Representantes de Grúas Unión, Grúas Federales y Grúas Ghanto, denunciaron en rueda de prensa la actitud de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) al negarles el acceso a trabajar sin motivo alguno y clausurarles, sin orden judicial alguna, sus corralones.
Ovidio Celis, representante político de las tres empresas, informó que, desde que el gobernador Miguel Barbosa anunció que se regularía el asunto de las grúas y corralones, iniciaron con los trámites de los requisitos, mismos que ya habían concluido cuando cambiaron de dirección en la SMyT y la entrante dijo que “los perdió”.
Señaló que realizaron de nueva cuenta los trámites, ante las instancias que SMyT dictó y fueron notificados de que sí cumplían con el 85% de los requisitos. El director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Fernando Loranca Huidobro, “nos dijo que todo iba bien y que sí íbamos a trabajar, y confíamos en él”.
Tiempo después, señaló Ovidio Celis, las cosas se empiezan a enturbiar porque hacen un nuevo rol sin que nosotros estemos incluidos, acudimos con él y nos dice que no hay problema; el 13 de septiembre mandan el rol a la Secretaría de Seguridad y no estamos incluidos, Loranca nos dice que no hay problema, que solo tenemos que cambiar nuestro impacto ambiental, no nos dijeron por qué, solo que “así tiene que ser”, nosotros no estamos de acuerdo porque para eso son las leyes, para que ningún funcionario pueda sentirse un rey y decir que “nada más porque yo digo”.
Sin embargo, el 23 de septiembre sale el rol definitivo y ninguna de las tres empresas está incluida. “Preguntamos y nos dicen que no estamos y no sabemos por qué, porque ninguna de las empresas que está enrolada hasta el día de hoy cumple con el 100% de los requisitos”.
Y el problema se engrandece ya que este miércoles la Policía Estatal y la Secretaría de Medio Ambiente clausuraron los tres corralones de las empresas, "lo cual es un delito, porque nos desalojaron de nuestras propiedades privadas sin una orden judicial de ningún tipo”.
Ante esto, pidieron a las autoridades que “escuhen la voz de los poblanos y que permitan un trato justo para que podamos trabajar todos los señores que han hecho con mucho esfuerzo de toda su vida este servicio su fuente de ingreso”.
Asimismo, pidieron a la secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa Bracamontes, y a la Secretaría de Gobernación, que tomen cartas en el asunto y que “no se dejen mal informar por funcionarios que no tienen sensibilidad; que intervengan en este problema social ya que muchos funcionarios están coludidos en actos de corrupción”.
“Solo queremos ser escuchados, que no nos repriman, que no nos ataquen, que no nos cierren los corralones, queremos trabajar y poder llevar el ingreso a nuestras casas, si ese es un delito hemos convertido a nuestro estado en una cárcel de la que todos somos prisioneros, pero confiamos en nuestras autoridades de verdad”.
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