El 20 de mayo de 2018, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, participó en el segundo debate presidencial sobre las relaciones exteriores de México. En ese debate, López Obrador enfatizó muchos de los mismos puntos que hizo durante el lanzamiento de su campaña y defendió la necesidad de proteger a los migrantes centroamericanos. Anuncio que, de ser necesario, México se acercaría a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para defender los derechos humanos de los migrantes. Prometió reestructurar el Instituto Nacional de Migración (IMN) y negociar una alianza entre los Estados Unidos, México y los países de Centroamérica. Al hablar de Estados Unidos, López Obrador, mencionó la soberanía del gobierno mexicano y su resistencia a hacer el “trabajo sucio” de los Estados Unidos en materia de migración.
Al final de su campaña, el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no sería influido por ningún gobierno extranjero, y mucho menos por los Estados Unidos. Durante su discurso final de campaña en la Ciudad de México el 27 de junio de 2018 proclamó: “México es un país libre y soberano. Nunca será la piñata de un gobierno extranjero”. Desde que asumió el cargo el primero de diciembre de 2018 parecía que cambiaría la política migratoria de México. Inicialmente abogó por un enfoque humanitario hacia la migración, colocando a defensores de los derechos de los migrantes en posiciones políticas clave y ordenando al Instituto Nacional de Migración, emitiera un número sin precedentes de visas humanitarias. La asistencia para el desarrollo para Centroamérica ha sido un elemento central del plan de López Obrador para reducir la migración. Al inicio de su gobierno, presentó el Plan Nacional de Desarrollo. Al presentar el plan, López Obrador anunció que marcó un nuevo camino para México, que se alinea mejor a las necesidades del pueblo mexicano. El plan contiene una sección de tres páginas que se enfoca en la migración, titulada “Migración: Soluciones de raíz”. El Plan Nacional de Desarrollo sugiere que México colabore con los Estados unidos y los países centroamericanos para encontrar soluciones a los problemas de migración. Las soluciones propuestas se centran en mitigar la desigualdad y la pobreza a través del estímulo económico y el desarrollo regional. El plan retrata a México como un país receptor para refugiados y migrantes, y presenta una desviación aguda del enfoque de migración de la administración anterior, del priista Enrique Peña Nieto. Según este documento, la administración de López Obrador garantizará el tránsito seguro de los migrantes a través del territorio nacional e incluye una campaña contra el racismo y la xenofobia en México.
Todos los mexicanos fuimos testigos que, en enero de 2019, a un mes de haber tomado posesión, López Obrador y su gobierno recibieron con gusto las caravanas de migrantes centroamericanos, se les ofreció respeto al libre tránsito, tarjetas de visitantes y visas de trabajo, incluso se le apoyo con transporte, se improvisaron albergues donde se les daba hospedaje y alimentación, parecía que al fin se iba lograr lo que por tantos años los migrantes reclamaron de los gobiernos mexicanos. Esta acción fue percibida con optimismo, como una señal de que el nuevo gobierno y AMLO cumpliría lo que había prometido tanto en su campaña como en sus primeras declaraciones como presidente electo: “hacer de México un país de puertas abiertas y solidario con las personas migrantes”.
Sin embargo, este enfoque humanitario y de respeto a los derechos humanos de los migrantes no duró mucho. Para junio de 2019, en medio de una intensa presión por parte de Estados Unidos, López Obrador doblo las manos, no le quedó otra salida que firmar un acuerdo con el gobierno de Donald Trump, donde México se comprometió a controlar y frenar los flujos de migrantes para que no lleguen a la frontera norte y por tanto no ingresen a los estados Unidos, a cambio de que el gobierno gringo no aplicara aranceles a la importación de productos mexicanos. Con ello, la política migratoria dio un giro radical que la ha hecho regresar a los peores momentos de la historia. En dicho acuerdo México se comprometió a desplegar efectivos para detener a los migrantes, al mismo tiempo que el gobierno mexicano aceptaba que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperaran la resolución de su caso en territorio mexicano, con lo que, de facto, México se convierte en un “tercer país seguro”. Inmediatamente después del acuerdo López Obrador realizo varios cambios institucionales preocupantes, como el paso de las labores de control de la migración a la Secretaría de Relaciones Exteriores; el nombramiento de un nuevo comisionado de migración, Francisco Garduño Yáñez, que venía de dirigir el sistema nacional de prisiones; se aumentó el presupuesto al INM, se incorporaron 850 nuevos agentes migratorios. No obstante, el cambio más relevante en la política migratoria refiere a la agresiva estrategia para frenar y detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. El 30 de junio de ese mismo año se desplegaron los primeros efectivos de la recién creada Guardia Nacional, 6,500 sólo ese día, hasta llegar a 25 mil en el mes de septiembre. Con este despliegue se inició una ofensiva contra los migrantes que incluye la multiplicación de operativos, redadas y retenes de verificación, cuyo curso se han producido violaciones graves a los derechos humanos y hasta muertes de migrantes, así como detenciones y deportaciones masivas.
López Obrador y su gobierno, nuevamente se contradicen, ahora con el delicado tema de la migración. Aunque diga lo contrario le está haciendo el trabajo sucio al gobierno de Joe Biden. Ya no sabe que inventar para justificar la agresión de los integrantes de la Guardia Nacional y del personal del Instituto Nacional de Migración. Recientemente López Obrador defendió la contención que su gobierno realiza en contra de los migrantes, ahora dijo que es para “protegerlos” del crimen organizado. Pero sus palabras chocan con las imágenes y escenas que están viviendo miles de migrantes de Centroamérica en estos días en Chiapas, ya que están siendo golpeados y maltratados como si fueran delincuentes de alta peligrosidad.
Los antorchistas de Campeche y de todo el país, exigimos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que cese a la represión de nuestros hermanos migrantes centroamericanos, que se les auxilie y se les dé un trato digno, respetando sus derechos humanos.
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