Los accidentes de trabajo en México ocupan uno de los primeros lugares en el mundo (el segundo lugar en lesiones ocupacionales fatales y el noveno en términos de lesiones no fatales, según la OIT); es decir, donde no se atienden ni se proporcionan, aún a costa de la vida de los trabajadores, las medidas y equipos de seguridad para evitar accidentes.
Un ejemplo es el accidente ocurrido el sábado 18 de noviembre en la construcción de la carretera turística Real del Monte–Huasca, donde cinco trabajadores perdieron la vida y tres más resultaron heridos, de acuerdo con las cifras oficiales; los vecinos de la zona tienen otros datos.
Y, nuevamente, escasos diez días después, una nueva tragedia sacude a los hidalguenses: el pasado 28 de noviembre se registró una explosión en el municipio de Santiago de Anaya que cobró la vida de cinco personas. La muerte llegó, en esta ocasión, a un taller de pirotecnia, en la comunidad de La Blanca, dejando de nuevo, al descubierto, que velar por la seguridad de los ciudadanos que han encontrado en la pirotecnia una fuente de empleo no está en las prioridades de las autoridades.
Lo más fácil es culpar a los artesanos que se dedican a la pirotecnia, acusándolos de trabajar sin las medidas de seguridad, en locales improvisados, de trabajar en la clandestinidad, etcétera. Pero realmente nadie se ocupa de proporcionarles las herramientas adecuadas y todas las medidas de seguridad para evitar tragedias como estas. La Blanca es una comunidad donde la mayoría de sus habitantes se dedican a la pirotecnia, con una tradición de larga data.
Se supone, de acuerdo con nuestras leyes vigentes, que todo gobernante debe velar por la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, que sus resultados se deben medir en estos rubros y también en la capacidad de generar las condiciones para un empleo seguro y bien remunerado para todos sus gobernados.
Lo más fácil es culpar a los artesanos que se dedican a la pirotecnia, pero realmente nadie se ocupa de proporcionarles las herramientas adecuadas ni las medidas de seguridad para evitar tragedias.
Pero en Hidalgo, en la cuestión del empleo, no van bien las cosas; nunca han ido bien, pero ahora tampoco: durante el tercer trimestre del presente año, de acuerdo con la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo), se incrementó la informalidad laboral al pasar de 71.7 a 73.1 %. Somos la tercera entidad del país con mayor informalidad laboral (el primer lugar lo ocupa Guerrero con 77.4 %, seguido de Chiapas con 75.4 %); Hidalgo está 18 puntos porcentuales arriba del promedio nacional (55.1 %), ya de por sí muy alto.
De acuerdo con los datos que nos proporciona el Inegi, a través de la ENOE, la población ocupada en el estado durante el periodo de referencia fue de un millón 490 mil 249 personas; pero de esa cantidad, un millón 088 mil están en el sector informal, y solamente 402 mil (números redondos) cuentan con un trabajo formal; se supone que con las prestaciones de ley. Pero a ese millón 88 mil en el empleo informal, sumemos las personas que se mantuvieron desempleadas: 40 mil hidalguenses (cifra exacta: 39 mil 942).
Además, 33.4 % de las personas ocupadas, es decir, casi cuatro de diez estuvieron bajo condiciones críticas, ya que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a ellas, o bien, trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo.
Así que, los hidalguenses, al no tener opción para ganarse lícitamente el sustento, obviamente, trabajan en lo que encuentran, aún poniendo en riesgo su vida o bien optando por emigrar, también muchas veces a costa de su vida y de la desintegración familiar.
Las tragedias del pueblo trabajador no son fortuitas; son efecto de un sistema social económico donde importa más la ganancia que la vida del ser humano y de un Estado omiso para salvaguardarla, así como sus derechos laborales. Necesitamos un país diferente con un gobierno diferente, que dé mayores oportunidades de empleo y educación a quienes lo sostienen.
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