Los compromisos contenidos en el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas (PNPI) quedaron en el papel, igual que el recuerdo de los trajes tradicionales que diversas comunidades oaxaqueñas exhibieron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 21 de diciembre de 2018. A la fecha, los 25.7 millones de indígenas mexicanos se hallan más olvidados que hace tres años.
Sin oportunidades de empleo ni acceso a la salud, educación y vivienda, familias indígenas enteras deben migrar de sus comunidades originarias para buscar mejores condiciones de vida en otras regiones de México o en Estados Unidos (EE. UU.). Los que se quedan, siempre los más ancianos, viven en situación precaria. En el territorio nacional hay 64 mil 172 localidades con población indígena; en ellas, nada ha mejorado, incluso viven en peores condiciones que en sexenios pasados. Son los más olvidados por el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T).
A más de dos años y medio de fundado el PNPI, se desconocen sus avances. En aquel momento, el Presidente se deshizo en elogios a los indígenas, en particular a los pueblos de Oaxaca, a quienes recordó que el mejor Presidente de México había sido nativo de esa entidad, en referencia a Don Benito Juárez. Dijo también que el trabajo de los mexicanos en la construcción es muy valorado en EE. UU. y que, a partir de su llegada a la Presidencia de la República, no abandonarían sus comunidades, porque tendrían empleo en México gracias a su programa Sembrando Vida, y que los niños y jóvenes recibirían alguna de las becas disponibles.
En compañía de los entonces secretarios de Bienestar, María Luisa Albores, y Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, de Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y como testigo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, el Presidente se enorgulleció de los indígenas. Ofreció mayores presupuestos para infraestructura pública con lo que se beneficiaría directamente a los indígenas en centros de salud, vías de comunicación y programas sociales, sobre todo con la creación de empleos.
“Ya no va a ser fácil que les paguen una miseria a los jornaleros en el norte, porque cuando no hay trabajo en los pueblos de Oaxaca, en los pueblos de la Montaña de Guerrero, pagan lo que quieren allá en el norte a los jornaleros; pero como va a haber trabajo aquí, si quieren trabajo allá, mano de obra allá, van a tener que pagar mejor a los jornaleros, lo mismo que en EE. UU. Va a haber trabajo en las comunidades, vamos a llevar a cabo un programa, para que además, cada seis meses a los productores se les pague a precio de garantía, se les compre el maíz y el frijol a precio de garantía; el maíz a cinco mil 600 la tonelada, el frijol a 14 mil la tonelada, todos los productos básicos tendrán precio de garantía, va a haber mucho empleo, porque en todo el país se van a sembrar un millón de hectáreas de árboles”, señaló AMLO en esa ocasión frente a un público que se volcó en aplausos.
De esos compromisos, pocos se han cumplido y en el más importante, la creación de empleos, la falla ha sido rotunda, pues de acuerdo con diversas instituciones defensoras de los derechos humanos, la migración hacia los estados del norte del país ha aumentado y, por supuesto, los salarios que reciben son muy inferiores a los de EE. UU., porque los contratistas pagan lo que quieren. Además, los campesinos indígenas que aún cultivan maíz y frijol en sus propias parcelas, ahora deben comprar los fertilizantes porque la Secretaría de Agricultura les retiró este insumo; o para dárselos tienen que cumplir con infinidad de requisitos burocráticos y los productos que les quedan del autoconsumo no se los pagan a precios de garantía.
Pobres entre los pobres
Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelaron que en el país conviven 68 pueblos indígenas que suman 25.7 millones de personas, cifra que representa 21.5 por ciento de la población global. Siete millones 400 mil de esos mexicanos originarios hablan alguna lengua indígena. Los afromexicanos son 1.3 millones que representan el 1.2 por ciento de la población nacional. El incumplimiento de los compromisos del Presidente se ha traducido en un aumento sustancial en la pobreza de las comunidades indígenas de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas y otras entidades, a quienes se les ubica como pobres entre los pobres.
El último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revela que el porcentaje de población indígena en situación de pobreza es de 69.5 por ciento, en contraste con el 39 por ciento de la población no indígena en la misma situación. Las comunidades con menos habitantes son las que presentan mayor porcentaje de población indígena en situación de pobreza; es decir, las que tienen menos de dos mil 500 habitantes; en estos núcleos, el 78.7 por ciento de la población indígena se encuentra en situación de pobreza.
Según el documento La pobreza en la población indígena 2008-2018, una de cada cuatro personas indígenas se encuentra en situación de pobreza extrema, comparado con la población no indígena, en la que una de cada 20 personas, se halla en esa situación. La cifra se agudiza, sobre todo en las zonas rurales con menos de dos mil 500 habitantes, donde la pobreza extrema alcanza el 39.4 por ciento. Mientras que la población indígena no pobre y no vulnerable, es decir, cuyos ingresos son suficientes y no tienen alguna carencia social, en 2018 representaba el 6.9 por ciento de la población.
La vivienda es otro de los rubros en que se evidencia la situación precaria de los indígenas, pues seis de cada 10 familias no disponen de hogar, es decir, el 57.5 por ciento. Esto se agrava en los pueblos más alejados de las capitales estatales, pues cuatro de cada cinco carecen de vivienda. “Al igual que en el resto del país, la carencia por acceso a la seguridad social es la privación con mayor incidencia en la población indígena, 78.2 por ciento en 2018. En las localidades rurales asciende a 88.2 por ciento de la población indígena para el mismo año”, destaca el informe del Coneval.
