En la primera semana de marzo del año en curso, se anunció que una planta de la empresa Tesla, que fabrica autos eléctricos de nueva generación, arribaría a Monterrey. Algunos expertos en la materia se mostraron entusiasmados ante las bondades que dicha inversión representaría para la economía mexicana; sobre todo, en la creación de puestos de trabajo, el aumento de la recaudación de impuestos y el incremento del número de coches de exportación “fabricados en México”. Por su parte, Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, enfatizó que la planta decidió situarse en México porque, a diferencia de Estados Unidos, no hay aranceles a la importación de insumos producidos en China, que son necesarios para el ensamblaje de esos vehículos; así también, por la cercanía que tendría con las instalaciones de la misma empresa en Texas; las facilidades que representa el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); entre otras razones. Este suceso pone en evidencia la necesidad de una política industrial en nuestro país.
El hecho se sitúa en un contexto donde los medios de comunicación y los estudiosos de la economía vislumbran un aumento de la inversión extranjera directa en México, a causa de (1) la preocupación de Estados Unidos por rehacer su industria para hacer frente a la amenaza a su hegemonía mundial por parte de China (y las políticas económicas proteccionistas que se llevaron a cabo con el mismo objetivo); y (2) la preocupación de los empresarios por crear resiliencia en las cadenas globales de valor, cuya necesidad se hizo evidente a raíz del Covid-19 y las fricciones comerciales entre Estados Unidos y otros países. En el primer caso, ya desde principios de 2012 se hizo presente la preocupación del gobierno de Obama por repatriar las empresas que se habían ido de dicho país en busca de menores costos productivos. En 2012, el mandatario estadounidense anunció en el foro Insourcing American Jobs que se llevarían a cabo una serie de medidas para incentivar a las empresas norteamericanas a regresar a su país para aumentar la inversión nacional; estas medidas comprendían incentivos fiscales, así como aumentos presupuestarios en el programa federal SelectUSA, destinado a aumentar la inversión nacional. Más tarde, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EUA, abanderando el lema America first y diciendo abiertamente que en su gobierno se buscaría el re engrandecimiento de la manufactura norteamericana y la disminución del déficit comercial, se impusieron aranceles a China y se renegoció el TLCAN (ahora T-MEC). Con ésta última medida se buscaba incentivar a las empresas que habían venido a México en busca de mano de obra barata, para que regresaran a su nación. En el segundo caso, ante el paro de las cadenas de suministro a causa de la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania, las empresas y los mismos gobiernos nacionales cambiaron sus objetivos de inversión, pasando de la búsqueda de menores costos productivos, a mayor estabilidad y acortamiento de las cadenas de suministro dentro de un mismo país o en lugares cerca de su mercado. Así lo expresó, por ejemplo, el presidente de la empresa Bosch en Estados Unidos, Mike Mansuetti, así como el aumento del número de empresas que anunciaron relocalizarse en Estados Unidos. Esto se hace más importante en la medida en que las interrupciones generan pérdidas de ganancias; se estima que las interrupciones en las cadenas de suministro durante la última década consumieron alrededor del 45% de los beneficios anuales de la empresa promedio.
En la literatura académica se suele creer que las empresas extranjeras que arriban a países subdesarrollados tienen el potencial de incrementar la productividad laboral y el PIB del país de acogida, gracias a (1) la irradiación de tecnología y conocimientos emanados de ese tipo de empresas; y (2) a las “externalidades positivas” que se generan por (a) los encadenamientos productivos de dicha empresa con la industria local que le puede proveer de insumos, o (b) por el aumento de la competencia en el sector en que se inserta la nueva empresa y en los sectores que proveen de insumos a dichas empresas. Sin embargo, este panorama nos muestra que es poco probable que la empresa Tesla genere encadenamientos productivos con las empresas nacionales, puesto que desde un inicio se situó en México por la facilidad para importar insumos más baratos de otros países y por la facilidad de comerciar con Estados Unidos sin restricciones arancelarias o comerciales de otro tipo. Es decir, no es tan apropiado decir que se “producirán carros” en México, sino que se ensamblarán las partes del carro como las maquiladoras de autopartes que ya existen en el país. De hecho, se estima que solo el 20% de los componentes por coche serán producidos en México. Además, queda claro que la decisión de la empresa Tesla de arribar a México no es fruto de una política económica nacional, sino de las políticas proteccionistas de Estados Unidos y de la necesidad de acortar geográficamente las cadenas globales de suministro. Por tanto, puede decirse que al igual que las otras plantas ensambladoras de autopartes que existen en México, la empresa Tesla no generará beneficios en la economía mexicana más allá de los empleos que se generen con su apertura y los impuestos que se puedan recaudar de dicha empresa; en particular, no habrá incrementos en la productividad laboral a nivel nacional, que es un indicador de competitividad de la industria, ni habrá repercusiones directas en el crecimiento acelerado del PIB.
