La situación actual en Chilpancingo, la capital de Guerrero, es un claro reflejo de la creciente violencia y la falta de gobernabilidad que afecta a la entidad. A pesar de que Guerrero ha sido durante décadas uno de los estados más violentos de México, con altos índices de homicidios, la capital solía mantenerse relativamente alejada de los “conflictos”. Sin embargo, en los últimos dos años, la disputa por el territorio entre grupos criminales ha exacerbado la violencia en esta ciudad.
En lo que va del año, Chilpancingo ha concentrado el 7% de los homicidios de Guerrero, lo que la convierte en la tercera localidad más violenta del estado, de acuerdo al reporte mensual que dio la secretaria de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Velázquez Rodríguez. Esto es sumamente preocupante, especialmente considerando que la capital cuenta con una importante presencia de fuerzas militares y policiales (que no sirven para nada, por cierto). Resulta increíble que, a pesar de contar con este despliegue de seguridad, las autoridades demuestren impericia, desconocimiento y desconcierto frente al modus operandi de los grupos delictivos.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha señalado que los hechos violentos en Chilpancingo son una clara muestra de cómo la delincuencia ha tomado el control de la ciudad. Es inconcebible que la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz carezca de información detallada sobre las rutas y modos de operar del crimen. Esta falta de conocimiento impide el diseño de intervenciones inteligentes y contundentes para combatir eficazmente la violencia.
Es evidente que la capital del estado se ha convertido en un enclave estratégico para varias organizaciones criminales que controlan las rutas y el territorio. Según un informe oficial, en Guerrero existen al menos 16 grupos delictivos disputando el control. Esta proliferación de grupos delictivos evidencia la falta de seguridad y la incapacidad de las autoridades para mantener el orden en la región.
La falta de gobernabilidad en Guerrero es un problema serio y persistente. El crimen ha logrado obtener poder político, lo que le permite negociar con alcaldes y ayuntamientos. Ya no se trata solo de municipios pequeños, sino que incluso en la capital del estado, Chilpancingo, los grupos criminales han establecido acuerdos con las autoridades locales.
Es muy preocupante que las recientes manifestaciones masivas en Guerrero puedan indicar la irrupción de una protesta campesina popular incentivada por los actores de la criminalidad organizada. Estos eventos deberían ser investigados de manera exhaustiva por la Fiscalía General de la República. Lamentablemente, la falta de acción de la fiscalía ha sido una constante en este sexenio, lo que ha contribuido al deterioro de la seguridad y el Estado de Derecho en el estado.
Los datos hablan por sí mismos: de enero a junio de este año, se registraron 800 víctimas de homicidio doloso en Guerrero, lo que representa un incremento del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, según el World Justice Project, Guerrero se ubica en el lugar 30 de 32 estados del país en cuanto al cumplimiento del Estado de Derecho. Estas cifras son alarmantes y reflejan la urgente necesidad de abordar la situación en Chilpancingo y en todo el estado de Guerrero.
Recientemente, el gobierno de Guerrero llegó a un acuerdo con los manifestantes que bloquearon la autopista del sol durante dos días. A cambio de la liberación de la autopista y de 13 funcionarios retenidos, se acordaron demandas relacionadas con carreteras, pavimentaciones y seguridad para el transporte público. Si bien es positivo que se haya llegado a un acuerdo, es necesario abordar las causas subyacentes de estos problemas, como la falta de gobernabilidad y la infiltración del crimen organizado en las instituciones.
La situación en Chilpancingo es un claro reflejo de la violencia y la falta de gobernabilidad que afecta a Guerrero. La capital del estado se ha convertido en un enclave estratégico para grupos criminales que controlan el territorio, mientras las autoridades muestran una preocupante falta de conocimiento y respuesta ineficaz ante la delincuencia. Es fundamental que se tomen medidas urgentes para combatir la violencia, fortalecer el Estado de Derecho y recuperar la gobernabilidad en la región. Solo así podremos brindar seguridad y justicia a los habitantes de Chilpancingo y de todo Guerrero.
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