El Senado mexicano aprobó una serie de reformas a leyes secundarias en materia electoral, específicamente 493 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y otros tantos de otras leyes, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez, Al conjunto de esas reformas se le conoce ahora como “Plan B”, y con ello se vino una lluvia de controversias constitucionales interpuestas por partidos de oposición y organismos electorales, entre ellos el propio Instituto Nacional Electora (INE), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar la suspensión de dichas reformas.
Y, ahora el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena pretenden violar nuestra Constitución, están decididos a conservar y prolongarse en el poder político a costa de los que sea, así sea destruyendo al órgano electoral federal que ha garantizado una vida democrática desde su fundación, en 1990.
Es necesario que todos los mexicanos estemos conscientes de que no se trata, con estas reformas electorales del partido en el poder, de mejorar la vida democrática del país que tanto trabajo ha costado construir a lo largo de muchos años, sino de una regresión que pretende no solo desmantelar al INE sino de sustituirlo por un órgano electoral y una legislación a modo de Morena para que éste se pueda mantener indefinidamente en el poder como una dictadura.
Hagamos un poco de historia, y recordemos que López Obrador, molesto e iracundo, al no poder sacar a delante su reforma electoral de abril de 2022 –tras no alcanzar Morena y sus aliados dos tercios de votos en el Congreso para aprobarla–, se pretendía modificar 18 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para sustituir al INE por el Instituto de Elecciones y Consultas (INEC), impulsó reformas en leyes electorales secundarias que sólo requieren una mayoría simple, mejor conocido como “Plan B”.
Recordemos, también, que previo a la discusión en el Congreso tanto de la iniciativa de abril de 2022 como la del “Plan B”, se realizaron importantes movilizaciones de cientos de miles de ciudadanos bajo la consigna de “El INE no se toca”, para repudiar las reformas que lesionan al INE y a la legislación en que se sustenta.
Se han venido innumerables controversias constitucionales contra el “Plan B”, entre ellas la presentada por el INE: “El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de Controversia Constitucional en contra del decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, Ley General de Partidos Políticos, La Ley Orgánica del Poder Judicial del Poder de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo del 2023”.
¿Y que defiende el INE?
Esto nos lo informa su comunicado: “Mediante la Controversia Constitucional el Instituto defiende no sólo su autonomía sino el Estado democrático establecido en la Norma Suprema (la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales” (página del Órgano Electoral). Precisemos que esta controversia Constitucional es la segunda que presenta el INE ante la SCJN, la anterior fue presentada el 1 de febrero del presente año. (Buzos de la Noticia, No. 1070, página 6, 27 de febrero de 2023)
¿Tiene razón el INE en estas dos controversias presentadas ante SCJN?
A esto responde José Luis Espinosa Piña, académico en materia de derecho: El “‘Pan B’ es claramente inconstitucional, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene argumentos legales suficientes para echarlo abajo” (Buzos de la Noticia, No. 1070, página 6, 27 de febrero de 2023).
Morena nos muestra lo sucio que es el partido en el poder porque el “Plan B” establece que a nadie se le puede retirar la candidatura salvo que esté sujeto a un proceso penal. Recordemos, y no se nos olvide, que al morenista Félix Salgado Macedonio, en 2018, se le retiró la candidatura al gobierno de Guerrero por no entregar sus informes de precampaña como lo marca la ley. Además de que enfrentaba acusaciones por violación.
Es decir, que Morena no quiere que a sus candidatos, así sean los peores delincuentes como el caso señalado, no se les toque, y se les permita acceder al poder a costa de lo que sea. Pisotear las leyes es la forma en que Morena pretende mantenerse en el poder. Esa es la lección.
Por todo lo anterior, los mexicanos conscientes de nuestros derechos constitucionales, debemos solicitarle a la SCJN que eche abajo por inconstitucionales las reformas planteadas que ha llamado “Plan B”. Debemos defender la democracia que tantos años nos ha constado construir, y lo más importante, debemos impedir que AMLO y su partido se mantengan por la instauración de una dictadura como lo está haciendo.
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