“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie” profesaba el entonces aún reciente presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana del 16 de abril de 2019 en una de sus ya clásicas conferencias matutinas, sin embargo, esta no era la primera vez -ni la última- que lo diría, ya que esta frase se convirtió en una de sus principales consignas “o amenazas” con la que acusó a trabajadores, organizaciones, funcionarios y hasta activistas de los derechos humanos; prometiendo, de paso, que la justicia, la democracia, la división de poderes y demás se respetaría a diferencia de los temibles “gobiernos anteriores”. Hoy, a unos días de haber presentado el informe que marca la mitad del mandato morenista, podemos decir con argumentos de sobra, que esta regla se aplica para todos… menos al presidente y a los suyos. Al punto de que varios analistas advierten de un peligroso alejamiento del régimen democrático.
Pero… ¿Qué es el “régimen democrático”? aunque hay diversas acepciones de este término, nos guiaremos por los términos aceptados por el sistema imperante que resume el político y académico mexicano José Woldenberg (también ex consejero del INE) en su trabajo Principios y valores de la democracia, donde dice que “es la forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno –lo que hay que gobernar– sino también el sujeto que gobierna (…) el principio constitutivo de la democracia es el de la soberanía popular el de que el único soberano legítimo es el pueblo”. Para garantizar dicha soberanía, según Woldenberg, la sociedad creó con el tiempo la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que se encuentran jurídicamente limitadas en sus competencias y atribuciones, para que ninguno de las tres tienda a la extralimitación o al abuso del poder.
¿Qué ha pasado con los tres poderes en esta mitad de sexenio?, empecemos con el Poder Legislativo, representado en nuestro país por la Cámara de Diputados y Senadores, ambas controladas por el partido de AMLO. Según Sergio A. Bárcena, columnista de Expansión política “Hasta el 30 de agosto de 2021 (fin de la 64 Legislatura), López Obrador había presentado a las cámaras un total de 36 iniciativas de reforma, de las cuales le han aprobado 31 (86%)” solamente cuatro proyectos no han sido aprobados, un nivel de aceptación mayor que cualquier otro presidente en 20 años; sirva esto como introducción de la actitud sumisa y servil con que se han conducido. Tanto la saliente legislatura como la entrante se han caracterizado por la nula discusión de las iniciativas, como la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley Orgánica del Poder Judicial (que ampliaremos más adelante). Las declaraciones también han sido bastante llamativas, como cuando el antiguo líder de la mayoría de Morena en la cámara baja, Mario Delgado “somos la bancada del presidente”. En ningún momento dijo que eran la bancada de los intereses del pueblo o de los pobres de México; con esto, Delgado declaró abiertamente que su único propósito era aprobar a toda costa las iniciativas del presidente.
El papel del poder judicial no varía mucho al de los legisladores. Empezando por su máximo organismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirigida por el ministro Arturo Zaldívar, al cual se le buscada regalar una ampliación de su mandato como presidente de la misma, que causó bastante revuelo a principios de año, ya que la propuesta era fuertemente impulsada desde la presidencia. La propuesta, para muchos también representaba un llamado al sometimiento a los demás miembros de la corte “Y ante las críticas de inconstitucionalidad que supone esa medida, López Obrador ha contraatacado con una amenaza. Si los jueces de la Corte no apoyan a Zaldívar van a demostrar complicidad con la corrupción, ha venido a decir el mandatario en su conferencia de prensa matutina” (elpais.com 26 de abril de 2021). Por si esto no fuera poco, en los últimos meses López Obrador ha presionado para incluir a más allegados suyos en la vacante que se abrirá este 11 de diciembre ante la vacante que dejará el ministro José Fernando Franco González Salas. Un puesto más para blindar los intereses de la 4T.
Sin embargo, el punto más importante ha sido el actuar del Ejecutivo, que se ha fortalecido mediante la intromisión constante en los demás poderes, como ya lo hemos visto anteriormente. Uno de los principales puntos en los que se ha concentrado el presidente es en su relación con las fuerzas armadas, a las cuales les ha brindado facultades y tareas fuera de sus límites, lo que podría traer serios problemas de control a largo plazo. Durante la celebración por el aniversario de la Revolución Mexicana el General Luis Cresencio Sandoval directamente se pronunció a favor del “proyecto de la Cuarta Transformación”. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, señaló que “cuando los militares se meten en política partidista, la democracia peligra” (elsoldemexico.com 22 de noviembre de 2021).
A los militares se les han dado desde tareas “policiacas”, hasta la administración de la construcción de los proyectos emblemáticos del presidente -Tren Maya, Refinería Dos Bocas, etc.-, afectando seriamente su credibilidad ante el pueblo, no obstante, esto no es todo, se prevé que de 2022 a 2024 se logre la cifra récord de más de 80 mil soldados en las calles en tareas de seguridad pública gracias a un acuerdo del presidente. En los últimos días también se ha sumado el llamado “decretazo”. “El presidente ordenó que todos los proyectos de su gobierno sean considerados de Seguridad Nacional. Con eso los hace intocables, inamovibles e inescrutables. Violentando la ley que regula aquello que puede ser considerado de Seguridad Nacional… pretende imponer sus obras con el pretexto de que son esenciales, no importando si estas no cuentan con el consenso ciudadano” (dw.com, 26 de noviembre de 2021).
Sumado a esto el control de la fiscalía general de la República, la Unidad de Investigación financiera y los intentos de hacerse con el Instituto Nacional Electoral, el papel del ejecutivo federal se hace cada vez más sombrío y poderoso. La supuesta soberanía nacional, en la cual el pueblo es su gobernante legítimo, se oculta en los intereses de López Obrador, que está lejos de sentirse el representante de los intereses del pueblo ni mucho menos cree que le deba algo a este. A “mitad del camino”, la democracia y las promesas de “por encima de la ley, nadie” son traspasadas precisamente por el que se decía defensor inquebrantable de ellas ¿Qué nos queda?, precisamente retomar estas banderas: Soberanía, que el pueblo haga valer su poder y que, ahora sí, nadie por encima de la ley, ni siquiera el presidente.
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