Estamos a favor de los trabajadores de México, estamos en contra de las arbitrariedades patronales, pero también las derivadas del Estado que, normalmente, o se pone a favor de las empresas por ser su representante, o bien, pretende tener el control absoluto y, por lo mismo, no quiere que nadie interceda en las desiciones autoritarias. En este sentido, justo antes de las elecciones, el Gobierno federal vuelve a poner sobre la mesa el tema del outsourcingo la subcontratación. En primer lugar, en la LXII legislatura se reguló la práctica de la subcontratación que estaba en el aire por el año 2012. Se cometían abusos y arbitrariedades en contra de los trabajadores en la medida en la que la empresa que les contrataba no era la empresa en la que trabajaban y, por lo mismo, el patrón no era aquel para el que trabajaban, sino para la empresa que les subcontrataba. En ese sentido, cuando los trabajadores recibían malos tratos de la empresa donde trabajaban, no se podían quejar pues la dicha empresa no los había contratado formalmente y, peor aún, cuando ya no requerían de sus servicios les hacían a un lado, con el gran inconveniente de que no tenían derecho a acumular prestaciones en la empresa donde trabajaban y la de subcontratación tampoco se los garantizaba; mucho menos tenían derecho al famoso reparto de utilidades.
Para el año pasado había subcontratados 6.9 millones de trabajadores, de los cuales, 2.6 millones son mujeres, lo cual equivale al 38.1%, de las cuales 33%; es decir, casi un millón de mujeres son madres solteras. 1.7 millones de trabajadores subcontratados tienen la edad de entre 15 y 29 años de edad, es decir, una cuarta parte del personal subcontratado. De 2003 a 2018 el número de personas subcontratadas pasó de 2.1 a 6.9 millones de personas, se triplicó la cifra. Los puntos en los que están contratados los trabajadores son: 34.8% del personal subcontratado pertenece al sector servicios; 30.5% en el comercio; en las industrias manufactureras 24.9% y en otras actividades económicas el 9.8%. Según el tamaño de empresa, en los micronegocios se alberga al 9.5%; en pequeñas y medianas empresas el 44.7% y, finalmente, en la gran empresa el 45.8%.
En el sector público, según la página de Compranet, entre 2019 y 2020 se han adjudicado 18,370 contratos por servicios profesionales y honorarios con un monto total de lo contratado por 2 mil 163 millones de pesos, es decir, la subcontratación da servicios tanto al sector privado como al sector público.
Ahora bien, la subcontratación, en sí misma, no es mala del todo. Así lo expresan organizaciones empresariales como TallentiaMX, señalando que el problema no es la subcontratación sino el empleo informal. Es cierto que, empresas cuya especialidad es la de producir una determinada pieza para carros, gracias a la subcontratación, la empresa no se ve en la necesidad de contratar gente de planta en materia de limpieza, de arreglo o actualización de equipos de cómputo, o una flota de choferes para llevar a cabo la distribución de sus productos elaborados, es por eso que, para la empresa implica una reducción significativa de los costos el no verse obligado a tener personal de planta dedicado a tareas, digámoslo así, como lo dicen los especialistas, “no esenciales”.
Ahora bien, hay quienes tienen una opinión contraria: “el outsourcing se ha convertido en un negocio rentable y demandado por las empresas, ya que éstas se deslindan de compromisos legales, incrementan la flexibilidad del empleo y disminuyen sus costos de producción. Sin embargo, los derechos de los trabajadores no se cumplen: no cuentan con contratos definidos, trabajan en horarios flexibles, no crean antigüedad y son contratados por empresas especializadas distintas a aquella donde prestan sus servicios”. Y esta es la parte en la que podemos poner también el acento, pues es cierto que los trabajadores, aunque está reglamentado que se le respeten sus derechos, las empresas que les subcontratan no lo hacen y generan las condiciones para violar la ley y no respetar los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, no pueden crear antigüedad, pues trabajan un tiempo breve en una empresa y luego les mueven a otra y así, esta serie de cambios, no permite que el trabajador genere antigüedad para su retiro. Los contratos son por tiempo corto, por lo que tampoco pueden generar antigüedad en la empresa subcontratadora, etc.
Ahora bien, hay también quienes señalan que los primeros trabajadores en haber sido despedidos, sin dar datos para ello, en la pandemia, pero sin prestaciones, sin garantías y sin una indemnización adecuada fueron, definitivamente, los trabajadores subcontratados, lo cual es muy seguro que así haya sido, pues no representaban un costo laboral para las empresas que les subcontrataban y no les costó a dichas empresas, pues no habían generado derechos laborales.
La reforma al outsourcing que propone el Gobierno federal es polémica, pues por un lado trata de poner fin a los abusos de aquellas empresas que efectivamente no paguen prestaciones a los trabajadores subcontratados (pago de utilidades, generación de antigüedad para la jubilación, etc.), pero, a la vez, se trata de una medida más dirigida hacia la centralización, pues será la Secretaría del Trabajo quien, de manera discrecional, diga quien sí puede ser empresa que ofrezca servicios outsourcing y quien no, es decir, en una lectura un tanto ruda: “si estás con el gobierno morenista, te damos chance de que uses el mecanismo de subcontratación; si no, no”.
El capitalismo se ha valido siempre de argucias y artimañas para robarle tiempo a los trabajadores, para pagarles menos (muchas veces por debajo de su valor) y la subcontratación es un mecanismo que va en esa dirección. Por tanto, limitarle en aquellos aspectos que sí representan una acción perversa contra los trabajadores, parece una buena alternativa; sin embargo, hay que tener cuidado, pues México no está para irse al otro extremo, golpear a la empresa privada estigmatizándola de mala sin que se pruebe ello en todos los casos y querer concentrar el poder de modo dictatorial, para que sean las instancias afines a Palacio Nacional las que digan, según su criterio, quienes sí entran en la categoría de “buenos” y quien en la de “malos”. ¡Cuidado!
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