No cabe duda de que, en México, abundan los derechos de papel. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla en su artículo cuarto sobre el derecho a una vivienda digna que tiene todo mexicano, y del deber del Estado de hacer que esto se cumpla.
“La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” reza nuestra Constitución. La Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa dice ser “reglamentaria del artículo 4 Bis B fracción XI, de la Constitución Política del Estado, sobre el derecho social de acceso a vivienda adecuada, digna y decorosa para las familias…”. Y dice también, en su artículo 12, fracción XXV que entre las atribuciones de la Comisión de Vivienda del estado se encuentra el “convenir inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población de más bajos ingresos”.
También existe una Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa que detalla cuál es el mecanismo, si no idóneo, cuando menos que se aproxima al espíritu de la Carta Magna; entre los artículos 206 y 210 en las opciones para ofrecer a los sinaloenses vivienda barata contempla el “fraccionamiento de vivienda de servicios progresivos”, que no es más que un terreno dividido en lotes pequeños y que debe contar con servicios de agua, energía eléctrica, pavimento, arboledas, parques y jardines, sin edificaciones ni obra pública completa, mismas que deberán irse completando paulatinamente. Y ojo, muy importante, esta ley dice que “los fraccionamientos de vivienda con servicios progresivos sólo podrán ser promovidos por el Estado y los municipios”.
Finalmente, también existe la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa, misma que estipula la dotación de vivienda por parte del gobierno a las víctimas de este terrible fenómeno que deja, de la noche a la mañana, a las personas sin nada más que lo que llevan puesto encima, y un dolor e ira sumos, que se pueden leer en los ojos de los desplazados.
Así que entre tanta legislación se propone una solución para los sin vivienda y se dice con toda claridad sobre quién recae la responsabilidad de darla, pero ¿qué hay del respeto a las anteriores leyes?
Desde el inicio del gobierno de Rubén Rocha Moya, el Movimiento Antorchista en Sinaloa entregó en su oficina una lista de peticiones que incluye terrenos económicos para familias sin vivienda; posteriormente, los primeros meses de su gobierno, en una reunión con productores del campo en el salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, un comité de antorchistas, del que formé parte, le entregó en mano propia de la misma lista de peticiones al tiempo que le pidió una reunión con él para encontrar respuestas; este fue amable y nos contactó con su secretario particular para programar la reunión; ésta, a pesar de nuestra insistencia, nunca se concretó.
Sabedores de que el pueblo tiene que hacer las antesalas de rigor a que obliga la burocracia mexicana, pues no tiene pase directo con los altos funcionarios, empezamos un largo recorrido por diversas oficinas: CVIVE, SEBIDES, Congreso del Estado, INMUVI, INFONAVIT, INSUS… otra vez y una tercera, cuarta y más veces el mismo recorrido por oficinas municipales, estatales y federales y en todas se repite el mismo estribillo de “vamos a revisar cómo atenderlos”, primero, para después de meses decir que “no hay recursos”. Y así nos ha llegado el segundo año del actual Gobierno estatal.
Al parecer, para los funcionarios que nos han atendido no cuenta la necesidad que tiene la gente, ni los argumentos expuestos docenas de veces, ni los cientos de personas que han visto en sus oficinas; en vano ha sido decir que el hacinamiento y el pago de renta ya no se soportan, que es antiguo el problema, que aqueja a miles y que no se ha ofrecido solución alguna, que se revictimiza a los expulsados a la fuerza de sus comunidades.
Después de tanto tiempo y tantas vueltas, ha quedado claro que las respuestas han sido calculadas para frenar la lucha callejera de la gente, cansarla y desanimarla por la vía de negar las soluciones. Así responde la nueva modalidad de humanismo fundada por el presidente López Obrador a la necesidad humana de tener un techo bajo el cual protegerse.
El argumento de “no hay recursos” no convence a la gente sin casa, ésta sabe lo mucho que se gasta del erario en contratos publicitarios, adquisición de vehículos de lujo, remodelación de oficinas, el subejercicio en el gasto de cada año en que incurren varias oficinas, el sobrecosto de miles y miles de millones de dólares de las obras faraónicas como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, y no cree que no puedan destinarse unos pocos pesos a ayudarle a comprar un pequeño pedacito de tierra donde criar a sus hijos.
En Sinaloa hay al menos cuatro leyes que garantizan el derecho a la vivienda, pero igual número de veces la ley es violada sin ningún pudor; por eso pediremos la atención del gobernador.
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