El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que con su política de “abrazos no balazos” pacificaría al país y abatiría el complejo problema de la violencia delictiva; pero hoy las acciones criminales son cada vez más sanguinarias y tienden a normalizarse o volverse “comunes”, advirtieron analistas de organizaciones sociales especializadas.
Entre la desbordada expresión de violencia física que agobia a México, alentada en parte por la nula estrategia de seguridad pública del Gobierno Federal, se ubica la insólita trifulca a golpes entre los presuntos aficionados de los clubes de futbol Querétaro y Atlas que el sábado cinco de marzo de 2022 empezó en las gradas del estadio La Corregidora y siguió en el campo de juego, ante la angustia de las familias presentes.
Dirigentes y legisladores de oposición, impactados por las manifestaciones de crueldad “gratuita” y muy “poco deportiva” en La Corregidora –que dieron la vuelta al mundo– alertaron contra la posibilidad de que este tipo de sucesos también sean consecuencia del conflictivo ambiente de intolerancia y polarización social cotidianamente alentado desde el poder público.
Dos días después de tan lamentable espectáculo, el siete de marzo, la organización Causa en Común presentó su Galería del horror, atrocidades registradas en medios periodísticos, en la que denuncia la ejecución de 894 hechos de violencia extrema que provocaron la muerte de mil 798 personas entre enero y febrero de 2022. Al menos 300 de estas acciones criminales ocurrieron en Baja California, Zacatecas, Guerrero, Guanajuato y Michoacán.
Causa en Común puntualiza que las atrocidades se cometieron en 80 acciones masivas (masacres), que 221 fueron actos de tortura, 164 mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres; que 122 fueron feminicidios con crueldad extrema, entre los cuales destaca el degollamiento de una mujer cuya cabeza fue hallada en una hielera encontrada el 1° de enero en Monterrey, Nuevo León. En el primer bimestre fueron asesinados 59 niños y adolescentes de ambos sexos.
En la mayoría de los crímenes perpetrados entre el 1° de diciembre de 2018 y lo que va de este año, cuyos responsables aún no han sido identificados, han sido asesinados al menos 98 activistas de derechos humanos y 51 periodistas, o 56, de acuerdo con otros reportes levantados entre el 1° de enero y el cuatro de marzo de 2022, cuando ocurrió el asesinato del periodista Armando Linares en Zitácuaro, Michoacán.
En su informe La Guerra en Números, con datos actualizados al 19 de marzo, la consultora T-ResearchMX reportó 115 mil 306 víctimas de homicidio doloso en lo que va del sexenio, esto es, entre el 1° de diciembre de 2018 y el 19 de marzo de 2022.
Consultado por buzos, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), especializado en seguridad, justicia y legalidad, afirmó que la actuación del Gobierno Federal en materia seguridad pública ha sido notoriamente fallida; y tiene mucha responsabilidad en el evidente incremento de la violencia física y la ejecución de delitos.
Esto es consecuencia –explicó Rivas– “de que hay un Estado incapaz de frenar a la delincuencia, que no hay una estrategia, que se han recortado recursos, que no se colabora institucionalmente para combatir el fenómeno de delincuencia organizada, y un error en el diagnóstico de los programas”.
El incremento delincuencial
El 24 de enero de 2022, el ONC reportó que en 2021 aumentaron las víctimas de feminicidio en 2.7 por ciento; y que el año pasado fue históricamente el más violento para las mujeres, como lo muestra en su Análisis de la Incidencia Delictiva en 2021.
En homicidio culposo se registró un aumento de 6.5 por ciento y, en extorsión, el alza fue del 12.3 por ciento. Además, se incrementó la apertura de carpetas de investigación por robo a transeúnte en 10.2 por ciento; en robo en transporte público, 15 por ciento; en violación 28.1 por ciento y en trata de personas 12.3 por ciento.
En narcomenudeo hubo un incremento de 7.2 por ciento; en violencia familiar el 15.3 por ciento y en lesiones dolosas 7.8 por ciento. La tendencia al incremento en el delito extorsión es acusada, porque el 12.3 por ciento registrado en 2021 con respecto a 2020 es el nivel más alto desde que se tiene registro.
