El día miércoles 1º de junio, el Comité Estatal del Movimiento Antorchista en el Estado de México publicó en El Universal un desplegado intitulado: "La mafia política de La Paz, Estado de México, fragua eliminación física de sus adversarios políticos", en el que denunció, con nombre y apellido, a los políticos que están detrás de las acciones represivas que en los últimos meses ha sufrido este importante bastión del antorchismo nacional y en el que también revelaron las amenazas de muerte contra el diputado local y dirigente de nuestra organización en el municipio, Fernando González Mejía. Dada la gravedad del problema y que similares llamados de alerta al gobierno del Estado de México no han encontrado eco, el desplegado de esta ocasión fue dirigido al Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de México, y al Lic. Miguel ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación Federal.
¿Qué dice el texto del desplegado? En síntesis, que desde la presidencia municipal de La Paz "se fragua la forma de acabar con el diputado local antorchista"; que funcionarios de ese mismo recinto tienen en su poder "información de todos y cada uno de los movimientos de González Mejía (...), es decir, que conocen perfectamente bien cada paso suyo y de su familia"; que el alcalde priista de La Paz Rolando Castellanos, el exalcalde perredista de Ixtapaluca Armando Rivera y el alcalde morenista de Texcoco Higinio Miranda, entre otros, han formado un bloque que se reúne periódicamente con políticos estatales y federales para "instrumentar diversas acciones en contra del antorchismo" en el estado, cuyo avance y consolidación entre los ciudadanos de la zona oriente les tiene altamente preocupados; baste recordar el evento con 100 mil antorchistas chimalhuacanos celebrado apenas el pasado 22 de mayo y el evento con 80 mil antorchistas ixtapaluquenses que se llevará a cabo el 19 de junio.
Pues bien. En primer lugar, llama la atención que los protervos alcaldes y exalcaldes se reúnan en privado para urdir maldades y crímenes contra quien sea, organización o ciudadano, en lugar de que se pongan a pensar en cómo van a solucionar los grandes problemas que padecen sus municipios -a los que tanta falta les hace una auténtica transformación de pies a cabeza-, lo que ya es un síntoma de la grave descomposición política que sufren y también es indicio claro de que usan el poder gubernamental para reprimir adversarios. En segundo lugar, y esto es lo grave, para cualquier persona es clara la amenaza contra la vida de un antorchista en las acciones narradas en el desplegado de los compañeros del Estado de México; acciones, todas y cada una, que son dignas de ser investigadas, condenadas y perseguidas, por cualquier gobierno sensato, que aún tenga un poco respeto por la ley y la vida humana. En tercer lugar, es preciso decir que la persecución de que ahora es objeto el Lic. Fernando González es sólo el último eslabón de una larga cadena de crímenes contra el antorchismo mexiquense, cadena que ha quedado completamente impune, sin que nadie, absolutamente nadie, tome cartas en el asunto -y no sólo porque sea antorchista el amenazado, sino por obligación de ley-, a pesar de nuestras insistentes alertas y llamados a que se respete la vida de los mexicanos que militan en la organización.
Este silencio de las autoridades no es nuevo, como tampoco es nueva la sucia guerra publicitaria que oculta y alienta las amenazas y los crímenes contra compañeros nuestros. Sólo pondremos algunos ejemplos bastante ilustrativos: en el año 2012, un grupo de choferes que se escindió de la mafia del transporte en la zona norte del estado, encabezada por Axel García, decidió luchar por su derecho al trabajo (tan mal anda el país que hasta el derecho al trabajo hay que ganarse con lucha decidida); en efecto, esta noble lucha desagradó al señor Axel García y sus padrinos políticos y de inmediato soltaron a sus porros para destruir las unidades de transporte de los rebeldes y para asesinar a una docena de ellos, en diferentes agresiones, y al abogado que los representaba, quien horas antes de su asesinato había participado en una "mesa de diálogo" en las oficinas de gobernación en Toluca. Todos y cada uno de estos crímenes fueron descritos en la prensa como "enfrentamientos" con el extraño resultado (para un enfrentamiento) de que todos los heridos y los muertos los pusimos nosotros, como lo demostramos en su momento en desplegados y notas periodísticas.
