En los últimos años se han incrementado los flujos migratorios de los jornaleros y sus familias de los estados del sur-sureste a las zonas agrícolas desarrolladas del norte y noroeste del país, fenómeno que se repite anualmente. La migración constante a las zonas agrícolas más desarrolladas se ha convertido en una válvula de escape de los pueblos más maginados y pobres del país, colocándolos en una situación desprotegida y vulnerable que los somete a procesos de explotación laboral y discriminación permanente en la mayoría de los campos agrícolas. Los jornaleros ocupados en el sector agrícola a finales del 2017, eran 2 millones 292,053 en todo el territorio nacional (INEGI), el tamaño de la familia migrantes es de 4.9 miembros en promedio, es decir por cada persona que trabaja hay 3.62 personas que no trabajan, que son miembros de la misma familia, este factor repercute en la parte educativa, sanitaria y alimentaria de la familia migrante. Según el estudio PAJA 2003-04, en las 23 regiones agrícolas del país el 47% de los jornaleros migrantes trabajan todo el año como jornaleros y el resto lo combina con otra actividad productiva, esto obliga a una movilidad constante, situación que afecta en el aspecto educativo a los integrantes del núcleo familiar que están en edad de ir a la escuela. La pérdida de empleos, la crisis económica, la pobreza extrema obliga a desplazarse y contratarse como jornaleros en los grandes campos agrícolas, donde se incorporan a niños y niñas migrantes en actividades agrícolas, repercutiendo negativamente en problemas de salud por las condiciones y medios en que realizan la actividad, los riesgos que corren por la actividad laboral y lo inseguro del traslado a los campos. A todo esto se deben enfrentar cotidianamente los jornaleros y sus familias en los productivos y explotadores campos agrícolas.
Esa gran división que ha provocado el neoliberalismo en nuestro país, dividiéndolo en una “región moderna y exportadora para unos cuantos”, que requiere trabajadores temporales y otra con gran rezago social, carente de infraestructura y pocas opciones de ocupación laboral. Por ello, los jornaleros migrantes enfrentan y soportan al llegar a los campos agrícolas; precariedad en el empleo, baja prestación salarial o sin prestaciones, sin jornada fija, ni contrato de trabajo, no hay una continuidad en la contratación, servicios de salud deficientes, sumándole que la mayoría de los albergues a los que llegan son insalubres y carentes de servicios básico, con una alimentación y educación paupérrimas; si es indígena esta condición se incrementa, esta precariedad del trabajo jornalero agrícola genera un contexto de exclusión y vulnerabilidad social para muchas familias. El consumo de alcohol y de drogas en los ranchos se hace abiertamente, en medio de niños y adolescentes. En medio de este ambiente lamentable, doloroso, lastimoso y apestoso deben de vivir los jornaleros y sus familias. Los niños son los que más padecen y sufren estas humillantes e inaceptables condiciones. Así se vive en los productivos campos agrícolas a costa de que los dueños de los ranchos obtengan las óptimas ganancias y pueden seguir disfrutando de esas grandes riquezas que son producto de esa antagónica contracción económica de clase; entre un pueblo empobrecido, una elite adinerada.
La cifra de niños migrantes en los campos, el estado físico y mental que guarda cada uno de ellos en Sonora, es un misterio, dato que muy pocos les interesa conocer y los 20 meses de pandemia han venido a ocultar. El trabajo agrícola en edad temprana y ambiente inseguro en los niños, amenaza a su integridad física, emocional y mental. Pero a pesar de ello, la explotación infantil, existe y en los grandes campos agrícolas del país y de Sonora está presente. La contratación de menores en los campos, se debe, en su mayoría, a que al ser pequeños son más eficientes para algunas actividades como preparación y deshierbe del suelo de cultivo, corte de hortalizas, deshije, desbrote, recolección, selección, empaque, carga y acarreo, y deshoje para el caso de la uva. Solo el 18% de los niños migrantes asisten a la escuela en México, una escasa cantidad de alumnos y alumnas migrantes logran concluir la educación básica. (INIDE) Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación. La educación de los niños en los campos agrícolas, durante la migración temporal o definitiva termina afectando a los niños, en su formación, alejándolo de la escuela, que lo limita en sus actividades recreativas y de descanso. En los campos no hay guarderías o centros educativos donde se les pueda brindar una atención optima a los hijos de los jornaleros menores de 14 años de edad. Los hijos de las familias migrantes deben insertarse en el sistema educativo regular y eso es un error fatal del sistema educativo, debido a la movilidad constante de los niños de un campo a otro. La integración de los niños migrantes a las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y educación media superior. Gloria Ciria Valdez, investigadora del Colegio de Sonora, afirmaba al inicio del ciclo escolar 2020, lo siguiente sobre los niños migrantes. “No sabemos cuántos hay, desconocemos dónde están, qué hacen, en qué situación viven, como llevan la pandemia, si llevan los protocolos de salud dictados por las autoridades”. Para este sector estudiantil, durante el periodo de educación virtual no han tenido acceso a internet, computadoras, los materiales didácticos que les permitan tener acceso al proceso enseñanza aprendizaje. En una palabra, para el Estado, el sistema educativo y la clase gobernante de este país, esos niños no existen y en los hechos tampoco les interesan. Por supuesto, en nuestro país no hay una igualdad de acceso, permanencia y logro en la educación para todos los sectores sociales, con mucho mayor razón, esta desigualdad se manifiesta en los niños migrantes y la mayoría que lo culmina no adquiere los mismos conocimientos en comparación con otros alumnos que estudiaron en centros educativos con mejores condiciones de infraestructura, ubicados en centros urbanos. Existe una gran brecha educativa, los alumnos de los centros educativos migrantes presentan los más altos índices de insuficiencia cuando se comparan con escuelas privadas, los resultados de condiciones materiales, académica y de infraestructura, son abismales. Los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes son el sector social más excluido del sistema educativo nacional, no hay programas educativos específicos para atender una población estudiantil con estas características muy particulares.
Reto de las nuevas autoridades educativas entrantes, porque no basta con reconocer, estudiar el fenómeno, saber que ahí está la problemática latente, que nos hiere, nos carcome, nos destruye y evidencia el clasismo, la incapacidad, deshumanismo y nuestra mezquindad, para atender los problemas educativos de los sectores más vulnerables que, por cierto, producen y cosechan los alimentos que llegan a nuestras mesas; aunque los discursos digan otra cosa, éste en particular exige transformarse, para ello requiere de montos de recursos financieros suficientes que impacten positivamente de forma radical las condiciones y atenciones educativas a estos sectores sociales vulnerables, a nuestros migrantes y sus hijos les debe ir mejor en toda la extensión de la palabra, por eso no debemos descansar hasta conseguirlo. Por eso, invito a todos los sectores sociales, estudiantes, docentes y ciudadanía en general, a que sigamos luchando juntos para que en cada rincón de nuestro estado, donde haya un tema pendiente por resolver, de la índole que sea, lo enarbolemos. Hoy más que nunca es urgente y necesario.
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