La economía mexicana, de acuerdo con datos del INEGI, ha tenido una trayectoria penosa al menos en los últimos doce años. De 2009 a 2021, la tasa de crecimiento del PIB en promedio fue de 1.8% y la tasa de crecimiento del PIB per cápita, de 0.3%. La productividad ha evolucionado de manera similar: de 1991 hasta 2020 tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de -0.45% y entre los países de la OCDE, México se encuentra en el penúltimo lugar en productividad laboral, solo por encima de Sudáfrica. Como apuntan varios investigadores, este desempeño se explica por la falta de políticas diseñadas para modificar la estructura económica y reforzar la eficiencia, escala y competitividad de la industria nacional, es decir, por la falta de una política industrial que eleve el nivel de competitividad nacional. Esto tiene repercusiones importantes en la vida de la población mexicana porque también es causa de la escasez de empleo, ya no digamos bien remunerado, sino, incluso, solo aquél para absorber a la población mexicana que está en edad de trabajar y quiere laborar; así se explica que más de la mitad de la población ocupada esté laborando en el sector informal, con empleos mal remunerados y sin prestaciones sociales.
Desde la adopción de las políticas neoliberales, obligadas por el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de EUA (conocidas como el Consenso de Washington), México y la mayoría de los países latinoamericanos renegaron de la necesidad de realizar una política industrial activa. Mientras tanto, los países del sureste asiático emprendieron una serie de medidas impulsadas por el Estado para desarrollar su economía. De acuerdo con el reporte Building resilent supply chains, revitalizing american manufacturing, and fostering broad-base growth publicado por La Casa Blanca, China ha empleado estrategias importantes para estimular su producción nacional e insertarse en eslabones de las cadenas globales de valor estratégicas, con mayor producción de tecnologías de avanzada y donde se tienen niveles más altos de productividad. Algunas de estas son, por ejemplo, la inversión pública en I+D, incentivos a la demanda interna, las asociaciones internacionales estratégicas y el apoyo a empresas nacionales en sectores estratégicos para que no sean eliminadas por la competencia mientras están madurando. Otro ejemplo es el de Taiwán en la producción de chips semiconductores, donde el Estado, además de invertir en I+D e infraestructura, dio subsidios para la instalación de empresas, que incluyeron 50% de los costos del terreno, el 45% de la construcción de instalaciones y el 25% en la producción. Algo similar ha ocurrido con Corea del Sur y Singapur.
El problema de no ponerle atención al desarrollo de la industria nacional es que México se ha vuelto dependiente y, al mismo tiempo, vulnerable a los capitales extranjeros. El gobierno se ha atado de brazos y es incapaz de realizar alguna política que afecte directamente los intereses del capital extranjero en México por miedo a que éstos se retiren; así, por ejemplo, se ha aplazado la aplicación de políticas impositivas de mayor trascendencia, se dan concesiones de tierras y otras condiciones, rogando al capital extranjero para que venga a invertir en México. El gobierno en turno no ha sido la excepción; de hecho, desde un inicio se menospreció el crecimiento económico y se prefirió una política de dádivas para comprar votos, por encima de la creación de políticas encaminadas a impulsar la industria nacional y el empleo bien remunerado y dignificante, lo que se tradujo en una disminución de la inversión pública del 19.8% del 2018 al 2023. Fue hasta la última semana de enero de 2023 que la Secretaría de Economía instó a cada Entidad Federativa a realizar su propio plan de trabajo para aprovechar las “oportunidades” que ofrecía la relocalización de algunas empresas extranjeras, principalmente asiáticas, por los problemas que enunciamos ya en párrafos anteriores: las políticas proteccionistas de Estados Unidos y la búsqueda de mayor resiliencia en las cadenas de suministro. Pero de apoyo a la industria nacional, a la micro y pequeña empresa, no se ha hablado. En 2020 se presupuestaron recursos para apoyarlas en dinero contante y sonante, sin embargo, se recortaron recursos dirigidos a mejorar la productividad (como el Programa para la Productividad y Competitividad, con un recorte de más del 95%), al desarrollo tecnológico de software (hubo subejercicio de más del 90% del programa PROSOFT) y activación del empleo (se redujo en 92% el programa de Apoyo al Empleo). Además, en 2021 se recortó el Programa Microcréditos para el Bienestar en 42% en términos reales.
México debe aprender de procesos de desarrollo exitosos como China, Corea del Sur, Singapur y Taiwán. Aunque es verdad que el marco institucional mundial no ayuda mucho para seguir un proceso similar al de estos países y puede generar hasta trabas, es mejor intentar aplicar una política industrial activa. Pero para ello se tiene que involucrar al pueblo organizado que respalde ese proyecto, que dicho sea de paso, es lo que los políticos y empresarios que gobiernan no quieren. De no ser así, las consecuencias de apegarse al Consenso de Washington, que se expresaron en la desindustrialización del país, las seguirán sufriendo el pueblo pobre de México.
*Con autorización del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales
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