El proceso de industrialización en nuestro país -como en todas las sociedades capitalistas- trajo consigo un proceso de desplazamiento de grupos humanos que residían en el campo a grandes centros urbanos; la razón estriba en que la sociedad capitalista que entraba en un tren de desarrollo económico en el México posrevolucionario había roto la hegemonía de los pueblos autosuficientes e impulsaba, al mismo tiempo, a los otrora campesinos a vender su fuerza de trabajo para así adquirir un salario y con ello acceder a sus medios de vida. Este proceso tuvo su auge en la segunda mitad del siglo XX: en 1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en localidades urbanas, en 1990 era de 71 por ciento y para 2010, esta cifra aumentó a casi 78% (Inegi). Es decir, la migración del campo a la ciudad no tuvo motivaciones puramente voluntarias, fue una necesidad económica; permanecer en el campo significaba condenarse a la precariedad; los centros urbanos, pues, era la aglomeración de población de mano de obra (incluida la calificada) para sostener del desarrollo industrial y de servicios.
Ciudad Valles, en San Luis Potosí, es una ciudad que creció vertiginosamente bajo esta dinámica. Fue un centro urbano que recibió grandes grupos indígenas de la zona de la Huasteca, primero a costa del crecimiento de la industria azucarera, luego por la aparición de su actividad industrial y, sobre todo, la de los servicios: el desarrollo turístico y comercial; hoy siete de cada 10 trabajadores vallenses se ocupan en este sector, en contra parte, de uno de cada 10 que dependen de la actividad agropecuaria, Por eso, es el tercer núcleo urbano potosino en importancia. El Inegi la reconoce como la ciudad que más ingresos brutos tiene anualmente, tan solo por detrás de la Capital Potosina y Soledad de Graciano Sánchez. Esto ha implicado un permanente crecimiento poblacional.
Los datos más recientes indican que Ciudad Valles tiene, por aquella razón, dificultades de servicios de vivienda: sólo siete de cada diez viviendas son propias; el resto o son prestadas o rentadas. La carencia de vivienda se ha traducido en brote de asentamientos humanos irregulares; gente de escasos recursos económicos que buscan un lugar donde vivir los ha empujado a ser víctimas de abusos de algunos personajes ambiciosos, muchos relacionados con la política local, para adquirir lotes sin ninguna documentación oficial.
La localidad de Buenos Aires es el caso típico. Una zona donde actualmente habitan 700 familias, sin servicios básicos: ni energía eléctrica, ni agua potable, ni mucho menos servicios de salud. Antes conocido como Ejido “Plan de Ayala”, la colonia Buenos Aires fue poblada cuando aún este territorio era considerado como reserva territorial del municipio de Valles. Para frenar el poblamiento desordenado, por arte de magia, en los años 90, cambian su uso de suelo a ejidal, es decir, aun con hogares instalados, las autoridades de aquella época deciden cerrarle la puerta a la regularización de forma definitiva. Pero esto no detuvo la conformación del asentamiento. Comienza un fraccionamiento ilegal a principios de la década del año 2000, donde fraccionaron, vendieron y revendieron a solicitantes de vivienda que ocupan, en la mayoría de los casos, esos espacios en un acto de buena fe y no como una invasión. A este negocio, a costa de los precaristas, se sumó la raja política. Presidentes municipales que alientan la invasión “por debajo del agua” o que solapan la llegada de liderazgos que no contribuyen a solucionar el problema, sino a postergarlo para obtener dividendos electorales. Este aterrizaje de grupos políticos genera inestabilidad: enfrentamientos, intentos de desalojo ilegales, abusos de poder, en fin, ingobernabilidad. Esto a ojos de la autoridad municipal y estatal.
El Movimiento Antorchista en esa ciudad organizó a un número importante de familias para, con ellas, iniciar el trámite de regularización. El problema lo conocen, de primera mano, funcionarios del gobierno estatal actual, quienes se han comprometido a intervenir de forma decisiva. Ellos están de acuerdo en que la regularización no solamente genera certeza jurídica sino que también garantiza la posibilidad introducir servicios básicos y mejorar significativamente, con ello, la calidad vida de sus habitantes. A finales del año pasado refrendaron su palabra. Los habitantes de Buenos Aires necesitan de un gesto de buena política y humanismo, urgentemente, la palabrería sin hechos, sería un acto vil e inhumano.
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