Negligencia, presupuesto insuficiente, políticas austeras son factores que, desde hace décadas, afectan al sector salud en el país, y son finalmente los pacientes los que pagan las consecuencias. A ello hay que sumarle los recortes presupuestales que cada año, desde el arribo de Morena al Poder Ejecutivo federal, han perjudicado a millones de mexicanos, mismos que seguirán al alza por lo menos hasta que finalice su sexenio.

En este punto, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PEF), no pinta nada bien. A pesar de que el Gobierno federal dio a conocer que el próximo año habrá un incremento general de recursos para el sector salud, del 3.9 por ciento, hay que contrastar que, al mismo tiempo, se prevén recortes en medicamentos y atención de las personas sin seguridad social, entonces ¿en qué áreas se destinará el aumento que sean más importantes que estas que acabo de mencionar?; además, se anticipa la eliminación del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) -que cubre enfermedades de alto costo-, como el cáncer o VIH, debido a que el gobierno solicitó transferirlo, antes de junio de 2023, a la Tesorería de la Federación.

De ser aprobados, la crisis en el sector salud se profundizará aún más, afectando a los mexicanos con menos recursos económicos que no pueden costear los medicamentos y tratamientos que necesitan ante sus padecimientos, muchos de ellos entre nuestros familiares, amigos, compañeros o hasta alguno de los que leen estas líneas.

Hay que recordar que para el ejercicio fiscal del presente año, el Poder Ejecutivo restó 16 mil 46 millones de pesos a lo que se comprometió en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que era de 83 mil 17 millones de pesos, recibiendo finalmente 66 mil 970 millones de pesos para los primeros seis meses del 2022, afectando, como siempre, a los que con su trabajo diario, pagan con sus impuestos lo que no se les retribuye en mejor calidad de vida: los mexicanos.

Con ello, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sufrió de un recorte de 21 mil 843 millones de pesos; esto posiblemente es la razón de las denuncias de organizaciones sociales y de la población afectada, que reclaman que la crisis de desabasto de medicinas y material tan básico como camilleros, lejos de disminuir va en aumento. Recordemos que hace poco más de un mes, el 20 de octubre, se difundió la noticia a nivel nacional de un ciudadano de la tercera edad que perdió la vida en la sala de urgencias del Hospital General Dra. Columba Rivera Osorio, del ISSSTE en Pachuca, Hidalgo, mientras esperaba ser atendido y sin un camillero disponible para ingresarlo, situación que se vive a diario con miles de pacientes asegurados y no asegurados en casi todo el país, pero más allá de la negligencia del personal de salud, hay que detenerse a pensar en la negligencia, aún mayor de los altos mandos del poder, que se hacen de la vista gorda, mientras se atienden sus padecimientos en los hospitales más caros y prestigiosos.

Tragedias como la ocurrida en Pachuca no son nuevas en las instituciones de salud, pero lastimosamente habrán de seguir ocurriendo si las estrategias gubernamentales no mejoran y, sobre todo, si no se asigna el presupuesto suficiente que cubra desde la atención en tema de infraestructura, hasta insumos médicos y tratamientos.

Además, recalco que esto refleja una crisis en los gobiernos emanados del neoliberalismo, que con políticas engañosas no brindan bienestar a la población, crisis que seguirá afectando a pacientes en Hidalgo y el resto de los estados de la república; por ello, urge que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Cámara de Diputados se interesen en los hechos en la salud de los mexicanos, de lo contrario seguirán ocurriendo más casos desafortunados de pacientes que, en la espera de atención médica o un medicamento, los encuentre la muerte.