Ya se ha hablado de los incalculables daños a la vegetación, a la fauna y a los cenotes y manantiales que el Tren Maya está provocando desde su improvisada y apresurada construcción (sólo el tramo Playa del Carmen-Tulum ha sido modificado i3 veces!) y de las afectaciones a la propiedad de la gente por los estados que atraviesa, como el caso de los quintanarroenses, quienes, por ejemplo, les han sido expropiadas más de 535 hectáreas localizadas en 231 predios "por utilidad pública" y los que han sido obligados a vender su terreno a bajo costo so pena de ser expropiados por el Gobierno federal, tal y como nos relata la periodista Edna Hernández; más los perjuicios que provocará cuando esté en operación, pues hará detonar nuevos centros de población así como la agroindustria y otras actividades industriales.
Hay, sin embargo, otros aspectos que se han estudiado poco, aspectos que sin duda afectará y afecta inevitablemente, en detrimento del bienestar de los castigados de siempre, de la gente menos favorecida económicamente.
Ya desde este momento, la construcción del Tren Maya está provocando miles de desplazados, pérdida de la propiedad y crecimiento de la pobreza. Contrariamente a la versión oficial acerca de los beneficios de la magna obra, la cual, según el gobierno, está pensada para comunicar y beneficiar a los pobres, desde este momento se está
evidenciando la farsa: o termina como una obra fantasma, como ya lo estamos viendo con el recién inaugurado Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) o su edificación sólo beneficiará a los grandes empresarios que son los que podrán invertir y sacar provecho de los parques industriales, del comercio de productos cárnicos, maderables y frutales que se crearán así como de las empacadoras, talleres de mantenimiento de trenes, suministro de combustibles, terminales de carga y descarga y la explotación del turismo en general que ya desde el 2020 el director de Fonatur anticipaba al diario Milenio que detonaría
A pesar de que su construcción implica el gasto de 200 mil millones de pesos, con altas posibilidades de incrementarse de 4 a 10 veces más como lo han manifestado los expertos, la verdad es que no se ve por dónde o para cuándo empezará a beneficiar a los que menos tienen.
El caso de Chiapas que durante la última década viene arrastrando el nada honroso título de El estado más pobre de México, según el Coneval, su población vulnerable por carencias sociales, es decir, los que no cuentan con acceso a la educación, salud, seguro social, vivienda, agua potable, drenaje, luz y alimentación de calidad, incrementa 1.8% de 2018 a 2020; mientras que la población que no cuenta con un salario suficiente y bien remunerado (vulnerable por ingresos) pasó de 3.0 a 3.3%. Desgraciadamente los chiapanecos no somos los únicos, ya que según la misma fuente y durante el mismo periodo, la pobreza en Tabasco aumentó en un 1.6%, Campeche un 2.5%, Yucatán un 4.8% y Quintana Roo un 6.8%, ¿dónde está pues la mejoría prometida?
Queda claro entonces que todo el dinero de los mexicanos que se está gastando en el multicitado Tren Maya no regresará jamás a sus manos sino a los grandes consorcios nacionales e internacionales que ya desde este momento están acaparando los mejores espacios. El pueblo pobre, aparte de sufrir el despojo de sus propiedades, la destrucción de su entorno y de su cultura, se tendrá que conformar si bien le va con empleos mal pagados, más contaminación y más miseria si no se decide desde ahora a defender en unidad y en un solo frente, los derechos que como mexicano tenemos todos a una vida digna.
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