En resumen, los indígenas padecen cinco de las seis carencias sociales en comparación con la población no indígena. Por si fuera poco, esta población no obtiene ingresos suficientes para consumir la canasta básica alimentaria y tiene tres o más carencias sociales. Por lo que ocho de cada 10 indígenas menores de 18 años se encuentran en situación de pobreza a lo largo del país.
En un estudio proyectado por la organización Oxfam-México, titulado Por mi raza hablará la desigualdad, se concluye que los indígenas son el grupo más discriminado por el color de su tez y por su idioma. “En particular, son las personas hablantes de lenguas indígenas quienes tienen mayores desventajas. Los resultados sin ajustar indican que, para los hombres, la probabilidad de ubicarse en el quintil inferior de riqueza es de 263 por ciento mayor que la de los no hablantes y, para las mujeres, el riesgo se incrementa a 280 por ciento. En los resultados ajustados por orígenes socioeconómicos, estas brechas disminuyen a 177 y 186 por ciento, respectivamente, pero aún son sustantivas y estadísticamente significativas”.
Sin trabajos ni salarios
Cuando el Presidente aseguró que habría empleos bien pagados para los indígenas y que no tendrían que abandonar sus comunidades, miles de ellos confiaron en su palabra. Pero ahora la realidad les ha abierto los ojos, como lo evidencia la migración laboral hacia el norte del país, cuyas cifras crecen. Esta situación se ha agudizado con la pandemia de Covid-19. Como ocurrió con otros grupos pobres, el gobierno de AMLO les negó apoyos emergentes. En el caso de los indígenas, sobre todo de Oaxaca, Puebla y Guerrero, familias completas se han visto obligadas a buscar trabajo en campos agrícolas del norte del país.
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (Rejja), con presencia en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México (CDMX), Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Sinaloa y Sonora, e integrada por decenas de agrupaciones defensoras de los derechos humanos, mostró su preocupación por la falta de medidas de los gobiernos Federal y estatales para proteger su salud.
“Observamos con especial preocupación que en el contexto de la pandemia de Covid-19, las personas jornaleras agrícolas y sus familias en México se han enfrentado a una serie de situaciones que han vulnerado aún más sus derechos y disminuido sus garantías; ello a pesar de que, en abril de 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) elaboró y compartió la Guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas”, revela un pronunciamiento de la Rejja, publicado el primero de septiembre pasado.
En 2020, la red reportó decenas de contagios en varias regiones agrícolas sin que se aplicaran medidas de protección para los jornaleros. Se desconoce una cifra aproximada del número de decesos debido a que la propia autoridad no se ha preocupado por indagarlas. En este año ha prevalecido la desatención social y sanitaria hacia este sector. La Rejja asegura que pueden ser “numéricamente más elevados, debido, por un lado, a que no toda la población jornalera que ha padecido Covid-19 o que ha fallecido se reporta a la autoridad correspondiente; muchos de ellos, al no tener acceso al Sistema de Salud, asumen por su cuenta los gastos de la enfermedad y, en caso de fallecimiento, también la cobertura de los gastos funerarios”.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reportó, en abril de este año, que más de siete mil 389 niños salieron de la Montaña de Guerrero a trabajar a los campos agrícolas del país. Dos mil 597 de ellos tienen entre cero y cinco años; cuatro mil 792 de seis a 17 años. De esta población, el 29 por ciento no contaba con estudios; además, se registró el deceso de tres pequeños en los campos.
“En los lugares de destino existe la fuerte tendencia a discriminar a los migrantes indígenas, situación que viven las mujeres, quienes son particularmente vulnerables a la discriminación, debido a su triple condición: migrantes, mujeres e indígenas”, concluyó el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GITAI), organización global de derechos humanos dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. El estudio de referencia se titula Mundo indígena 2020.
Según el Inegi, el año pasado, 20 estados del país registraron mayores flujos migratorios de mujeres indígenas, especialmente hacia las entidades del norte: Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Sonora y en menor proporción a EE. UU. y Canadá. La Fundación para el Debido Proceso (Fundar)de la Oxfam denunció que algunas empresas en el país utilizan la ley para despojarlos de sus tierras y explotar sus recursos naturales.
“Hoy en día, la falta de reconocimiento legal se suma a un creciente número de proyectos extractivos, energéticos y de inversión que buscan llevarse a cabo en territorios ancestrales indígenas; ante un imperante ambiente de impunidad y corrupción, al aumento de la criminalidad y a un desconocimiento de los pueblos indígenas y sus sistemas normativos por parte de la población en general y los operadores jurídicos. Esta situación ha tenido consecuencias negativas en las posibilidades de las mismas comunidades de generar condiciones de igualdad y libertad que permitan disfrutar de sus derechos humanos”, advierte el informe La libre determinación de los pueblos indígenas. El gobierno de AMLO, coinciden diversos estudios, ha olvidado los compromisos de campaña que contrajo con los indígenas; y a mitad del sexenio se halla inmerso en temas políticos y electorales.
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