A esta campaña criminal y el nulo castigo a los autores materiales e intelectuales se sumó una agresiva campaña publicitaria orquestada por porros, policías estales y medios de comunicación, en todo el oriente del Estado de México. En los primeros días de septiembre de 2012, tras el asesinato de un humilde mototaxista de Antorcha en Chicoloapan, en una emboscada en la que resultaron heridos siete más, fue orquestada una campaña de psicosis colectiva en la zona: se cerraron escuelas, negocios y la gente se refugió en sus casas, gracias a que se comenzó a difundir a los cuatro vientos que los antorchistas estábamos matando gente y destruyendo negocios. "Ahí vienen los antorchistas", gritaban los policías estatales a todos los habitantes del oriente mexiquense y los mandaban a resguardarse hasta que "el problema se calme". Programas enteros de radio se dedicaron a "comentar" destrucciones que nunca hubo y a "denunciar" agresiones que jamás existieron. El propio gobierno capitalino, entonces todavía dirigido por Marcelo Ebrard, tuvo que salir a desmentir la "noticia" de que los antorchistas estaban agrediendo a la gente en Iztapalapa. Nada se pudo comprobar. Pero el golpe estaba dado: el alud de acusaciones había ya sepultado los crímenes contra nosotros que quedaron, una vez más, impunes.
Nuestra denuncia del secuestro y posterior asesinato de Don Manuel Serrano Vallejo, padre de nuestra compañera Maricela Serrano Hernández, en octubre de 2013, también fue tapado por una guerra sucia de espectaculares en las vías de mayor afluencia de la capital de la República, el Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Unos días después del secuestro, varias portadas de importantes diarios y revistas nacionales fueron falseadas en computadora para compararnos con criminales de la peor ralea y fueron colocadas en decenas de espectaculares "anónimos", que aparecieron un buen día sin que ninguno de los propietarios de las estructuras usadas quisiera denunciar a quien los puso. Pero la velocidad con que fueron colocados y lo costoso de la campaña, indican a las claras que se trató de un operativo ordenado por funcionarios con mucho poder en el Estado de México.
Finalmente, el pasado 9 de mayo de los corrientes, apareció asesinado, de un tiro en la sien izquierda, el compañero Christian Ramos Melchor, líder antorchista en Atlacomulco, Estado de México, e integrante del Comité Estatal. A este asesinato lo precedió una intensa campaña de pintas y vinilonas con mensajes de muerte contra nosotros en varios municipios del oriente del Estado de México y la capital: Toluca, y lo sucedieron más amenazas de muerte a través de mensajes de celular contra los dirigentes más destacados del antorchismo en el estado, que en sus partes finales dicen así: "Maricela y tolentino el proximo no desperdiciare mis balas bastara una para chingarme a cada uno de los que aquí te menciono sabes bien que es mi molestia y si eres inteligente sabras parar esto. Que descanse en paz cristian" (¡sic!). ¿En contexto político, ahora? La lucha por obras para gente pobre de Nicolás Romero, La Paz, Ecatepec y Toluca; lucha que, obviamente, no ha sido del agrado de los señores presidentes municipales que se creen reyes feudales de horca y cuchillo.
Debo dejar constancia de que sólo he narrado, y de forma muy somera, los hechos más graves; pero todas y cada una de estas campañas criminales han tenido el mismo modus operandi: amenazas de muerte telefónicas contra los dirigentes antorchistas, mensajes de celular amenazantes y soeces, envío de coronas de muerte a los domicilios de varios compañeros, allanamiento de casas de varios líderes y de sus hijos, intentos de asesinato fallidos y otras formas de amedrentamiento psicológico y físico.
¿Y ahora qué? Ante las nuevas amenazas, esperamos que el Gobierno de la República, que encabeza el Lic. Enrique Peña Nieto, haga funcionar los muchos recursos que tiene a su disposición, información política de primera mano, los organismos de inteligencia y el enorme aparato para ubicar y perseguir a delincuentes en el marco de la ley. Si el gobierno federal permite un nuevo asesinato, será culpable por omisión. Que conste.
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