El arribo a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 implicó el replanteamiento de las políticas públicas, pues atribuyendo a la corrupción la inmensa mayoría de los problemas que acontecen a la ciudadanía, se planteó como única salida derogar las acciones gubernamentales y quitar a los malos funcionarios para purificar la vida pública.
El diagnóstico siempre fue el mismo: el sistema de salud era malo debido a los millones de pesos que se sustraían por la corrupción; la inseguridad crecía por la descomposición de los altos mandos; no había obra pública debido al desvió de recursos, se cometían injusticias por los jueces comprados y así una larga lista hasta el infinito. De ahí se derivaba la urgencia de sustituir a los anteriores gobiernos y la llegada de una nueva clase política encabezada por López Obrador que actuaría con limpieza y honradez para purificar a la nación.
Aunque los defensores del presidente se empecinan en manifestar las bondades del actual Gobierno, lo cierto es que las cosas no marchan nada bien.
La resultante está a la vista de todos: las deficiencias del servicio de salud son el calvario de todos los días, la inseguridad crece desaforadamente (ya se suman más de 170 mil muertos en actos violentos); salvo por las obras faraónicas del sur de México, en otras entidades la obra pública es casi inexistente, y la involución en todos los ámbitos es la tónica de todos los días. Aunque los defensores del presidente se empecinan en manifestar las bondades del actual Gobierno, lo cierto es que las cosas no marchan nada bien.
La lucha contra la corrupción sirvió de justificación para rediseñar las políticas gubernamentales combatiendo el llamado “intermediarismo” y negando atención a la ciudadanía organizada; luego, eliminando partidas presupuestales como el Ramo 23, el 3x1, el Fondo Minero, las Estancias Infantiles y colocando a los municipios como simples pagadores de nómina, que aunque sean receptores de participaciones federales y de algunos fondos municipales, tienen muchas limitaciones.
Tal circunstancia, la lucha contra el “intermediarismo” que constituye un acto totalmente ilegal y la eliminación de algunas partidas presupuestales, ha resultado la coartada perfecta para justificar la insensibilidad para la atención de las demandas ciudadanas. Pero aun con limitaciones y carencias, es obligación gubernamentalista atender las necesidades de servicios públicos, como explica el Artículo 115. Por ende, los alcaldes deben aguzar su capacidad de administración y buscar los medios para multiplicar los exiguos recursos: esa es la única salida para poder atender a los ciudadanos.
Tras casi cinco años de la política centralista de López Obrador, son pocos los casos de alcaldes que se preocupan por buscar alternativas de solución a los problemas de la gente. La gran mayoría siempre se encoge de hombros y soslaya las peticiones; algunos rayando en el cinismo, como nos sucedió recientemente en Loreto: simple y llanamente nos remiten a las oficinas del Gobierno federal.
Pero las necesidades no esperan y por ello no hay otro camino que perseverar, y a pesar de sus cantaletas, acudir cuantas veces sea necesario hasta ser escuchados. Por ello, el próximo miércoles 17, una comisión de Antorchistas acudiremos a Fresnillo a presentar nuestras solicitudes; lo mismo acontecerá el jueves 25 en Guadalupe, y de igual manera se hará en otras demarcaciones de la geografía zacatecana, pues como ya se dijo nos asiste la razón y el derecho. Que conste.
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