En los últimos días, la noticia por la imposición del 17 % de aranceles al tomate mexicano que entre a Estados Unidos —una indicación directa del presidente Donald Trump— ha causado preocupación en México, más por parte de los productores y jornaleros que del propio gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La producción de tomate genera casi 100 mil empleos directos, por lo que, al reducirse la venta y con un costo por kilo más bajo, el despido de miles de trabajadores es una posibilidad real.
En el caso de los productores de varios estados, Sinaloa, uno de los más importantes, muestra su preocupación, pues si bien, como anunció el gobierno de México, el tomate seguirá vendiéndose en el mercado estadounidense, ronda la duda respecto a que se reduzca la cantidad de toneladas del producto, la cual no podrá ser comercializada en el mercado local y que, sin duda, representará importantes pérdidas para el sector.
Asimismo, la producción de tomate, ya sea en invernaderos o en campos abiertos, genera casi 100 mil empleos directos, por lo que, al reducirse la venta y con un costo por kilo más bajo, no podrán mantenerse los empleos, y, por lo tanto, el despido de miles de trabajadores es una posibilidad real.
Frente a la calma del gobierno mexicano, el empresariado se acercó a dar algunas cifras sobre el impacto que tendría la medida en el empleo. Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la decisión de Estados Unidos de poner un impuesto de 17.09 % sobre el fruto, subiendo en un 7 % su precio, afectará la cadena productiva de importación en ese país, que genera más de 46 mil empleos.
Para el caso del gobierno de México, la respuesta ha sido muy tibia. La presidenta Claudia Sheinbaum, durante una de sus conferencias matutinas, luego de la noticia del arancel anunciada por Estados Unidos, se limitó a dar sedantes, ya que, según ellos, a pesar del impuesto de 17 %, “el tomate mexicano va a seguir exportándose, aun con el arancel, porque no tiene sustituto (sic)”.
Así como lo lee: le apuesta a que, como no hay nadie más que venda, pues México seguirá vendiendo. Y eso es cierto, pero se encuentra de por medio un precio más elevado, cuyos ingresos no necesariamente se traducirán en beneficio de los productores mexicanos, sino de los acaparadores o de las empresas trasnacionales intermediarias.
Luego, el propio secretario de Agricultura del gobierno de México, Julio Berdegué, junto con el Consejo Nacional Agropecuario y la Secretaría de Economía, presumió en X que sostuvieron una reunión en la que “se planteó la necesidad de establecer un plan de acción que ayude a mitigar los impactos del impuesto establecido por EUA”, y además “reconocemos el apoyo y el interés mostrado por el Gobierno de México, principalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, para solucionar este importante tema”.
Faltaba más, estimado lector: solo aplausos para las palabras presidenciales, pero sin ningún plan emergente de respuesta en apoyo a los productores.
Aunque sea el consumidor estadounidense de tomate quien pague las consecuencias del arancel, y en México los productores, al reducirse el mercado, le compete al gobierno de México dar una respuesta más puntual, pues el 90 % de la producción mexicana de tomate se va a Estados Unidos, lo cual equivale a unos 2 mil 800 millones de dólares al año.
Dos de cada tres tomates que se consumen en Estados Unidos son cosechados en México, según las estadísticas oficiales, y por ello son los comerciantes mexicanos quienes estiman que la tarifa podría causar pérdidas por más de 8 mil millones de dólares.
Sinaloa ocupa el primer lugar en producción de tomate, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura; en segundo lugar, San Luis Potosí, y en tercer lugar, Michoacán. Otros estados importantes en la producción son Baja California, Jalisco, Zacatecas, Morelos, el Estado de México y Puebla.
En todas estas plantaciones se sustentan las fuentes de empleo de miles de jornaleros agrícolas, a los que bien se les puede recetar desde bajas en su salario hasta despidos. Por ello, la necesidad de un plan emergente que realmente apoye a este sector.
De tal forma que, debido al volumen de producción, México se coloca como uno de los principales exportadores de tomate en el mundo. Por ejemplo, en 2023 —y en los últimos años— Estados Unidos fue el principal importador, seguido de Canadá y Japón. Además, México exporta a Latinoamérica, Europa y Asia.
Como se ve, la imposición de arancel al tomate mexicano, bajo el argumento incluso de una competencia desleal en contra de los productores norteamericanos, afecta a un importante sector de la economía mexicana. Y aunque en alguna medida el propio gobierno señala que ya se buscan nuevos mercados, en los hechos, por la proximidad, el mercado de Estados Unidos es de los más importantes.
Frente a este problema, cabe la pregunta: ¿qué les queda a los productores de tomate, no solo de Sinaloa, sino del país? Antorcha responde: la organización, la educación y la lucha de los trabajadores de México en la construcción de una patria más justa y equitativa para todos, porque los productores no podrán conquistar nuevos mercados internacionales basados en la calidad de sus productos y esquemas de procesamiento agroindustrial que generen valor agregado, si no hay cambios económicos de fondo. Ya hasta ahora sólo se sigue profundizando la dependencia con el comercio estadounidense. Está claro, cada vez más claro, que esa no es la salida.
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