• La crisis de vivienda en Jalisco no es negligencia, sino la consecuencia de un sistema que expulsa a los trabajadores a la periferia urbana
El nacimiento del capitalismo industrial no fue un proceso armónico, sino el resultado de un despojo histórico que concentró el capital en pocas manos y transformó al campesinado en un proletariado desposeído. A pesar del reparto agrario del siglo XX, la concentración de la tierra sigue en unas cuantas manos.
La connotación de "irregular" es un mecanismo mediante el cual el Estado pretende evadir su responsabilidad, desplazando la culpa del sistema hacia los propios trabajadores.
Se estima que, en el sector agroindustrial, apenas el 1 % de las unidades de producción de mayor tamaño controla alrededor del 40 % de la superficie agrícola productiva, en contraste con los pequeños productores que tienen entre dos y cinco hectáreas.
En el sector extractivo, cerca del 25 % del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras canadienses y mexicanas. Asimismo, en materia hídrica, el 7 % de los concesionarios de agua en México, correspondiente a grandes empresas, controla el 70 % del volumen del vital líquido.
De este modo, para que el capitalismo industrial nazca y crezca, necesita capital en pocas manos y una masa de trabajadores que no tengan nada más que su fuerza de trabajo.
Mediante la violencia y las leyes de cercamiento, el trabajador fue separado de sus medios de subsistencia; el campesino no tuvo otra opción que migrar a la ciudad para vender su fuerza de trabajo a los dueños de las fábricas.
Así lo respaldan los datos del Inegi en México: mientras que en 1950 el 57 % de la población vivía en áreas rurales, para 2020 esa proporción disminuyó estrepitosamente, ya que tan sólo el 21 % de mexicanos reside en dichas zonas.
Se sigue profundizando la brecha entre lo urbano y lo rural, donde la mecanización del campo genera una población excedente en las metrópolis que alimenta los cinturones de miseria. Así se va generando una acumulación de riqueza que crece sin cesar para unos pocos, mientras la clase trabajadora permanece en pobreza a pesar de su trabajo diario, ya que no tiene nada que vender más que a sí misma.
El capital se concentra en los centros urbanos industriales, relegando al campo a ser un proveedor de materias primas y mano de obra barata. Para poder impulsar todo el engranaje del capital industrial, el sistema necesita de una gran cantidad de personas buscando trabajo, una sobredemanda de empleo en las grandes urbes; este excedente permite al patrón imponer condiciones precarias y salarios de miseria.
Las condiciones precarias van más allá de la fábrica; trascienden a la calidad de vida de los trabajadores debido a la falta de vivienda social, en donde la falta de oportunidades para acceder a un espacio donde vivir empuja a los llegados del campo a la ciudad a ir formando los asentamientos “irregulares”, ya que el trabajador busca resolver los problemas de techo, aunque sea a costa de su comodidad.
A los asentamientos “irregulares” se les suele percibir como un problema de ilegalidad por quienes los ocasionan, ya que la generación de este término no es obra del trabajador, sino de las autoridades que planifican el desarrollo de las ciudades con un sólo enfoque: garantizar la obtención de la máxima ganancia, pese a todo.
En dicha planificación se busca crear una ciudad para las élites; si no lo cree, juzgue su entorno, que impone un conjunto de requisitos normativos que se vuelven una barrera institucional para la provisión de vivienda digna para los sectores populares.
Los asentamientos “irregulares” no son una negligencia individual o colectiva, son una manifestación que evidencia la exclusión económica de la clase trabajadora. No solamente la despojan de su tierra, junto con los salarios insuficientes para reproducir la vida que les brinda, sino que se les culpa por sobrevivir a la ley de la jungla que ellos mismos promueven.
Las ciudades, diseñadas como centros de acumulación, no tienen espacio para quienes la construyen y la mantienen, es decir, para la clase trabajadora. El mercado inmobiliario eleva los costos del suelo al punto de hacer la vivienda inalcanzable; en México, el precio promedio es de 1.86 millones de pesos, mientras que en Jalisco es de 1.95 millones.
Ante estas condiciones, la clase trabajadora se ve forzada a desplazarse a las periferias en busca de refugio, ocupando a menudo terrenos sin servicios. No habitan ahí por voluntad propia, sino que allá los orilla su poca capacidad adquisitiva generada por malos salarios.
