Ignacio Mejía López, dirigente del Movimiento Antorchista en Culiacán, calificó este cuarto año de gobierno de Rubén Rocha Moya como uno con “humanismo disfrazado”, que genera malestar en vez de bienestar social, uno de puertas cerradas.
Recordó que en varias ocasiones han acudido buscando una solución para personas desplazadas por la violencia en el centro que buscan rehacer su vida y acceder a una vivienda, una vivienda que de antemano saben que no tendrá comparación con el patrimonio que abandonaron huyendo de las balas.
“Ellos plantean que hay bienestar social, que es una capital del bienestar y un estado del bienestar, y la realidad es que dejan mucho que desear. Básicamente en dos aspectos fundamentales que hemos detectado: en primerísimo lugar el tema de la vivienda… que no se resuelve y se está agudizando por la coyuntura de violencia que estamos atravesando; eso incrementa la demanda“.
Incluso recordó que, en 2023, se anunció un programa de ahorro a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE), en el cual la SEBIDES participaba haciendo el censo de las personas interesadas en adquirir su propio hogar. Aunque el programa en teoría sonaba a una opción viable que podría brindar garantías a las familias de solucionar su carencia de un patrimonio propio, hasta la fecha esta iniciativa no ha dado resultados.
“No rinde frutos por dos razones: básicamente, en primera, las reglas de operación como tal que tiene este programa, que implica que la gente tiene que ahorrar la mitad de lo que valga un lote, y hasta ese momento, según dicen los directivos de CVIVE, ellos tienen la obligación de poner la otra mitad. Pero hay gente que se viene sin nada, ¿cómo van a ahorrar algo? Aun así, se logró, a través del Movimiento Antorchista, un millón y medio para este programa de CVIVE… convencimos a la gente de que no es un recurso perdido, pero no hemos visto nada. Aunque sea del Estado, no hay garantía“.
En general, Mejía López calificó que, a cuatro años de que inició el gobierno de Rubén Rocha Moya, no se ha visto un plan que tenga como objetivo poner una solución al problema del desplazamiento forzado en Sinaloa, sobre todo en un contexto donde la violencia se ha recrudecido y ha provocado el éxodo de decenas de familias de la zona rural de la capital y la zona serrana de la entidad.
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