En septiembre del año pasado, el presidente de la República anunció la entrega de un documento que propone una reforma al sistema de pensiones de los trabajadores, particularmente a la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con tres cambios fundamentales: reducir el numero de semanas de cotización de las prestaciones de cesantía en edad avanzada y vejez de 1250 semanas a mil semanas; incrementar la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5 por ciento a 15 por ciento, incluyendo cuota social; y por último, aumentar el monto de la pensión garantizada que se otorga a los trabajadores.
Hasta aquí, pareciera que con estas modificaciones para las pensiones de los trabajadores mexicanos son positivas y que, al momento de dejar de trabajar, todo el desgaste laboral que han sufrido se vería compensado con un buen pago de su pensión.
En ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó con base en una jurisprudencia que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) no podría para determinar la cuota, por lo que se estimaba que los jubilados podrían ver incrementadas sus pensiones hasta en un 20%, según la Corte la UMA no puede aplicarse por tratarse de una prestación de tipo laboral regida por el Salario Mínimo (SM), esta medida se tomó luego de que en 2016 varios pensionados vieron reducciones en sus percepciones luego de la aplicación de la UMA para determinarlas.
La UMA se utiliza desde el 2017 como índice de referencia, medida o base económica para determinar en pesos el pago de obligaciones, créditos Infonavit, multas, impuestos o deducciones personales, sustituyendo el esquema de Veces el Salario Mínimo (VSM), y así contribuir a las mejoras salariales sin que aumente al mismo tiempo el pago de obligaciones fiscales. El encargado de fijar dicho valor es el INEGI tomando en cuenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), cada año. Para fijar su valor mensual se multiplica el valor diario de la UMA por 30.4 y su valor anual por 12.
Así pues, la Corte determinaba que no era viable el cálculo de las pensiones tomando como base el valor del SM y no de la UMA, por el carácter de origen laboral que tiene. El valor de la UMA era 84.89 pesos mientras que el salario mínimo estaba en 102.68 pesos.
Las cosas en el último año han cambiado, pues de forma general, mantener la fijación de una pensión con base en el salario mínimo debe ser benéfico para la mayoría de los trabajadores mexicanos. Sin embargo, la Segunda Sala de SCJN ha determinado que el tope máximo de una pensión o jubilación para trabajadores al servicio del Estado sea establecido con un máximo de diez UMA y no con base al salario mínimo; cosa en la que por supuestos el magisterio del país no está de acuerdo.
Los docentes del país, sobre todo aquellos que realmente tienen vocación de servicio para educar y enseñar a los jóvenes de México, requieren de justicia, que realmente se reconozca el esfuerzo que han realizado a lo largo de su carrera como docentes. Y aunque es verdad, que se requiere de un profundo cambio en la forma de enseñar porque la reforma educativa sigue estando igual o peor, el gobierno federal debe considerar muy bien el efecto que está tendiendo en algunos sectores laborales la reforma de López Obrador, a las pensiones.
México necesita un verdadero cambio, una verdadera reforma educativa y laboral más efectivas, donde todos salgan beneficiados, primero las niñas, niños y adolescentes, como estudiantes hijos del pueblo con conciencia crítica y científica; luego los docentes que gracias a su vocación, a su espíritu, ímpetu, y enfrentándose a todas las adversidades incluyendo la pandemia, se han arrojado a los rincones del país a educar a los hijos de los trabajadores, a los hijos del pueblo; y tengan así, asegurada una pensión y jubilación justas, frutos del gran trabajo que realizan en favor de los mexicanos.
Si la UMA determina la jubilación o pensión de los trabajadores de México atentaría contra la vida y sacrificio que estos han dejado a lo largo de su actividad laboral, esforzándose para generar una riqueza enorme que ha sido mal distribuida; eso dejaría en la pobreza a todos aquellos que dejaron lo mejor de su vida en las fábricas y en las aulas, por un mejor país. El gobierno de la 4T debe crear reformas profundas que realmente sirvan a los más desprotegidos, al fin y al cabo, es la “esperanza de México”.
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