La clase capitalista, dueña de la industria, de bancos y del gran comercio, acumula grandes fortunas explotando la fuerza de trabajo y pagando bajísimos salarios, pero no conforme con eso, exige a los gobiernos la privatización de todas las actividades humanas, como la educación, la vivienda y la salud, todo lo convierte en jugosos negocios a costa de los trabajadores.
La política de austeridad no es otra cosa que recortar el presupuesto a la educación, a la vivienda y a la salud, ésa es la respuesta del gobierno a la exigencia de la gran burguesía.
López Obrador repite que aplica la austeridad para acabar con el derroche de las administraciones pasadas, pero hagamos una revisión de la política de austeridad de la 4T en el sector salud y así estar en condiciones de ubicar a los verdaderos beneficiarios del cruel recorte en el presupuesto.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó en el mes de julio, su Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) que reportó un incremento del 40% en el gasto familiar en salud, así como una fuerte caída en la población beneficiaria de alguna institución pública de salud: pasó de 102.1 millones en 2018 a 87.4 millones en 2020. Una tremenda reducción en 14.7 millones de personas.
Esto significa que una alta proporción de familias recurrió a pagar de su bolsillo la atención médica.
Calculan algunos organismos, que el presupuesto público para covid-19 debió haber sido 10 veces superior a los que se ejercieron, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Oxfam y Fundar. Para una respuesta más adecuada a la pandemia en México el presupuesto público en salud debió aumentar en 0.94 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Pero no fue así. Apenas se elevó en 0.097 puntos del PIB y lo que más se hizo fueron reasignaciones del gasto. Por lo que no debe extrañar que las consultas médicas en las instituciones públicas de salud se redujeron significativamente.
Esta realidad, da un dato lamentable: que gran parte de los costos de la pandemia se han estado transfiriendo a los hogares. En 2020, 5 millones de mexicanos tuvieron que pagar más por medicamentos y consultas.
Los gastos familiares en pago de medicamentos se incrementaron en 68% en términos reales.
La insuficiencia de recursos en el sector público afecta más a las familias más pobres. Sobre el gasto de los hogares en salud, se elevó en todos los rubros, pero donde más fue en medicamentos sin receta y material de curación que se duplicó al pasar del 6 al 12% entre 2018 y 2020.
Ante este escenario, es inevitable pensar que si se hubiera aumentado la inversión en salud otra cosa sería, la elevación de los gastos en salud de las familias más pobres, eleva el grado de pobreza y por lo tanto crece el grado de desigualdad en nuestra sociedad, donde unos pocos ganan y la mayoría pierde.
Entonces, ante la insuficiencia de atención y recursos en el sector salud, era de esperarse que la ciudadanía recurriera al sector privado. El número de usuarios del sistema privado de salud pasó de 36.4 millones en 2018 a 46.2 millones de personas en 2020 (CIEP 2021).
Los grandes beneficiarios de la política de austeridad de López Obrador, de la falta de medicamentos, de una atención de calidad de los servicios de salud, de la desaparición del Seguro Popular, son los grandes empresarios de la salud, los dueños de los hospitales privados. Lo que con una mano el Gobierno federal le da al adulto mayor, se lo arrebata la mano del servicio privado. Estamos ante una encubierta pero acelerada privatización de la salud en el país.
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