La revocación de mandato fue propuesta por el presidente López Obrador casi desde que comenzó su mandato. Este proceso fue añadido al artículo 35 de la Constitución, en su fracción IX, el pasado 20 de diciembre de 2019, junto con las “famosas” consultas populares. Recordemos que el pasado 1° de agosto se llevó a cabo la consulta para enjuiciar a los expresidentes, la cual tuvo un costo de 528 millones de pesos, y en la que participaron 6.6 millones de ciudadanos (el 7.10% de la lista nominal) de los cuales el 97.72% eligió el “sí”, pero como no participó al menos el 40% de la lista nominal “no será vinculatorio”, en otras palabras, no se hará nada. Hasta el momento todo sigue sin ninguna acción, pareciera que al presidente “se le olvidó el asunto”. Pareciera, pues, que no era necesaria la consulta y que lo que seguía era continuar sin hacer nada.
Regresando al tema de la revocación de mandato. “La Ley Federal de revocación de mandato”, publicada el 14 de septiembre del presente año, la cual tiene como propósito reglamentar la fracción IX, del artículo 35 de la Constitución, define este proceso en su artículo quinto, como “el instrumento de participación, solicitado por la ciudadanía, para determinar la conclusión anticipada, en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.
Esta petición deberá presentarse, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de mandato, siempre y cuando la solicitud este avalada por un mínimo del 3% de la lista nominal de electores, con ciudadanos que correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas. Para que pueda proceder en el proceso deberá haber una participación de, por lo menos, el 40% de los votantes. Le corresponderá al Tribunal Electoral emitir la declaratoria de revocación, y deberá asumir provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso.
¿Vale la pena realizar la consulta? La respuesta es no, de hacerlo la Tesorería de la Federación gastaría 3,830.4 millones de pesos que bien se pueden utilizar para beneficiar al campo, a la compra de medicinas, a la educación, a los más vulnerables. No hay razón para que se dé satisfacción al capricho del presidente que, con su iniciativa busca, según él, “ser democrático”, lo cual es una falacia del tamaño de sus fracasos como mandatario, la otra es darle motivo para seguir en campaña y no gobernar al país en pro de todos los ciudadanos.
¿Nos conviene o no una quitar al presidente a la mitad del camino? La respuesta es no, pues de hacerlo solo le daríamos un pretexto para poder justificar los nulos resultados favorables a favor del pueblo de México, pues no ha podido resolver ni uno solo de los problemas que aquejan a todos los mexicanos: la inseguridad va en aumento y el crimen organizado sigue afianzando su poderío; el desempleo empeora, la inflación crece, el precio de las gasolinas no disminuyó, sino que ha presentado aumentos, no hay medicinas, etc. Además, la próxima persona que ocupe el cargo durante el tiempo restante, qué podrá hacer sino tratar, en el mejor de los casos, de no empeorar más las cosas.
Son varias las condiciones para que se dé el banderazo y se proceda o no a la consulta que, en caso de que así fuera, al presidente no le preocupa, pues sabe bien de su popularidad, que de acuerdo a la consultora Mitofsky se encuentra en el 63.6% de aprobación (dato del 24 de octubre), por lo anterior, el presidente busca seguir guiando las plumas y cámaras de acuerdo a su voluntad. Ya veremos el desarrollo de esta noticia en los próximos días.
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