En pleno siglo XXI se piensa que todas las familias mexicanas cuentan con una vivienda digna, una que les permita resguardarse de cualquier fenómeno, ya sea una tormenta tropical, o una pandemia, sin embargo, en los hechos no es así. Veamos.
La vivienda es un derecho constitucional, pues así lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su artículo 4° que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Mientras que la Ley de Vivienda establece la definición (Art. 2):
“Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”.
Durante el inicio y en lo que de pandemia por covid-19, se dejó ver más la marginación en la que viven los mexicanos, con casas de palitos, maderas, láminas o incluso con paredes de sábanas. Las tormentas tropicales en el sureste del país evidenciaron la falta de vivienda, pues estaban construidas con sábanas, y por la que fueron las más afectadas, poniendo en riesgo la vida de las personas.
Según datos del 2020 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), México tiene un rezago habitacional de ocho millones 50 mil 42, mientras que Yucatán de 120 mil 394 familias viven en el rezago.
Si bien esto marca la Constitución, en los hechos esto queda rebasado, desde el primer momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador, eliminó el programa de apoyo a la vivienda, que era de gran ayuda para las familias mexicanas y que hoy, por la política de anticorrupción del mandatario federal, son privadas de este beneficio, pero sobre todo de violentar contra sus derechos constitucionales.
En Yucatán, el rezago también es evidente, a pesar de ser una entidad turística, pasados y el actual Gobierno que encabeza Mauricio Vila Dosal tienen en el olvido habitacional a cientos de yucatecos a lo largo y ancho de la entidad. Siendo Mérida, la capital, quien encabeza las duras cifras de falta de vivienda.
Mérida con 19 mil 621, Tizimín con 6,933, Valladolid con 5,985, Chemax con 4,990 y Kanasín con 3,865, son los más destacables en los datos proporcionados por la Conavi.
De estos datos podemos deducir que poco se ha hecho para abatir esta problemática y necesidad de miles de familias, pero llama la atención la capital y el municipio conurbado a ésta, que es Kanasín, siendo la primera con mayor rezago y la última que figura en los primeros cinco municipios.
Ante este evidente olvido de las autoridades gubernamentales, en días pasados, integrantes y simpatizantes del Movimiento Antorchista, se manifestaron en el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), para solicitar que los doten de un predio al otorgarles la certeza jurídica de los mismos, toda vez que poco más de 200 familias viven hacinadas con familiares, en un espacio de 4x4, crucial en estos tiempos de pandemia por covid-19.
En este mismo sentido se encuentran 300 familias del predio ubicado en el municipio de Kanasín, donde por más de seis años han vivido sin un hogar digno. Siendo ignoradas, en lo individual, por las autoridades gubernamentales, es por ello que buscaron del apoyo y respaldo del Movimiento Antorchista en la entidad, quienes, durante los últimos dos años, han luchado y avanzado en que las autoridades los escuchen, así como la asesoría para su regularización.
El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y desarrollar acciones que permitan a las personas disponer de una vivienda adecuada, su adquisición no debe ser excesiva de tal manera que las personas puedan acceder a un lugar donde vivir sin comprometer la satisfacción de otras necesidades.
De no hacerlo, es necesario y urgente que se organicen, luchen y en un futuro no muy lejano, cambiar el modelo económico del país, para que sólo así se garantice una vivienda y vida mejor para todos, pero en particular para el pueblo humilde y trabajador que vive al día.
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