La desigualdad social no sólo se mide en la riqueza o pobreza económica de las familias. Hay otros factores que son determinantes para la calidad de vida de las personas, como el acceso a los servicios básicos, especialmente al agua limpia.
En México, de acuerdo con las Estadísticas del Agua 2019, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señala que sólo el 58 por ciento de la población tiene garantizado el contar con agua diariamente. Mientras que 10 a 14 millones de personas no tienen acceso, no lo reciben de manera continua y desconocen su calidad.
La relación de la pobreza extrema y la falta de acceso al agua, es uno de los principales indicadores para medir la desigualdad de millones de mexicanos, principalmente de niños, niñas y mujeres, que son quienes más padecen la falta de acceso al agua, tanto por no tenerla o por ser los responsables de acarrearla a sus hogares. El crecimiento de las zonas urbanas ha significado también la detonación de asentamientos humanos irregulares que no tienen garantizados los servicios básicos de calidad para las familias que residen en esas zonas. De acuerdo con la ONU, en estos asentamientos urbanos irregulares se paga de 10 a 20 veces más por el agua que las personas que viven en barrios más ricos, por un servicio de igual o menor calidad prestado por vendedores o camiones cisterna.
En cuanto a la calidad de este servicio, de acuerdo con el informe de la UNICEF, “Desigualdad en materia de saneamiento y agua potable en América Latina y el Caribe”, en México, aproximadamente el acceso al agua potable de 1 de cada 5 mexicanos depende de fuentes no mejoradas de este líquido, es decir que no se encuentran protegidas de la contaminación exterior, especialmente de materia fecal.
Además, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2021 indica que el solo el 24.4 por ciento de los mexicanos considera que el agua potable “es bebible sin temor a enfermarse”. Lo que nos informa la ENCIG remite a una realidad en la que el agua no cumple con el requisitos de ser salubre, y para la mayoría de la población de las ciudades, se corre el riesgo de contraer enfermedades si se bebe directamente.
Sobre el uso de este recurso natural para los diferentes sectores sociales y productivos: el 76 por ciento lo consume el sector agrícola; el 14.4 por ciento, el abastecimiento público urbano conectado a la red; el 4.7 por ciento, energías eléctricas (excluyendo hidroelectricidad) y sólo el 4.9 por ciento la industria autoabastecida. La mayoría del agua de México es consumida por las grandes empresas agrícolas contrastando enormemente con el porcentaje dedicado a abastecer agua a los hogares mexicanos. Sobre otros sectores de la industria que consumen grandes cantidades de agua están las empresas refresqueras como Coca Cola y Pepsi que extraen anualmente 55 mil y 32 mil millones de litros de agua, según cifras de la Conagua, sin embargo existen dudas sobre si esta Comisión ejerce sus facultades de supervisión.
En este contexto, en México desde 1992, con la Ley de Aguas Nacionales, se estableció un sistema único de concesiones, sujeto a dinámicas de compraventa, y fue el primer paso hacia la mercantilización del agua. De 2 mil concesiones para el uso del agua que había en 1992, Conagua ha otorgado 514 mil concesiones, se han “sobre concesionado 108 cuencas y 115 acuíferos, prioritariamente a las grandes empresas”.
Otro factor importante en la falta de acceso al agua potable de calidad es la reducción de los presupuestos del sector, merced a la política de austeridad de la actual administración morenista, que disminuye continuamente los recursos públicos destinados a este rubro, a la par de la disponibilidad de agua.
De acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el presupuesto federal para los rubros de abastecimiento y administración del agua, así como los relacionados con aguas residuales, drenaje y alcantarillado, pasaron de un presupuesto aprobado en 2012 de 50 mil 765.3 mdp a 25 mil 859.6 mdp en 2022, lo que significó una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de -6.5 por ciento, en términos reales. Garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios básicos exige no solo un incremento de los recursos, es necesario analizar qué clase de servicios son prioritarios y reconsiderar la manera como se elaboran los presupuestos, estableciendo la prioridad de los grupos marginados de la población y elaboración de proyectos de infraestructura a gran escala que garanticen agua potable para las regiones con más difícil acceso.
La realidad política, económica, institucional y social de nuestro país presenta grandes problemas que se reflejan de manera muy específica en la capacidad del Estado de dotar servicios de agua potable y saneamiento a la población con la calidad y continuidad adecuada, así como de proteger los recursos naturales, incluyendo de manera fundamental el agua.
Garantizar que esto ocurra es responsabilidad del Estado, iniciando por el Gobierno federal morenista. Sin embargo, actualmente dominan sobre la política mexicana los grandes intereses del sector empresarial. Solo una economía que ponga a la sociedad en el centro de su interés, preocupada por sus necesidades y sobrevivencia, garantizará el acceso al agua potable y en general a una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. Esto exige un gobierno auténticamente popular, con firme apoyo social, que le dé la fuerza necesaria para enfrentarse a los intereses de las grandes esferas del poder económico.
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