En última instancia, el escaso empleo bien remunerado junto con la nula política de vivienda social para todos, que ni el patrón ni el Estado garantizan, son los culpables del origen de estos asentamientos, que después son satanizados por los gobiernos en turno; condenan algo que ellos mismos generan, vaya cinismo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el 25 % de los mexicanos vive en asentamientos irregulares. Esta realidad se replica en Jalisco, particularmente en su área metropolitana; según el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), se estima que el 24 % de sus habitantes (un millón 248 mil 642 personas) reside en asentamientos “irregulares”.
Muchos de estos asentamientos se formaron en la década de 1980; más de 40 años con esta categoría, a pesar de los anuncios publicitarios de avance de “regularización”.
La connotación de “irregular” para estos asentamientos, originados por la propia dinámica del capital que busca mano de obra barata, no es una simple descripción técnica. Es, más bien, un mecanismo mediante el cual el Estado pretende evadir su responsabilidad, desplazando la culpa del sistema hacia los propios trabajadores, quienes terminan siendo las víctimas de un desarrollo urbano injusto.
La explotación no se limita a la jornada laboral en la fábrica; se traslada a la vida cotidiana de miles de personas, quienes viven sin los servicios públicos básicos (agua, luz y drenaje) indispensables para garantizar una vida digna.
Como dice la sabiduría popular mexicana: “Pobre del pobre que al cielo no va: lo chingan aquí y lo chingan allá”. Le niegan un salario justo de acuerdo con lo que produce y le niegan el derecho a la ciudad en su tiempo de descanso.
La organización actual del espacio urbano no es un castigo divino ante el cual no se pueda hacer nada; es el resultado de decisiones políticas. Revertir la injusta distribución del espacio en las grandes urbes requiere poner en primer lugar la construcción de ciudades más justas e integradas, espacios para todos y, en particular, para la clase trabajadora, que ha sido la más olvidada por muchos años.
Se necesita transformar las condiciones materiales de los sectores más vulnerables, no a través de subsidios al consumo, sino de verdaderas transformaciones, las cuales deben incluir en primer lugar la dotación de los servicios públicos básicos para poder vivir adecuadamente.
A eso debieran enfocar energías los gobiernos en turno, sean del nivel y color que sean, a lo verdaderamente necesario y urgente. Más de un millón de jaliscienses lo piden a gritos.
El pasado 27 de febrero del año en curso, los legisladores jaliscienses aprobaron reformas al Código Urbano del Estado de Jalisco para obligar a los desarrolladores inmobiliarios a proporcionar los servicios básicos a los nuevos fraccionamientos. De no hacerlo, no se les darán las autorizaciones de habitabilidad.
Hay que ocuparnos del futuro, muy bien, ¿y el presente? La preocupación se limita a los fraccionamientos, ¿qué hay de quienes viven o buscan fuera de esa posibilidad? Nada para ellos, no urgen por el momento.
Viven en los futuros desarrollos inmobiliarios de fraccionamientos, ¿y los que padecen en los asentamientos “irregulares” en el presente? ¿Para ellos cuándo? ¿No sería urgente legislar para más de un millón de jaliscienses que viven en condiciones precarias?
Se debería legislar para que ningún jalisciense padezca, en pleno siglo XXI, de servicios públicos de primera necesidad. Desde el púlpito del Congreso del Estado se debiera legislar para los sectores más vulnerables y no seguirlo postergando para las calendas griegas.
La verdadera urgencia no es que los cotos funcionen bien, sino que tener un lote legal y digno deje de ser un privilegio de pocos. Como decía Bertolt Brecht, poeta alemán: “Qué tiempos serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio”. La necesidad del 24 % de la población del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es más que obvia.
Al final, seguimos padeciendo de los mismos problemas de antaño: no se legisla ni se garantiza lo elemental para la clase trabajadora, sino sólo para unos cuantos, quienes acapararon no sólo las tierras del campo, sino también la riqueza generada en los centros urbanos.
La clase trabajadora sólo cuenta con su número y su organización para exigir que las condiciones materiales en las que vive —impuestas por quienes los condenan— sean modificadas de una vez por todas.
Esa lucha debe ser dada por quien padece en carne propia todas las injusticias, no hay más; al final de cuentas, la vida de los trabajadores es una vida de lucha y esfuerzo. Las cosas podrán cambiar siempre y cuando los trabajadores se organicen como un solo hombre y un sólo ideal para caminar por la misma senda de una transformación real que necesita nuestro país. Ni más ni menos.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario