Es del conocimiento público que por décadas, los políticos y sus partidos siempre que se presentan los tiempos electorales, los tiempos de más actividad política, ya sea a nivel nacional, estatal o municipal, ven la oportunidad de hacer uso indebido de los apoyos sociales que por ley están destinados a la población, para hacer campaña política y ganarse la aprobación de los votantes que simplemente se dejan llevar por el engaño ruin del que son presas fáciles, por no saber a ciencia cierta de dónde salen dichos apoyos.

Apoyos tan simples como despensas que se entregan en las colonias populares y comunidades; frutas y verduras de segunda y hasta tercera calidad; hasta becas y apoyos monetarios que son entregados a través de tarjetas. Todo esto a cambio del voto popular durante las campañas políticas, mismas que se convierten en una batalla de lobos hambrientos de poder, dando por resultado un sistema de gobierno que no ve por la demanda de la población, dejando en segundo término las exigencias de esta.

Ahora bien, sabiendo todo esto, se dice que el Instituto Nacional Electoral (INE), en el año 2017 emitió una serie de lineamientos que "prohíbe” que, tanto partidos como políticos y funcionarios públicos, hagan uso y abuso de los programas sociales, condicionando dichos apoyos para obtener un beneficio personal de cara a un proceso electoral. Dentro de los lineamientos emitidos por el INE se pueden leer los siguientes:

1) "Entregar, prometer, condicionar o retener la credencial para votar a cambio de la entrega de dinero, recursos en especie, obras, servicios o programas públicos a la promesa o demostración del voto a favor o en contra de algún candidato. 2) Usar recursos públicos para difundir propaganda. 3) Desde el inicio de las precampañas, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad. Y 4) Se considerará violatorio, por ser propaganda ilícita, la entrega de tarjetas u otro tipo de instrumentos que impliquen el ofrecimiento de un beneficio o la incorporación a un programa en un futuro, condicionado a un determinado resultado electoral”.

Conociendo éstos datos, podemos darnos cuenta cómo los políticos y sus partidos hacen caso omiso a los lineamientos que el propio INE emitió para evitar que se haga un manejo electoral de los apoyos. Veamos de qué manera es que sucede esto. En las elecciones del 2018, el presidente, en ese entonces candidato a la presidencia de México, durante su campaña política hizo muchas promesas a la población ofreciendo miles de apoyos, para los distintos sectores de la población. Desde estudiantes, a los cuales ofreció becas a través de tarjetas, hasta personas de la tercera edad, a los cuales les ofreció un apoyo monetario superior al que recibían cada mes; esto provocó cierta simpatía entra la población que creyó todo tipo de promesas.

Y justamente cuando se creía que el presidente ya no se podía dedicar a hacer proselitismo con los apoyos sociales, resulta que durante su administración se ha dedicado, en todo momento, a darle difusión a los famosos programas de asistencia social, de los cuales se concluye que la campaña política del presidente y su partido nunca terminó, sino que por el contrario, fue abundando, a pesar de que dichos programas no han resultado ser lo que el presidente prometió estando en campaña. Y ahora dicha campaña se presenta con el manejo indebido de las vacunas covid-19, ya que el presidente y su partido planean hacer uso electoral con la vacuna de cara a las elecciones que se avecinan.

Esto se puede entender así, debido a la decisión del presidente de aplicar vacunas, por encima del personal de salud, a los "servidores de la nación&rdquo, que no son más que la estructura política que ha destinado, desde un principio el presidente, para repartir los apoyos sociales de manera selectiva. Esta actitud demuestra que en el caso de las vacunas este mismo procedimiento se aplicará dentro del proceso electoral 2021.

Por otra parte, no podemos dejar a un lado el hecho de que el proceso de registro para solicitar la vacuna, también resulta ser un manejo descarado de un apoyo que, además de ser comprado con los impuestos de todos los mexicanos, resultan ser una miseria conforme el número de habitantes en todo el país, pues, según datos públicos, en el país se han aplicado un total de 726 mil dosis, en comparación con el número total de habitantes en el país que suman la cantidad de 126 millones, resulta ser, que un 0.5% de la población ha sido vacunada contra la covid-19.

En el estado de Colima, los datos son muy trágicos en cuanto al número de vacunas aplicadas. Según datos de la Secretaría de Salud estatal, alrededor de 4 mil 875 vacunas covid han sido aplicadas al sector salud, un 0.6%, tomando en cuenta que el total de habitantes en el estado es de 731 mil 391. En todo caso, lo que busca el Gobierno federal es manipular la aplicación de la vacuna, favoreciendo a los allegados a su partido, como los "servidores de la nación&rdquo, para colgarse de este apoyo fundamental para la salud de todos los mexicanos.

Hasta aquí el uso perverso de apoyos sociales, como la vacuna, del que el gobierno federal está haciendo uso. De este mismo modo, los políticos estarán visitando las colonias y comunidades ofreciendo vacunas para llevar al pueblo a votar por su partido, muchos se pararán el cuello diciendo haber contribuido en contra de la pandemia. Sin embargo, de esto tenemos que entender que las vacunas covid nos pertenecen a todos, recordemos que el uso faccioso y electoral de los programas sociales son un delito que debe ser castigado, y que la población mexicana debe estar dispuesta a exigir vacunas para toda la población sin distinción de partido. Porque la salud es un derecho humano, evitemos que en las próximas elecciones se haga mal uso de las vacunas, como apoyo social que todos requerimos.