En menos de un año, el estado de Guerrero ha enfrentado la furia de dos huracanes devastadores: “Otis” en octubre de 2023 y “John” en septiembre de 2024.
Estos fenómenos naturales han dejado una estela de destrucción que pone de manifiesto no sólo la vulnerabilidad de la región, sino también la incompetencia y negligencia de un Gobierno federal que parece haber olvidado a sus ciudadanos más necesitados.
El gobierno federal reporta 236 mil 636 afectados en Guerrero tras el paso de “John”. Sin embargo, estos números fríos no reflejan la realidad de las familias que lo han perdido todo.
“Otis”, con sus vientos de hasta 270 km/h, se convirtió en el ciclón tropical más potente que ha azotado las costas del Pacífico mexicano. Por su parte, “John”, aunque menos intenso (195 km/h), compensó con una duración extendida que mantuvo a la población en vilo durante cinco angustiosos días.
Las cifras son escalofriantes: “Otis” dejó pérdidas por 16 mil millones de dólares y “John” por 50 mil millones de pesos (datos del portal El Economista).
Pero más allá de lo material, ¿cómo cuantificamos la pérdida de vidas humanas? Oficialmente, se habla de 51 fallecidos por “Otis” (aunque estimaciones no oficiales superan los 300) y más de 20 por “John”… ¿Cuántas tragedias más necesitamos para que el Gobierno actúe con la urgencia que la situación demanda?
El Gobierno federal reporta 236 mil 636 afectados en Guerrero tras el paso de “John”. Sin embargo, estos números fríos no reflejan la realidad de las familias que lo han perdido todo.
Mientras el presidente López Obrador se jacta de una supuesta “atención inmediata”, la realidad en el terreno es otra: ayuda insuficiente, lentitud burocrática y un apoyo que, en muchos casos, brilla por su ausencia.
¿Y qué decir de la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden)? Esta decisión miope del actual Gobierno ha dejado a estados como Guerrero sin un mecanismo eficiente para responder a catástrofes naturales.
Antes de su desaparición, el Fonden contaba con un presupuesto anual de aproximadamente 6 mil millones de pesos. Hoy, esos recursos —que podrían estar salvando vidas y reconstruyendo comunidades— se han esfumado en nombre de una austeridad mal entendida.
La situación en la Costa Chica y Costa Grande de Guerrero es particularmente alarmante. Municipios como Técpan de Galeana, Marquelia, Cruz Grande, Atoyac de Álvarez, entre otros, han sido prácticamente olvidados por las autoridades federales. ¿Acaso estas comunidades no merecen la misma atención que las zonas turísticas de Acapulco?
Es hora de que el Gobierno federal asuma su responsabilidad y actúe con la urgencia que la situación demanda. No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad de los ciudadanos y organizaciones civiles para hacer frente a desastres de esta magnitud.
Se necesita una estrategia integral de prevención, respuesta y reconstrucción que vaya más allá de los discursos mañaneros y las promesas vacías.
Guerrero, y México en general, merecen un Gobierno que esté a la altura de los desafíos que enfrentamos. La naturaleza seguirá poniendo a prueba nuestra resiliencia; es momento de que nuestros líderes demuestren que están a la altura de las circunstancias.
De lo contrario, me temo que seguiremos contando pérdidas, no solo materiales, sino humanas… Y eso, en pleno siglo XXI, es simplemente inaceptable.
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