El Estado de México no sólo es la entidad más poblada del país, sino que también se ha convertido en un laboratorio de lo que ocurre cuando la política se divorcia de las necesidades reales de la gente.
Los baches —esos agujeros que devoran llantas, motores y hasta vidas— no son un fenómeno natural, sino el resultado de décadas de corrupción, ineficiencia y de una gestión pública que prioriza el espectáculo sobre las soluciones duraderas. Aunque las autoridades insisten en culpar a las lluvias o al tráfico, los datos y la rabia ciudadana cuentan otra historia.
Cada bache es un grito de abandono y corrupción que expone un sistema político que olvida a sus ciudadanos.
Los números no mienten: la crisis vial es un fracaso institucional. Empecemos con lo obvio: el Estado de México es un desastre en infraestructura. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 72 % de sus carreteras urbanas se encuentran en condiciones “deficientes” o “pésimas”. Y no es por falta de dinero.
En 2022, la Auditoría Superior del Estado reveló que, de los mil 200 millones de pesos asignados al mantenimiento vial, el 60 % se esfumó en gastos “no comprobados”; es decir, 720 millones desaparecieron en un agujero más grande que cualquier bache.
Pero la corrupción no opera sola. La incompetencia es su cómplice perfecta. En municipios como Naucalpan y Ecatepec, las administraciones gastan hasta tres veces más en reparar un kilómetro de calle que en Querétaro o Nuevo León, debido a contratos inflados a empresas fantasma, según documentó Mexicanos Contra la Corrupción en 2023. Mientras tanto, vecinos de colonias como Jardines de Morelos (Ecatepec) caminan entre cráteres que, literalmente, les alcanzan hasta la rodilla.
La desigualdad también se hace patente: ¿a quién le importan los pobres? Los baches no afectan a todos por igual.
En municipios acomodados como Huixquilucan o Metepec, las quejas en redes sociales suelen resolverse en días; pero en zonas marginadas, como Lomas de San Pablo (Chimalhuacán), Lomas de San Esteban en Texcoco o San Francisco Acuautla (Ixtapaluca), los hoyos permanecen durante años.
No es casualidad: según el Consejo Estatal de Población, el 80 % de las calles sin pavimentar se concentran en áreas de alta pobreza.
La infraestructura refleja las prioridades de quienes gobiernan. En 2021, el gobierno estatal inauguró un puente elevado en Toluca por 500 millones de pesos.
Bonito, sí, pero ¿de qué sirve si las calles aledañas —como la avenida Solidaridad Las Torres— parecen un campo minado? La respuesta es clara: los proyectos faraónicos dan más votos que arreglar baches. Aunque el fracaso del “bachetón” mexiquense es evidente, el gobierno de Delfina Gómez lo celebra.
Además, sufrimos las mentiras del “ya estamos trabajando”. Cada temporada de lluvias, hay alcaldes que salen a tomarse fotos con palas y cubetas de asfalto, pero sus “soluciones” son un chiste.
En Nezahualcóyotl, por ejemplo, el municipio utiliza una mezcla de tierra y basura para rellenar baches; el resultado es que, en dos días, el hoyo vuelve a abrirse. Peor aún, en 2022 la Procuraduría Ambiental multó a cinco alcaldías por contaminar con estos parches improvisados.
Y no hablemos de las apps de “gobierno abierto”. En Toluca, la plataforma “Reporta Tu Bache” recibe 200 quejas diarias, pero solo se atiende el 10 % de ellas, debido a la falta de personal, presupuesto y voluntad. Es puro teatro digital.
La solución reside en ciudadanos hartos, que asumen el trabajo que el gobierno se niega a hacer. En Nicolás Romero, motociclistas organizaron un “tour de los baches” para exponer la negligencia; en Atizapán, comerciantes cobran “peajes voluntarios” para reparar calles; y en Huixquilucan, vecinos pintaron caras de políticos en los hoyos más grandes. La creatividad ciudadana es admirable, pero también constituye una denuncia: el Estado ha abandonado su función más básica.
El gobierno, claro está, no tolera la competencia. En Coacalco, han multado a vecinos por “dañar vías públicas” al reparar baches, castigando a la gente por hacer lo que las autoridades se niegan a hacer.
Más allá de las llantas ponchadas, los baches no son sólo un problema vial, sino una bomba de tiempo económica y social. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, los conductores del Edomex gastan, en promedio, 3 mil 500 pesos al año en reparaciones por daños causados por baches.
Para una familia de escasos recursos, eso equivale a dos meses de despensa, sin contar las tragedias humanas: en 2023, una motociclista en Zumpango perdió la vida al caer en un hoyo sin señalizar, y en Cuautitlán Izcalli, un chofer de camión chocó al esquivar un cráter, dejando siete heridos.
Estos casos rara vez salen en la prensa nacional, pero para las víctimas representan el precio de vivir en un estado que no gobierna para ellas.
Entonces, ¿qué hacer? Las autoridades insisten en que “falta presupuesto”, pero eso es falso: el problema radica en cómo se gasta ese dinero. En lugar de contratos opacos, el Estado podría auditar cada peso destinado al bacheo con participación ciudadana, multar a las empresas que utilicen materiales deficientes —como ya se hace en Jalisco— y priorizar el mantenimiento preventivo en lugar de parches que duran dos días.
Pero para lograrlo se necesita algo que escasea en el Edomex: voluntad política. Mientras los alcaldes sigan tratando el presupuesto como su caja chica, los baches seguirán siendo el paisaje cotidiano y la gobernadora presumirá logros inexistentes.
Los baches del Estado de México no son un accidente, sino el síntoma de un sistema político podrido. Cada cráter es un recordatorio de que aquí los impuestos se esfuman, las prioridades están invertidas y a los gobernantes les importa más su imagen que la vida de la gente.
Sin embargo, hay esperanza. La creatividad ciudadana, las denuncias virales y la presión social pueden obligar a los políticos a actuar. Al fin y al cabo, como dice el refrán: “Al mejor juez, el pueblo”. Y el pueblo del Edomex ya está emitiendo su veredicto: ¡basta de gobiernos que gobiernan de dicho, pero no de hecho!
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