Poco más de tres años hace que dos hermanos: José y Joel Arias, como hemos denunciado múltiples ocasiones, reclamaron ante un juez una parcela de 2.5 hectáreas ubicadas en la colonia Altos del Pueblito, en La Negreta, Corregidora, sin ser de su propiedad. Se la tuvieron que regresar a su dueño, el señor Elias Zúñiga Campos, como consta en un documento notariado, por no haberlo pagado, de un total de 9 hectáreas que inicialmente habían comprado. De la superficie recuperada por el señor Campos, regaló pequeños lotes a familiares y el resto la vendió al señor Alfonso Ramos y él a un grupo de aproximadamente 50 familias. “Por alguna razón” el juez sentenció que los especialistas en vender y revender los mismos lotes en varios asentamientos en los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora (de todo esto hay pruebas), eran los dueños.
El señor Ramos ha hecho todo lo posible por demostrar legalmente su propiedad, pero nada le ha valido. Los señores Arias, a pesar de haber sido procesados por delitos de fraccionamiento ilegal y revender lotes, siguen haciendo de las suyas, ahora también despojando de sus lotes y viviendas a las familias indefensas con aprobación de las autoridades municipales, incluidas 50 personas más que cuentan con contratos de compraventa firmados por los hermanos. Llama la atención que cuando las familias que han sido despojadas y víctimas de agresiones físicas y verbales, en su desesperación llaman a la policía, esta acude, pero a respaldar a quienes cometen esas violaciones a la ley.
Llama igualmente la atención que las familias que no han logrado ser despojadas y que desde hace años han pagado sus contratos a la CFE para tener energía eléctrica, no se les ha instalado porque a decir de los trabajadores de esta dependencia tienen miedo hacer las conexiones en las viviendas por temor a ser agredidos por estos señores. Además, a pesar de que la colonia cuenta con los servicios de agua potable y drenaje, a pesar de que estas mismas familias han solicitado su instalación en el municipio y Comisión Estatal de Aguas (CEA), el resultado ha sido el mismo, no les resuelven porque no tienen autorización de los hermanos José y Joel Arias, sin importar que se violen sus derechos humanos.
A todo esto, se suma un hecho suscitado la tarde del sábado 11 de septiembre en la colonia Benito Juárez, también antorchista y al lado de la colonia mencionada, que casualmente me tocó ver. Una persona afín a alguno de los funcionarios del Gobierno municipal panista que encabeza el alcalde Roberto Sosa Pichardo, pues no se explica de otra manera que a pesar de negarse (por tener influencias en el municipio, dice) a colaborar en las faenas, actividades y cooperaciones que se hacen colectivamente para pagar a la CFE la obra de energía eléctrica, por ejemplo, bastó una llamada telefónica para que en menos de cinco minutos aparecieran aproximadamente 40 policías antimotines en varias patrullas, para, como de película, sitiar la colonia y revisar casa por casa, la ubicación de la “peligrosa” dirigente del antorchismo en Corregidora.
Todo esto y más pasa en un municipio que de acuerdo con Consulta Mitofsky, se mantiene entre los tres primeros lugares mejor evaluados del ranking en el país, y en la primera posición de aprobación de los alcaldes de su partido a nivel nacional con una aprobación del 74.1 por ciento. Quienes hacen estas encuestas les preguntarán a las familias pobres que carecen de vivienda y víctimas de discriminación y maltrato, ¿qué opinan de sus autoridades?
¿Por qué si los antorchistas hemos dado pruebas de más, de querer trabajar coordinadamente con las autoridades de manera pacífica, buscando siempre el diálogo y la cordura, para hacer más en beneficio de más corregidorenses, recibimos un trato tan agresivo y discriminatorio de parte de las autoridades municipales, mientras se protege a quienes violan los derechos de la gente más humilde, con agresiones y despojándolas de sus propiedades?
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