• Miles de familias mexiquenses siguen sin respuesta oficial a demandas entregadas desde 2024
La mayoría de los mexicanos sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la máxima ley que norma la vida de todos en nuestro país. Menos son, tal vez, los que conocen algunos artículos y todavía menos los que ejercen los mismos, es decir, los que cumplen lo estipulado en ellos.
Si nuestra autoridad no respeta la ley ni nuestros derechos y tampoco muestra disposición a resolver las demandas populares, ¿cuál es la justificación para ocupar el cargo que detenta?
El artículo octavo de la misma establece que “toda persona puede ejercer el derecho de petición ante cualquier autoridad siempre que lo haga por escrito, de manera pacífica y respetuosa”.
Y tal petición debe ser respondida por la autoridad a la que se le formula, sobre todo, cuando se trata de carencias, problemas y necesidades que afectan a muchos mexicanos.
No atender la petición ciudadana, además de contravenir el mandato constitucional por parte de la propia autoridad, constituye también un síntoma claro de incapacidad para desempeñar el cargo que le ha conferido la sociedad, tanto desde el punto de vista social como político, y, entonces, se hace necesario dejar el puesto en manos de quienes sí puedan y quieran atender y resolver las peticiones.
Los mexiquenses organizados en el Movimiento Antorchista, casi desde el inicio de la administración de la maestra Delfina Gómez Álvarez, hicimos entrega, a través del Comité Estatal de nuestra organización, de la relación de peticiones acerca de las carencias, problemas y necesidades que se viven en colonias, escuelas y pueblos donde realiza trabajo organizativo Antorcha.
Y a lo largo de estos años, se ha insistido en que nuestros dirigentes sean recibidos en audiencia, con el fin de establecer un diálogo directo con la gobernadora y tomar acuerdos tendientes a resolver dichas peticiones a la brevedad posible. Esta petición, conforme a derecho, sigue sin respuesta.
A manera de ejemplo del tipo de demandas para las que se pide atención y solución, citaremos el apoyo con fertilizante químico, que desde 2024 reportó un incremento hasta del 300 % motivado por la guerra en Ucrania, a lo que hay que agregar un 25 % más por problemas de importación.
México importa el 75 % del fertilizante que consume, por lo que, debido a ese incremento, se ubica fuera del alcance de la mayoría de los productores mexiquenses. Y el apoyo para ellos sigue sin respuesta del gobierno del estado.
En virtud de la falta de respuesta fue que realizamos una movilización por las principales calles de la capital para lograr ser escuchados y atendidos. Funcionarios del Gobierno del Estado recibieron al Comité Estatal y ofrecieron realizar reuniones con las dependencias a las que correspondían cada grupo de peticiones, estableciéndose para su realización una agenda con fechas y horas con cada titular para avanzar en la revisión y posible solución de las peticiones.
Desgraciadamente, sólo se realizaron las primeras, pues posteriormente se han suspendido todas las restantes, sin que se ofrezca alguna vía alternativa tendiente a la solución.
Amén de la falta de respeto y seriedad que exhibe el comportamiento de los funcionarios, existe una grave violación a nuestro derecho constitucional cometida precisamente por la autoridad a quien toca cumplir y hacer cumplir los mandatos legales que rigen la vida de todos los mexicanos.
Pero existe, además, algo en lo que debemos reflexionar: si nuestra autoridad no respeta la ley ni nuestros derechos y tampoco muestra disposición a resolver las demandas populares, ¿cuál es la justificación para ocupar el cargo que detenta?
Cualquiera que lo desee puede comprobar que los habitantes del Estado de México enfrentamos numerosos y graves problemas que sitúan a la entidad en los primeros lugares de inseguridad, extorsión, mala infraestructura educativa y médica, altos índices de desempleo y comercio informal, desapariciones de personas y un largo etcétera, que cuestionan directamente el desempeño de la autoridad estatal. Y ello no se puede ocultar con campañas publicitarias respecto al año de las obras.
Los antorchistas vamos a insistir en que se resuelvan nuestras peticiones y, si no hay buenos resultados en ese sentido, vamos a recurrir a la protesta social porque es nuestro derecho.
Por lo pronto, ya iniciamos una campaña denunciando la situación, buscando un cambio en la actitud del Gobierno estatal, el cual debe estar seguro de que el horno no está para bollos y la inconformidad ciudadana puede llegar a plantear la salida de quien no cumple ni con la ley ni con su función social.
De ser así, los antorchistas estaremos en la primera línea en esa lucha, porque sabemos que ningún poder es para siempre y debe ejercerlo quien no sienta menosprecio por los reclamos populares. Que conste.
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