No permitamos que la lentitud y la parsimonia de la violencia diaria nos acostumbre y, por lo tanto, nos volvamos un tanto indiferentes ante la ola de violencia derivada del crimen organizado. Son tiempos convulsos. Para algunos estados del país más grave que para otros, pero, al final del día, grave. Por la gran mayoría de michoacanos honestos y trabajadores. En favor de las clases sociales más vulnerables y de quienes contribuyen al sostenimiento del aparato de gobierno, en defensa de ellos conviene no olvidar jamás que Michoacán está herido de muerte.
El segundo estado con más captación de remesas en el año pasado con el 10% del total nacional (Statista Research Departmen) es al mismo tiempo el tercer estado a nivel nacional con más registros de personas desaparecidas, con 952 casos tan sólo en 2020, de acuerdo a datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Segob que encabeza Alejandro Encinas, de los cuales el 90% de los casos se relacionan con el crimen organizado.
Bastante se ha mencionado en los medios de comunicación nacionales y locales acerca de la creciente ola de violencia, derivada de las disputas internas entre las 12 células delictivas que tienen presencia en el estado, como reconoce incluso el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, también se habla del creciente éxodo humano derivado de las disputas entre autodefensas y miembros del crimen organizado en la zona de Tierra Caliente, Costa y Sierra-Costa.
Mencionando sólo de manera breve que el otro éxodo humano es el que se registra desde hace años acerca de los michoacanos que se van a EE. UU. azotados por la pobreza, el otro mal del siglo. De acuerdo con investigaciones del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos (LXXII Legislatura) del Congreso del Estado son cerca de 4 millones de michoacanos viviendo en EE. UU., casi otro Michoacán. Aunque este éxodo no sea tan llamativo como la violencia, también es lacerante.
Atrae la atención que en días recientes (miércoles 20 de octubre) a propuesta de la diputada Margarita López Pérez del Verde Ecologista, se aprobara la creación de la Comisión especial de Investigación y Combate a la Desaparición de Personas y los Desplazamientos Forzados en Michoacán. Comisión que, a decir de la diputada, en un primer momento tendrá la función de elaborar censos y gráficas sobre la cantidad de familias desplazadas por parte de la violencia desatada por el crimen organizado en el estado.
Esfuerzo que, a pesar de ser bien intencionado, no se le ve por donde pueda atacar de manera efectiva este fenómeno social, puesto que, de entrada, dicha comisión no cuenta aún con instrumentos legales ni presupuesto económico para dichas tareas, a lo cual se le agrega el extra de que tendrá vigencia sólo por los 3 años que abarcará la actual legislatura; es decir, que dicho proyecto como tal está todavía en etapa embrionaria, pero que, inclusive, si el proyecto contara con presupuesto y marco legal, ¿no cree usted que se estaría atacando la consecuencia y no la raíz del problema?
El tema va mucho más allá de luchar por nuestros familiares desaparecidos, de los miles de personas desplazadas por el crimen organizado, la esencia del problema tiene que ver también con la podredumbre del modelo económico capitalista. Un modelo económico diseñado para expoliar a las clases trabajadoras y los recursos naturales de las naciones en nombre de la utilidad de los millonarios, los cuales, gracias a esta política económica van permitiendo que surja el monstro del narcotráfico como manera fácil y rápida de tener un mejor estilo de vida, o en muchos casos, tan sólo la manera de sobrevivir.
Por lo tanto, se crea la posibilidad de que a través de la corrupción del aparato de gobierno el fenómeno crezca y se multiplique por cientos de miles en el país y en el estado, un aspecto recomendable para la Comisión de investigación sería obtener el dato de ¿hasta qué nivel el crimen organizado esté infiltrado en las policías municipales?, si el 90% de las desapariciones son relacionadas con el crimen organizado ¿Qué es lo que provoca el crecimiento y poderío del crimen organizado?, ¿Por qué la política de “abrazos y no balazos” del gobierno federal de la 4T?
Algunas respuestas se pueden obtener si observamos los recientes datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 2020: en Michoacán para el año pasado se registran 1 millón 410, 300 personas con algún tipo de atraso educativo y 363 mil 700 personas en pobreza extrema. Y en acceso a la salud y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad los números incrementan sustancialmente. Los michoacanos en su gran mayoría vive mal.
Sin restar méritos a la diputada del Verde Ecologista, su iniciativa en el combate a las consecuencias del narco no se verá acompañada de buenos resultados, sí no es parte de una estrategia nacional y estatal de combatir las lacras sociales con bienestar y desarrollo social, como lo sería incentivar la inversión económica como fuente generadora de empleos, pago de salarios dignos que eviten los éxodos sociales, el fortalecimiento y preparación de los cuerpos policiales y del poder Judicial, la creación y modernización de escuelas, hospitales, calles y caminos, es decir, la dignificación de la vida de los michoacanos, lo demás es una gota de agua en la inmensidad de un desierto.
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