra pregunta: ¿será cierto que está de acuerdo la administración auxiliar y selló los recibos? ¿Está dispuesta la administración de la junta auxiliar a llevar semejante carga? Si están de acuerdo, ¿por qué no entregaron los recibos en ese momento?
Y otro dato: en la cabecera municipal, Vicente Luna se reunió con los beneficiarios de los programas de apoyo a adultos mayores, discapacitados y madres trabajadoras, a ellos les planteó una cooperación, pero no dio cantidad, solo dijo que es voluntaria. Leopoldo, en Zoyotla, también comunicó que desde Aocotzota hasta Totutla ya se había pedido la cooperación, solo faltaba en ese lugar. ¡Mmmm! ¿Por qué en algunos lugares se fija cantidad y en otros es opcional? ¿De qué depende?
Lo cierto es que a cuatro años de iniciada la administración morenista de Andrés Manuel López Obrador aún no hay Banco del Bienestar, ni en Huitzilan ni en muchos lugares en los que se prometió. Recordemos que en abril de 2022 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un análisis del proyecto y detectó que “presenta un rezago de la meta de construcción de sucursales del 55%. Además, ha habido poca transparencia en las compras públicas y una planeación deficiente en el uso de recursos” y muchas otras irregularidades, situación que se presta para que ocurran situaciones como las que pasa en Huitzilan.
“Durante el primer semestre del 2021, el Banco del Bienestar recibió una aportación de capital de cinco mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda, con lo que su presupuesto para este año se ajustó al alza 1,613%, para contar con una partida presupuestal del orden de cinco mil 309 millones de pesos” (“El Economista”, en agosto de 2021). Un incremento grosero para obras que, en muchos casos, ni siquiera están funcionando. Considero que nos encontramos frente a un acto que, en los hechos, no ha mostrado que sea legal y menos que esté autorizado; y si esto es así, es un cínico acto de corrupción para sacarle más dinero al pueblo, que ya de por sí sufre por el alza a los precios de los productos de la canasta básica, el desempleo y muchos otros males que, precisamente, se han agudizado con el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador, presidente que al agitar su pañuelo blanco dijo que acabó con la corrupción. Aunque muchos ciudadanos dieron su cooperación por temor a que los eliminen de las listas de los programas, sí cuestionan si estos personajes son servidores o se sirven del pueblo. Estaría bien que los servidores demuestren que no es corrupción, pero con elementos reales, para que no nos quedemos con malos pensamientos sobre su actuar.
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