Llamó de manera importante la atención cómo miles de médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo de clínicas y hospitales del sector público como el IMSS e ISSSTE e incluso privados, se manifestaron el pasado miércoles 22 de los corrientes con marchas y mítines en todos las entidades del país, entre ellas Querétaro, para exigir mejores condiciones laborales, mayor presupuesto para el sector, más insumos y repudiar el nuevo Sistema Universal de Salud pese a que directivos de las unidades hospitalarias y oficinas del sector salud los amenazaron con sanciones y despidos si participaban en dicha protesta.
De acuerdo con personal médico de las instituciones de seguridad social, el seguro universal se encamina hacia la privatización de los servicios de salud y agravará los problemas de atención que ya de por sí padece la población debido a que el gobierno, por estrategia, no invierte en infraestructura y medicamentos. Denunciaron que el problema que vive el sistema de salud del país se debe al deterioro de los hospitales por falta de inversión del gobierno, que es la misma causa que genera la escasez de equipo, medicamentos y materiales para la atención de los pacientes.
Manifestaron que esta reforma afecta a los trabajadores del sector salud, a los jubilados pero a quien va afectar más será a la población, que tendrá que pagar por recibir tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Los médicos señalaron que el sistema que impone el gobierno es el modelo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) impuso ya en otros países como Chile y Argentina, donde su puesta en marcha resultó un verdadero fracaso.
Pero, ¿qué es la universalización de la salud? Según el presidente, Enrique Peña Nieto, gozar de una vida plena y duradera no puede ser derecho de unos cuantos y propuso una serie de acciones para avanzar en la universalidad de los servicios de salud con calidad, que consiste en identificar con precisión a quienes no cuentan con cobertura médica a partir de la consolidación de los padrones de las diversas instituciones de salud y de seguridad social para llegar a ellos y durante la 35 Asamblea General Ordinaria de la Fundación Mexicana para la Salud, apuntó que se deberá optimizar el uso de la infraestructura disponible, con base en una mejor coordinación entre instituciones de seguridad social, servicios estatales de salud y los que dependen de la Secretaría de Salud.
Y ¿cómo lograrlo si con el cuento de mantener la estabilidad y proteger la economía de los mexicanos el presupuesto aprobado para salud en el PEF 2016 disminuyó en un 4.9% frente a los recursos del ejercicio fiscal 2015? Es evidente que México invierte poco y mal en salud pública; mucho menos que países con similar desarrollo: 1.2 billones de pesos que equivalen a 6.2% del PIB mientras que en los países OCDE, el gasto en salud promedia 9.6% del PIB lo que permite, seguramente con todo cálculo, subrogar los derechohabientes de bajo riesgo y mantener el tratamiento de los de alto riesgo y mayor costo en los servicios del IMSS, ISSSTE y demás dependencias de salud, innovadora forma de privatizar ganancias como se hace con IMS Health y otras empresas prestadoras de servicios y repartir pérdidas, con las que se abre la participación del capital privado para atender la crisis y necesidades de salud pública.
Los médicos, enfermeras y demás trabajadores tienen razón en indignarse y luchar por defender sus derechos pues no hay duda que como en el tema del petróleo, en la salud se avanza hacia su privatización, inevitable en nuestra sociedad y significa una alerta a los trabajadores para que se una y solidaricen independientemente de su profesión u oficio. La clase trabajadora organizada y consiente es la única capaz de curar a México de sus enfermedades.
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