Este gobierno ya hizo el análisis de sus posibilidades reales de conseguir recursos para completar sus metas y se dio cuenta de que ya se acabó todo lo que tenía a mano y como no puede cobrar más impuestos, porque para ciertas cosas Palacio Nacional es bueno para cumplir su palabra y para otras no lo es y como quedó de que no se instrumentarían nuevos impuestos ni se incrementarían los impuestos ya existentes, lo cual quiere cumplir para no pelear con los grandes consorcios nacionales, entonces, hay que irse contra los jóvenes y contra las asociaciones civiles, indefensos a diferencia de los grandes consorcios. Asimismo, como a la vez ya consumieron los fondos de estabilización que se habían juntado en el gobierno de Peña Nieto y que le dejó a este gobierno 247 mil 909 millones de pesos y éste ya se los consumió en un 74.43%, es decir, para 2020 ya los habían dejado en 63 mil 363 millones de pesos; lo cual quiere decir que en un año gastaron inútilmente 184 mil 546 millones de pesos, nada más ni nada menos. No conformes con haberse acabado esta bolsa, se lanzaron por la bolsa de los 109 fideicomisos que tenían un monto de 68 mil millones de pesos. Asimismo, incrementaron los presupuestos del Tren Maya y de Dos Bocas sin que se vea para cuando van a terminar las obras en cuestión, por tanto requieren dinero y buscarán de dónde sacarlo.
Ahora bien, los ingresos tributarios y no tributarios del gobierno actual no se han desplomado como se pudiera pensar, pues en el tercer año de gobierno de Peña Nieto se tuvieron ingresos por 3.6 billones de pesos y en el tercer año de gobierno de López Obrador, 3.69 billones de pesos, entonces, ¿cómo se explica la sed de insistir en recaudar fondos si ahora estamos en un régimen austero y en un régimen donde el combate a la corrupción dejaría a este gobierno, según se dijo, ganancias millonarias?
Lo que sucede es que no se está combatiendo la corrupción como se dice; no hay tal austeridad y, finalmente, la mala administración de este gobierno ha resultado muy cara a los mexicanos, pues las empresas estatales a las que les ha apostado todo este gobierno, tienen pérdidas millonarias y para sostener los programas sociales, que han dejado 3.8 millones de pobres más y las megaobras, que a mi parecer son inútiles y muy caras, además de tener que sostener las pérdidas de la CFE y de Pemex, ahora toca juntar los recursos necesarios para cumplir con esos programas y esas obras. Veamos los datos:
La Comisión Federal de Electricidad fue entregada a este gobierno morenista con ganancias, pues en 2016 tenía un superávit de 76 mil 300 millones de pesos; en 2017, 108 mil millones de pesos; en 2018, 48 mil millones de pesos; ya en 2019 habían reducido las ganancias de la CFE a 25 mil 700 millones de pesos, pero en el año 2020 lo que observamos es una pérdida, sí amable y paciente lector, una pérdida de 86 mil millones de pesos y que, con su régimen de pensiones, la CFE, se apruebe o no la contrarreforma energética, estará manejando números rojos como escribió el ex secretario de hacienda, el Doctor Carlos Urzua, y si el gobierno no lo subsidia, tenderán a quebrar, pero esa no es una opción para este gobierno morenista, por tanto, echarán todos los recursos recaudados en un barril sin fondo. Por su parte, Pemex tuvo el siguiente desempeño: cierto es que ya tenía en 2016 una pérdida de 191 mil 100 millones de pesos y que en 2017 creció a 300 mil millones de pesos, pero en 2018 bajó a 180 mil millones de pesos; sin embargo, con el mal gobierno de la 4T, en 2019 perdió Pemex 348 mil millones de pesos y en 2020, una pérdida de 482 mil millones de pesos. ¿Cómo le va a hacer este gobierno, en el que la inversión extranjera directa se reduce en un 12% y en el que tienen pérdidas millonarias tanto CFE como Pemex? Pues mediante el terrorismo fiscal.
Así se explica que, como este gobierno no tiene la intensión de gravar a los grandes capitales potentados nacionales e internacionales con una política progresista que consiste en que paguen más impuestos quienes tienen más riqueza, entonces va a buscar a los sectores que le hacen falta con un doble propósito: primero, incrementar la base de los contribuyentes incorporando a los jóvenes de 18 años de edad al sistema de administración tributaria, pues el Inegi no le da la base de datos a la presidencia, por el derecho a la confidencialidad, entonces, quieren obtenerla por otra vía y, al propio tiempo, quieren identificar las actividades económicas de 30 millones de jóvenes para hacerse de más dinero directamente con ellos e indirectamente con los parientes que les depositan un apoyo a los jóvenes para pagar la renta, para la escuela, para libros, etc. ¿No es eso terrorismo fiscal? Quieren tener el control de los que votan para identificar sus actividades y ver cómo obtener su voto o cómo castigarles si no votan por la 4T.
Por otro lado, pretende eliminar los incentivos para que las empresas deduzcan impuestos y apoyen a las asociaciones de la sociedad civil que dependen de esos donativos para realizar sus labores que son fundamentalmente labores de apoyo que las instancias gubernamentales no son capaces de proporcionar, como apoyos a los niños con cáncer; a niños que tienen autismo, etc.
Se insiste en tener el control de todo y en debilitar a los enemigos del régimen, por ende, se siguen dando pasos hacia la dictadura y los mexicanos haríamos bien en percatarnos de esta condición. Este gobierno está fracasando y eso nos está saliendo muy caro. No hay dinero para las obras y servicios de los humildes, pues se canceló el ramo 23 de recursos federales; crecen los pobres en 3.8 millones más con la 4T; 18.6 millones de hogares tienen dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias, como señala el ingeniero Homero Aguirre en su artículo; en un contexto de 284 mil muertes por Covid, este gobierno opta por la dictadura y pretende que los mexicanos tributemos para cumplir sus caprichos. Esa es la realidad: una dictadura a costa de los impuestos y del dinero de los mexicanos con medidas terroristas. No debemos pagar los mexicanos para que nos peguen, como dijo López Portillo.
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