El 30 de agosto fue el regreso a clases presenciales en casi todo el país; aunque las autoridades señalaron que será de manera gradual y escalonada, con todas las medidas de seguridad y de manera voluntaria, se espera que haya una afluencia considerable a las aulas. Como se ha señalado, nadie pone en tela de juicio la necesidad de regresar a los salones de clases, pero este no es el momento, pues la situación de la pandemia ha empeorado (recordemos que el pasado 18 de agosto se contabilizaron casi 29 mil contagios en tan solo 24 horas) y no hay condiciones materiales en las escuelas para su reapertura, asunto en el que quiero enfocarme en esta colaboración.
Tras más de un año del cierre de las escuelas, la gran mayoría quedaron en el abandono y la indefensión. La misma secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, reconoció la semana pasada que, de las 265 mil escuelas existentes, más de 10 mil habían sido vandalizadas, aunque acotó que ya fueron atendidas más de cinco mil gracias al apoyo de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, la organización Mexicanos Primero señaló que ellos tenían registrados 11 mil 54 planteles robados o vandalizados en los 17 meses del cierre a raíz de la pandemia (El Universal, 13 de agosto).
A unos cuantos días del retorno a las aulas, muchos centros educativos ni siquiera contaban con los servicios básicos necesarios. El diario El Sol de México informó, en su edición electrónica del pasado 20 de agosto, que incluso en las escuelas privadas la situación no era mejor que en las públicas. “Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), de los 20 mil 496 planteles privados de primaria, secundaria y bachillerato que hay en el país, mil 428 no tienen acceso al agua, mil 279 no tienen posibilidades de ofrecer lavado de manos y mil 203 no cuentan con sanitarios”, detalló el medio de comunicación. Pero no es el único problema, porque también hay escuelas sin energía eléctrica. Tal es el caso de San Luis Potosí, donde el responsable educativo estatal, Joel Ramírez Díaz, dijo que 400 escuelas no tenían luz, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio por falta de pago, según reseñó el periódico local El Sol de San Luis.
Pero si alguien esperaba que este panorama de desolación en los centros educativos y el aumento de la pandemia iba a detener el regreso a clases presenciales, se equivocó. Por el contrario, a cada nuevo cuestionamiento, el presidente de la República y los responsables federales y estatales de educación se empeñaron en regresar el 30 de agosto a clases presenciales sí o sí.
No se necesita ser un genio para darse cuenta que si el gobierno, en sus diferentes niveles, y la iniciativa privada, que también tiene escuelas, no pudieron cuidar las instalaciones y arreglar los desperfectos en todo el tiempo de la pandemia, además de que será imposible seguir rigurosamente el protocolo de sanidad para un regreso seguro a las aulas. A esto agreguemos el alto riesgo de contagio de todos aquellos estudiantes que utilizan el transporte público. La situación no deja lugar a dudas: el regreso a clases presenciales es altamente peligroso y el deterioro en las condiciones materiales de las escuelas condicionará negativamente el proceso de enseñanza.
Nuestros niños y jóvenes están en peligro por la irracionalidad de quienes gobiernan este país; por la tozudez de abrir las escuelas a capa y espada a pesar de todas las condiciones en contra; y por la incapacidad de un señor que se siente iluminado y destinado a hacer historia, aunque en el fondo no sea más que un político lleno de prejuicios, que retuerce la lógica para imponer sus intereses. No es el único culpable. En este saco también entran todos los oportunistas que quieren quedar bien con el mandatario, ya sea por miedo o por interés, que para el caso da el mismo resultado. Si las cosas se salen de control (algo que nadie desea, pero que es altamente probable), ellos serán los culpables, nadie lo olvide.
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