La madrugada del seis de diciembre, como delincuentes, Morena, PT y el Verde Ecologista, aprobaron, por mayoría, en la Cámara de Diputados, con 261 votos a favor y 216 en contra, la reforma electoral en leyes secundarias, conocida como plan B propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Lo anterior, después de que no se lograra el consenso de las dos terceras partes para una reforma constitucional en materia electoral, como pretendía el mandatario.
A pesar de que la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), del 13 de noviembre, en la que se congregaron cientos de miles de ciudadanos para que se respetara este órgano electoral, AMLO no detuvo su embestida para seguir intentando hacerse de su control. Es cierto que todavía estas reformas tendrán que pasar por el Senado de la República para su aprobación definitiva, pero creemos que es cuestión de tiempo para que se consume la embestida contra el INE.
Los cambios a las leyes secundarias en materia electoral debilitarán, indudablemente, al INE, y, por tanto, debilitan la vida democrática que se ha construido en varias décadas. Demuestra, también, cómo el poder legislativo, que debía ser verdaderamente autónomo, está en manos del Poder Ejecutivo.
Fue Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quién por encomienda directa de López Obrador, entregó a los diputados morenistas la propuesta de modificación a las leyes secundarias en materia electoral, mejor conocido como plan B, las cuales ya fueron aprobadas. Debemos preguntarnos dónde está la autonomía del Poder Legislativo, dónde está su criterio como pilar de la democracia que debe analizar cualquier modificación a las leyes que nos rigen y hacerlas mejores, y no ser un simple instrumento del Poder Ejecutivo, amo al que se le complace en todos sus caprichos.
Algunas de las modificaciones más sustanciales que se pretenden con este plan B. Una de ellas es el recorte presupuestal al INE, quien a juicio de AMLO es una institución electoral onerosa y que no concuerda con su consabida austeridad republicana, austeridad que, por cierto, la 4T no aplica en sus megaproyectos como es el caso del Tren Maya, donde se despilfarra el dinero público. El recorte sería de alrededor de 3,500 millones de pesos. Esto llevará a un adelgazamiento de la estructura del INE, pues la estructura del INE y del Tribunal Electoral se compacta. Desaparece la Secretaría Ejecutiva y el servicio de carrera profesional. Se fusionan o eliminan diversas direcciones, áreas y unidades técnicas. Se planteó también que sus órganos distritales pasen de 300 a 260 en todo el país. (Diario El País, 7 de diciembre). La 4T quiere un INE más compacto, más manejable, pues este régimen siente que ya sentó sus reales y ya nadie lo quitará del poder político.
Otros cambios: se limitarán las atribuciones de las autoridades electorales, quienes, por ejemplo, ya no podrán retirar candidaturas ante faltas graves (recordemos el caso del morenista Félix Salgado Macedonio, quién fuera acusado de abuso sexual y quien no pudo, por esta razón acceder a la gubernatura de Guerrero), y no se podrá castigar tan severamente los actos adelantados de campaña por los que estén en ese momento en un cargo público (léase las campañas que ya realizan las llamadas corcholatas, como Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrad, quienes siendo jefa de gobierno de la CDMX y secretario de Relaciones Exteriores, respectivamente, no cesan sus campañas electorales anticipadas).
Aquí también vemos cómo estas reformas electorales son un anillo al dedo para Morena, quien tiene en sus manos la presidencia de México y 20 gubernaturas. Sus funcionarios en activo podrán realizar campañas anticipadas con recursos públicos, como hoy lo estamos viendo, pero ahora sin el molesto castigo de los tribunales electorales.
Claro está que los partidos satélites de Morena, PT y el Verde Ecologista, también cuidaron sus intereses en esta embestida a las leyes electorales secundarias, esto en lo que se refieren a conservar sus registros como partidos. Saben que son aliados de Morena, pero al paso que se va, ellos a futuro serán un estorbo para Morena quien quiere concentrar el poder como partido de Estado. “Las modificaciones a la propuesta original fueron hechas a los artículos 12 y 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para ayudar a estos partidos- PT y Verde a no perder su registro” (Forbes, 7 de diciembre de 2022). Les urge que los cambios a las leyes secundarias en materia electoral les permitan conservar su registro como partidos, pues sólo necesitarán alcanzar el tres por ciento de la votación en 17 entidades federativas, por lo menos.
Los cambios a las leyes secundarias en materia electoral aprobadas por Morena y sus consortes, PT y Verde Ecologista, no buscan democratizar y hacer más austero al INE, sino poderlo manejar desde la Palacio Nacional, e impedir que sea un órgano vigilante de actos que atenten contra la democracia. Ahora personas que se presume de delincuentes, podrán acceder a cargos públicos; funcionarios morenistas podrán, con recursos públicos, hacer actos de campaña en el momento que se les antoje.
Debemos impedir que el proceso hacia una dictadura, a la que está llevando AMLO a nuestro país, no siga avanzando. Todos debemos estar en contra de estos cambios a las leyes secundarias en materia electoral; pero, sobre todo, debemos impedir que Morena y sus candidatos ganen en las urnas en 2023 y 2024.
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