Hace poco se celebró el día de la libertad de expresión, derecho humano universal que forma parte de las libertades que los ciudadanos deberían gozar sin taxativas, salvo los límites que la propia ley impone, en los países que se ufanan de ser democráticos; a propósito de dicha celebración hay quienes ponen énfasis no sólo en el carácter que tiene la libertad de expresión como derecho humano universal sino también en la ética que debe prevalecer entre quienes ejercen este derecho, para no abusar de su uso perjudicando a los demás. Por eso es que en esta celebración participan los periodistas, columnistas, cronistas, comunicadores en general que ejercen dicho derecho pero que también comparten una determinada ética profesional, un determinado código ético y normas generales, aprobadas por todos, para ejercer el periodismo en todos sus géneros. Algunos de los componentes de dicho código que debería profesar todo periodista, me interesan resaltar, a propósito del tema en comento y que son del dominio público, son la objetividad, la honestidad, la responsabilidad, el respeto hacia los demás. El verdadero periodista profesional debería rechazar de principio toda mentira, toda calumnia, toda falta a la verdad.
Sin embargo, un jefe editorial, escritor de una columna periodística, deja en el desván de los trastos viejos dichos preceptos y se lanza a calumniar, un día sí y otro también, a una organización popular integrada por decenas de miles de ciudadanos trabajadores, que por cierto nada le han hecho, transgrediendo la ética del periodismo. Veamos:
Basándose en una declaración del diputado Manuel Barrera Guillén en la que se informa que presentará una iniciativa con proyecto de acuerdo administrativo para crear una comisión especial que investigue la adquisición del terreno por parte del Gobierno del estado que ocupa la colonia Margarita Morán, de nueva cuenta, tanto en Pulso como en San Luis Hoy, evidentemente bajo la dirección de Armando Acosta (que dedica toda su "columna" al tema), se vuelve a calumniar a los habitantes de la colonia Margarita Morán y a la organización de Antorcha, asegurando que los terrenos que hoy ocupa la mencionada colonia fueron invadidos por los antorchistas y que, en consecuencia, la adquisición de dicho predio por el Gobierno del estado es un "regalito" a esta organización popular.
Al dar cuenta sobre la carta de renuncia de Germán González Marti, como subsecretario jurídico de la Secretaría General de Gobierno, insiste en que se trató de un favor del Gobierno a Antorcha para legitimar un acto ilegal: una invasión de un predio.
Debido a que es evidente que el seudoperiodista Acosta, mercenario profesional de la pluma, pretende insistir en la creación artificial de un clima adverso para presionar al Gobierno del estado y que de marcha atrás en la regularización de la colonia en cuestión (lo cual daría certidumbre jurídica a más de 400 familias precaristas), es necesario plantear lo siguiente:
El terreno de la Margarita Morán no fue invadido; los colonos antorchistas compraron de buena fe, porque se le pagó al que en ese momento era dueño del terreno. Se llevó a cabo un contrato de compra-venta ante notario público; él mismo dueño entregó el terreno a los colonos, dio posesión del mismo a éstos, en forma totalmente pacífica y se dio parte a las autoridades correspondientes para iniciar los trámites de escrituración.
Sin que los títulos del dueño original fueran anulados, cuando ya los vecinos habían construido sus viviendas, se les notificó a los colonos de un procedimiento de remate y de la adjudicación de los terrenos a una empresa por un juez de Guanajuato y, a partir de ese momento, empezaron los intentos de desalojo y la defensa de su patrimonio. Y fue así que hubo varias amenazas de desalojo, mismas que se conjuraron debido a que los colonos en forma organizada lo impidieron no sin sufrir agresiones de las fuerzas policiacas. Esta zozobra e incertidumbre jurídica duró muchos años.
Y durante muchos años, mediante una larga y difícil lucha y siempre bajo la amenaza de un desalojo violento, los colonos solicitaron del Gobierno del estado actual y de los anteriores su intervención, para que cesarán los amagos de desalojo y se buscara la certidumbre jurídica de más de 400 familias precaristas que, insistimos, no invadieron el terreno sino que lo compraron de buena fe; el Gobierno del estado actual intervino y se comprometió a dar la certidumbre legal a los colonos de la Margarita Morán.
Esa es la verdad, no hay tal invasión de terrenos ni "regalito" a Antorcha como calumniosa e insidiosamente se insiste por Armando Acosta, lo cual lo ubica no como un periodista profesional sino como un profesional de campañas mediáticas calumniosas organizadas desde el poder.
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