El licenciado López Obrador en su toma de protesta como presidente de México anunció que se sometería a una revocación de mandato, para lo cual tuvo que impulsar una reforma al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019.
A partir de ese momento, la revocación de mandato que es una especie de plebiscito mediante el cual los electores tienen la facultad de ejercer el sufragio para ratificar o revocar el mandato de representantes electos democráticamente, antes de que concluya el periodo de su encargo, representa un derecho constitucional.
Desde luego, que no cuestiono la revocación de mandato como tal, más bien, me identifico con quienes opinan que este procedimiento debe ser concebido como un ejercicio ciudadano tendiente a destituir al que detenta el poder y la autoridad de manera arbitraria y abusiva; estoy con los que señalan que puede ser un instrumento legalmente útil para todos los ciudadanos mexicanos en determinado momento.
Mi desacuerdo es con la revocación de mandato que ha sido impulsada y promovida por el propio presidente de la república y su gobierno, por su partido y por los gobiernos locales afines a la 4T, así como, por la mayoría morenista del legislativo federal, porque han manipulado el procedimiento de tal manera que se contrapone radicalmente con el objetivo de su creación, que, como ya quedó establecido renglones arriba, es destituir a los malos gobernantes a juicio de grupos ciudadanos.
Y no el de engrandecer al gobernante en turno, incluso con acciones fuera de la ley para buscar objetivos distintos a los que establece la naturaleza misma de la legislación que dio origen a la reforma constitucional de revocación de mandato. Comulgo con quienes sostienen que los morenistas quieren utilizar el presupuesto federal de este ejercicio para un marketing político gratis para levantar la popularidad del presidente, que va en decadencia y, sienten muy cerca ya, la elección presidencial de 2024.
Por estas razones y otras que intentaré desarrollar enseguida, es que mi opinión y respuesta a la pregunta de si debemos participar los mexicanos en este engaño del gobierno morenista, es un categórico NO.
Varios son los requisitos que la legislación contempla para consulta ciudadana y, a pesar de que fueron las mayorías legislativas del partido del presidente en las dos Cámaras quienes los establecieron y aprobaron, se han encargado también, de atropellarlos en algunos casos y desconocerlos en otros; como el que establece que el INE es quien de forma directa llevará a cabo la organización, desarrollo y cómputo de la votación; los atentados contra esta norma empezaron con el recorte presupuestal al INE por cerca de cinco mil millones de pesos, a sabiendas de que se realizaría la consulta y la elección para gobernador en seis estados, actitud totalmente injustificada y hasta malévola, que no cambiaron a pesar de la defensa jurídica del Instituto, ante instancias como la SCJN y la SHCP, lo que redundará en una consulta de menor calidad, que se contradice también con el supuesto interés de una mayor participación democrática de los mexicanos, que más bien parece una política preestablecida para justificar el fracaso del proceso.
En cuento al requerimiento de las firmas que debían respaldar la solicitud de la revocación de cuando menos el 3% de la lista nominal de electores, los morenistas exhibieron su verdadera esencia, la deshonestidad, en varios sentidos: primero, utilizaron recursos humanos del gobierno en todos los niveles donde lo mal ejercen; segundo hicieron uso del erario para recabarlas, así como de la amenaza y el chantaje con los beneficiarios de los programas sociales y; tercero, para rematar, llevaron a la práctica procedimientos que criticaron siempre a otros gobiernos, como revivir muertos para que les firmaran su solicitud.
La participación ciudadana deberá ser de cuando menos el 40% de los inscritos en el padrón electoral, para ser vinculante; es decir, si no acude cuando menos el 40% del padrón, los resultados no serán obligatorios y el mandato terminará en el período constitucionalmente establecido; esto constituye un elemento importante para pensar en que el proceso es una verdadera farsa.
La Constitución prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para la promoción o propaganda del proceso, además, el INE y los institutos electorales locales son los únicos órganos facultados para promover la participación ciudadana en la materia. En este aspecto muestran, una vez más, el nulo respeto a la ley y a las instituciones y con un decretazo anticonstitucional, se dan permiso de que todos los órganos y niveles de gobierno que representan hagan uso del dinero de los mexicanos para manipular el proceso de acuerdo a sus intereses.
Otro elemento de gran importancia desde mi modesto punto de vista, para manifestar lo infructuoso de la participación ciudadana en este vil engaño, lo constituye el conjunto de nulos resultados en los problemas principales que nos aquejan a todos los mexicanos, que han sido abandonados por el gobierno, para avocarse de lleno a la promoción de la consulta utilizando los programas sociales en la manipulación electoral para conservar el poder político.
Los mexicanos debemos organizarnos, conscientes de que en nuestro número se encuentra la fuerza, para realizar el verdadero cambio que nuestra patria requiere.
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