• De acuerdo con Impunidad Cero, el índice de impunidad acumulada para homicidio doloso en Guerrero alcanza el 98.5 %
Según el estudio “Radiografía de la impunidad en México 2024”, de México Evalúa, Guerrero registra una tasa de impunidad del 96.59 % en delitos denunciados, lo que lo convierte en el tercer estado más impune del país, sólo detrás de Jalisco (97.80 %) y Morelos (97.61 %).
La impunidad del 96.59 %, las cero sentencias en homicidio doloso en 2023 y el asesinato de Conrado, Mercedes y el pequeño Vladimir son el rostro más doloroso de esta impunidad.
A nivel nacional, el 93 % de los hechos criminales no se denuncian. De los que sí se denuncian, únicamente el 10.58 % se resuelven. Esto significa que apenas el 0.77 % de todos los delitos cometidos en México reciben una respuesta efectiva del sistema de justicia.
En 2023, la Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió mil 171 carpetas de investigación por homicidio doloso. De ellas, solo 12 fueron judicializadas con detenido. Y el dato más alarmante: cero sentencias condenatorias en todo el año, es decir, una impunidad del 100 % en este delito.
De acuerdo con Impunidad Cero, el índice de impunidad acumulada para homicidio doloso en Guerrero alcanza el 98.5 % en un periodo de seis años, lo que coloca a la entidad entre los cinco estados más impunes del país en esta materia.
Además, la fiscalía local reportaba mil 143 carpetas de investigación pendientes por cada fiscal. Más de la mitad de los agentes obligados a pasar controles de confianza no lo hicieron u obtuvieron resultados “no probatorios”, y 519 integrantes de la fiscalía fueron denunciados ese año por la presunta comisión de algún delito.
La dificultad para investigar y procesar responsables se agrava por la infiltración de grupos criminales en distintos niveles de gobierno y por la intimidación hacia autoridades judiciales y policiales, lo que mantiene a la región en un ciclo vicioso de violencia y corrupción.
Nuestro caso particular es el siguiente: la tarde del 12 de abril de 2023, Conrado Hernández Domínguez, su esposa Mercedes Martínez Martínez y su hijo Tlacaélel Vladimir Hernández Martínez, un niño de casi seis años, fueron golpeados y estrangulados hasta la muerte en Ojo de Agua, sobre la carretera México-Acapulco, cerca de Chilpancingo.
Policías estatales hallaron en un barranco de unos 50 metros de profundidad un vehículo Chevrolet Corsa con los tres cuerpos en su interior. Fuentes del Semefo indicaron que las víctimas fueron asesinadas a golpes y que el automóvil no presentaba daños por caída al barranco, lo que descartó la versión inicial de un posible “accidente”.
Conrado Hernández había sido líder del Movimiento Antorchista en Chilpancingo de los Bravo durante diez años. Su esposa, Mercedes, dirigía a los antorchistas en la zona de La Montaña desde hacía años. Ambos eran integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Guerrero.
Desde muy jóvenes entendieron que en México existe una brecha profunda de desigualdad entre los inmensamente ricos y los pobres que sufren hambre y frío. A esa lucha dedicaron su vida: a dignificar a los más desposeídos de Guerrero.
Del pequeño Tlacaélel Vladimir se recuerda que era un niño travieso y alegre, al que le gustaba mucho platicar y que, desde los tres años, había comenzado a asistir con entusiasmo a la escuela. Se encontraba de vacaciones con sus padres cuando ocurrió la masacre.
A tres años del asesinato de sus compañeros, ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía General del Estado han presentado resultado alguno de sus investigaciones. La organización ha exigido a los gobiernos estatales y federales la investigación y el castigo de los responsables materiales e intelectuales del crimen.
El Movimiento Antorchista reclamó enérgicamente al gobierno de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, encarcelar a los autores materiales e intelectuales de este atroz triple homicidio contra inocentes que, como luchadores sociales, eran personas limpias, honestas, trabajadoras y defensoras de las causas más nobles y legítimas del pueblo pobre. Ha declarado en múltiples escenarios que este crimen muestra la descomposición en la que está inmerso el país, donde se persigue y asesina incluso a quienes luchan por una mejor patria, y exigió también seguridad para todos los antorchistas del estado.
La entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; la entonces fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda manifestaron en su momento solidaridad ante los crímenes.
Pero, como lo señaló el Movimiento Antorchista, para hacer justicia, además de empatía, se necesita detener a quienes ordenaron y ejecutaron las muertes, y eso no ha ocurrido.
Esta impunidad casi absoluta y la nula investigación de los crímenes dan rienda suelta a quienes cometen asesinatos. Por ello, se llama a un cambio real, radical, que sólo lo podrá empujar el pueblo unido, organizado y educado para transformar de fondo al país cuando tome el poder.
La impunidad del 96.59 %, las cero sentencias en homicidio doloso en 2023 y el asesinato de Conrado, Mercedes y el pequeño Vladimir —tres luchadores sociales cuyo único delito era organizarse para defender a los pobres— son el rostro más doloroso de esta impunidad.
La exigencia de justicia del Movimiento Antorchista no es sólo un reclamo por tres vidas. Es la exigencia de transformar de raíz las condiciones que hacen posible esta barbarie.
¡Justicia para Conrado, Mercedes y Vladimir!
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