La tarde del 27 de abril, fue asesinado de forma injustificada por un elemento de la Guardia Nacional, el joven estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael Ignacio Rangel, quien recibió un impacto de bala en la cabeza que le provocó muerte instantánea; en el tiroteo también resultó lesionada de gravedad, con una herida en su hombro derecho, su compañera Edith Alejandra Carrillo Franco. La agresión ocurrió cuando los estudiantes circulaban por un camino de terracería de la comunidad de el Copal, en el municipio de Irapuato.
El asesinato de Ángel Yael provocó diversas movilizaciones tanto en Irapuato como en Guanajuato capital, por parte de estudiantes universitarios, para exigir justicia y seguridad, ya que, en el estado, si no te mata la delincuencia y el crimen organizado te mata la Guardia Nacional (GN).
Las acusaciones contra la GN, por presuntos asesinatos y violaciones a los derechos humanos que transcurren sin castigo, comenzaron desde antes y, en realidad, son el sello de la corporación.
La GN ha acumulado en sus 36 meses de existencia, un total de 11 expedientes por homicidio, 7 mil 992 quejas por violaciones a derechos humanos, según los informes anuales de la corporación y los reportes del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos. El propio comandante en jefe de la GN, Luis Rodríguez Bucio, ha incurrido en serias violaciones a la ley, como poner al servicio de eventos de Morena los aviones de la corporación y acudir él mismo a los eventos proselitistas del partido en el poder.
En un comunicado de prensa, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, lamentó que el Juez Federal de Control dictara auto de no vinculación a proceso al elemento de la GN que disparó contra los estudiantes; es decir, que ahora ya está en libertad, por lo que exigió a las autoridades que realicen una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa, acorde a la gravedad del ataque perpetrado en contra de integrantes de la comunidad estudiantil y se castigue a los responsables. Demanda que, sin duda, todos los guanajuatenses respaldamos y la hacemos nuestra.
Ahí mismo, en Irapuato, al menos 30 mujeres fueron detenidas como resultado de la manifestación feminista que se registró el pasado 1 de mayo. Lo que empezó como una manifestación pacífica con la participación de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas terminó con un enfrentamiento con la policía municipal, casi al final de un mitin, que dio como resultado la detención de varias manifestantes. Y aunque las mujeres ya quedaron en libertad, no se debe pasar por alto que las manifestaciones feministas son un fenómeno social que demuestran el grado de violencia y la incapacidad del Estado para prevenir y resolver la violencia de género, por lo que las corporaciones policiales tienen que estar entrenadas y entendidas de que el uso desproporcionado de la fuerza es también un delito.
El Gobierno estatal y los Gobiernos municipales no deben de actuar como lo hace AMLO quien solo ha mostrado menosprecio, insultos y represión a este movimiento y otros, como el de los padres de niños con cáncer, ambientalistas y trabajadores de la salud, que lo único que buscan es que se atiendan sus demandas más sentidas y su derecho a la vida.
Finalmente, y no por ello menos importante, de nueva cuenta cientos de guanajuatenses de la capital del estado, se han visto obligados a volver a salir a las calles para demandar que su alcalde, Mario Alejandro Navarro Saldaña, se digne a atenderlos y a cumplir sus compromisos hechos con anterioridad, los cuales, según su propio dicho, gozaron de su simpatía y aprobación.
De las demandas planteadas al edil destacan la pavimentación del camino que comunica a Las Cuevas con las comunidades de Molineros, Los Santiaguillos, La Haciendita y El Limón; la construcción de dos aulas para la escuela primaria Benito Juárez, de la comunidad El Zangarro; elaboración del proyecto ejecutivo de la segunda etapa del camino El Zangarro; las obras de rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable de las comunidades El Coyote y El Sauz; la pavimentación de dos calles en la comunidad El Tejaban y la regularización del asentamiento conocido como Cerro de la Venada, que desde hace años sufre todo tipo de atropellos y abusos por parte de un tal Champiñón, quien presume de impunidad y protección de parte de las autoridades municipales.
Por lo que el llamado además de las autoridades involucradas de manera directa en los tres problemas arriba enlistados, también es para el señor gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en el entendido que él, como máxima autoridad en el estado, es y debe ser el más interesado en que se aplique con justicia la ley, se garantice la vida de todas las mujeres guanajuatenses y se atiendan las necesidades más apremiantes de quienes al día de hoy no cuentan con los servicios básicos en sus hogares.
Es el momento que demuestren, con hechos claros y concretos, que su partido Acción Nacional sabe gobernar con humanismo y con honradez. Mientras, yo, a mis compañeros y en general a todos los guanajuatenses humildes, les reitero que solo el pueblo organizado, educado y en pie de lucha es capaz de hacer valer sus derechos, esta es la tarea del momento.
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