El ONC advierte que las violaciones graves a los derechos humanos van también en aumento, igual que el número de las comunidades desplazadas por la violencia y que las personas desaparecidas se elevaron en 120 por ciento, que “pasaron de 41 mil a 92 mil en apenas tres años (2018-2021)”.
Mientras tanto, la Organización Causa en Común, con datos al 1° de febrero de 2022, reportó que “el feminicidio registró tres por ciento más víctimas, la trata de personas, 10 por ciento y la extorsión 12 por ciento. Las denuncias por violencia familiar se han incrementado en 15 por ciento, el robo con violencia nueve por ciento y el narcomenudeo un siete por ciento”.
Esta misma organización informó que el nivel de criminalidad es mucho mayor al que reflejan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), como lo acreditan las encuestas de victimización, “lo que subraya la crisis institucional en materia de seguridad”.
José Luis Espinosa Piña, catedrático en derecho y analista político, reveló a buzos que, pese a las evidencias del desbordamiento de la violencia en el país, el Presidente asumió como ataques personales la información y las críticas que se hacen sobre ese grave problema nacional. “No es personal, debe entender que hay una situación real de emergencia en el país, de violencia desbordada”, insistió.
Aseveró que la violencia crece “porque no hay estrategia; porque ‘abrazos no balazos’ es un discurso para la prensa, no una estrategia”. En este marco, Espinosa destacó que se carece de una adecuada planeación para que las fuerzas encargadas de la preservación de la seguridad pública intervengan pronto y adecuadamente, lo que genera vacíos que son llenados por la delincuencia.
“El Presidente cree que las cosas se resuelven porque él lo decreta; se va a acabar la corrupción porque él lo decreta; se va a acabar la impunidad porque él lo decreta; se va a acabar la violencia porque él así lo decreta. Piensa que sus decretos son palabras mágicas. Y no. La realidad nos demuestra que debe haber una acción coordinada y estratégica de la autoridad”, enfatizó Espinosa Piña.
La atrocidad se normaliza
Luis Carlos Sánchez Díaz, investigador de Causa en Común, reportó a buzos que, lamentablemente, la cruenta violencia observada en el país se está normalizando; es decir, que en la sociedad ya no causa sobresaltos y se transforma en algo “normal” en la vida cotidiana.
“Nosotros si planteamos una hipótesis donde si vemos que esta violencia si se ha empezado a normalizar, y en algunos casos a interiorizar por parte de algunos sectores de la sociedad. Porque tampoco podemos decir que en todos, pero sí nos causa un enigma saber cómo, pese a tantos hechos atroces que ocurren diariamente en el país, la sociedad no reacciona.
“Encontramos casos de niñas degolladas en Tabasco. El caso de Querétaro, en donde hubo hechos de alto impacto con mucha violencia (en el estadio La Corregidora). Encontramos el asesinato de periodistas, una serie de situaciones que en otras sociedades, en otros países, serían muy escandalosos y en México, al contrario, se van normalizando, porque parece que ya resulta insuficiente cualquier hecho de violencia; por más grave y atroz que parezca, no mueve ninguna fibra en la sociedad”.
Frente a esa situación, la autoridad –comenta el investigador de Causa en Común– procura culpar específicamente a la delincuencia organizada por la violencia, pese a que existen evidencias de crímenes atroces cometidos por personas que no forman parte del crimen organizado.
El pasado 11 de marzo, de gira por Chiapas, el Presidente calificó de calumnioso, desinformado y apoyado en información falsa el pronunciamiento del 10 de marzo de 2022, que el Parlamento Europeo emitió para demandar al Gobierno mexicano protección a los periodistas. Los integrantes del Parlamento Europeo argumentaron que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra” y que el 95 por ciento de estos crímenes quedan impunes.
En los considerandos del resolutivo aprobado por el Parlamento Europeo, se dice que el Presidente “(…) ha utilizado con frecuencia una retórica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas; que la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes; que, bajo el pretexto de luchar contra las noticias falsas, el Gobierno mexicano ha creado una plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica; que, en febrero de 2022, los periodistas organizaron protestas en 13 de los 32 estados de México exigiendo mayor seguridad y más investigaciones sobre los ataques contra periodistas”.
Un comunicado oficial del Gobierno Federal difundido el 10 de marzo de 2022, redactado por el primer mandatario y algunos colaboradores, como él mismo informó, cuestionó a los legisladores del Parlamento Europeo sumarse “como borregos” a una presunta “estrategia reaccionaria y golpista” contra su gobierno.
“Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”, agrega el documento.
El pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre los periodistas mexicanos fue expedido con base en el llamado Acuerdo Global, es decir, el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, firmado por México con la Unión Europea (UE) en 1997, activo oficialmente desde 2000. Con base en este convenio se firmó y aplicó ese mismo año el Tratado de Libre Comercio (TLCUEM) entre ambas instancias.
El Acuerdo Global incluye temas como la preservación de los derechos humanos en los países firmantes, bajo la denominada “cláusula democrática”, que desde 1992 incluye la UE en todos sus acuerdos comerciales y de cooperación con otros países del mundo, referente a la preservación de los principios democráticos y derechos humanos fundamentales.
En ese marco se establecen las bases para la posible aplicación de medidas que pueden incluir la suspensión del acuerdo comercial cuando, por ejemplo, se produzcan violaciones a los derechos humanos fundamentales en un país incorporado.
El especialista en derecho José Luis Espinosa, destacó que el Parlamento Europeo emitió su pronunciamiento en demanda de protección a los periodistas “porque está obligado a hacerlo, está dentro de sus funciones: Cuando un país suscribe algún acuerdo con la UE, como es el caso de México, se compromete a observar, porque ésta es la condición para poder firmar esos tratados: 1) Respeto a los derechos humanos; 2) Condiciones democráticas”.
Espinosa detalló que, con base en estas consideraciones, la UE puede hacer observaciones, tratándose de las materias de derechos humanos y democracia y, en virtud de eso, el Parlamento Europeo no violó leyes ni incurrió en ningún acto de injerencia, porque solo se apegó a lo dispuesto por los acuerdos firmados.
Querétaro: violencia como nunca
Debido a los hechos violentos suscitados el pasado cinco de marzo en el estadio La Corregidora, hubo 26 personas hospitalizadas con lesiones de diversa magnitud, sin fallecidos hasta el cierre de esta edición. El último de los pacientes fue dado de alta el 17 de marzo.
Hasta ese día, la Fiscalía General del Estado (FGE) había aprehendido a 27 presuntos responsables de la agresión ocurrida durante el partido de futbol entre los Gallos Blancos de Querétaro y el club jalisciense Atlas. Entre los detenidos hay cuatro individuos que habrían estado involucrados en la comisión del delito de tentativa de homicidio por violencia.
El nueve de marzo de 2022, una señora de mediana edad presentó a su joven hijo ante la FGE de Querétaro, quien era buscado por la policía de investigación tras ser identificado como presunto participante en los hechos violentos. En las instalaciones de esta institución, la señora reconoció públicamente: “fueron a catear mi casa, él no estaba en mi casa, entonces los policías me dijeron que lo más opcional es que si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara, para bien de... pues de él y bien de nosotros”.
En referencia al suceso del estadio La Corregidora, el coordinador de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Espinosa Cházaro, afirmó, en su cuenta de Twitter, que “la normalización de la violencia y la polarización social, alentada muchas veces desde el poder público, no deben ser el camino”.
El seis de marzo de 2022, la bancada de diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un posicionamiento sobre el tema, en el que demandaron promover la tolerancia y la civilidad en el país, y convocaron a evitar actos de confrontación y polarización.
Por su parte, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, sostuvo en su artículo La polarización nos está matando, divulgado el ocho de marzo, que lo sucedido en el estadio La Corregidora de Querétaro “no es más que el reflejo de la polarización, aquella que se transmite en el horario matutino y desde una tarima”. Rementería señaló: “la división que se provoca desde Palacio Nacional nos está afectando como sociedad.
“Ése no es el rumbo que queremos para México; no queremos más encono, más división, polarización o ira; no queremos una muchedumbre enardecida, porque todo eso nos está sumiendo en una violencia estructural, en un país sin rumbo, con un gobierno inútil e ineficiente”, añadió el legislador panista.
Además, y en relación con los graves problemas de inseguridad pública que asuelan al país, denunció que “la violencia se ha agravado en los últimos años y el Gobierno Federal ya demostró que su estrategia de ‘abrazos, no balazos’ no funcionó. Ya superó la cifra de muertos y hechos violentos de los últimos sexenios”.
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