Las erróneas políticas para la educación, del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, en lugar de acercarnos a lo que estipula el artículo tercero de la constitución mexicana, en cuanto a lo obligatorio y gratuito de la educación, nos aleja de este objetivo.
La reducción del gasto destinado a la educación es una medida aplicada, cada año, por parte del Gobierno federal en turno, pero se ha profundizado en los hechos, en los dos últimos años, y particularmente en el año 2022, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (ciep), el gasto en educación ha sido el más bajo de los últimos 12 años respecto al Producto Interno Bruto (PIB).
En el segundo informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública, que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre enero y junio de 2022, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pasó de tener un gasto programado de 183 mil 900 millones de pesos a recibir solo 158 mil 973 millones de pesos, es decir hubo una reducción de 24 mil 926 millones de pesos a los previamente aprobados, que representa una reducción del 17.9 por ciento del presupuesto original. Según el CIEP del gasto que se ejerció en este año, el 60%, se destinó al pago de nómina, mientras que apenas el 23 por ciento fue a parar a la inversión física en educación.
La SEP ejerció 29 mil 572 millones de pesos menos que en el año 2021 y, para completar el cuadro tuvo subejercicio de 25 mil millones de pesos, es decir, teniendo el dinero no lo gastó en el cúmulo de necesidades que existen. Tenemos por ejemplo, que del total de las escuelas en nuestro país, el 15 por ciento carece de sillas; el 10 por ciento no tiene baños; 40 por ciento no cuenta con computadoras; 8 por ciento no tiene energía eléctrica; 1 de cada 10 no tiene pizarrón; 2 de cada 10 no tiene escritorio y silla para el maestro; el 25 por ciento se ubica en salones adaptados para dar clases y; más del 50 por ciento no cuentan con salidas de emergencia, ni zonas de seguridad para sismos.
La desaparición de las escuelas de tiempo completo fue otro atentado artero contra la niñez y la juventud más vulnerable de nuestro país, porque el 70 por ciento de las escuelas que se beneficiaban con este programa estaban en zonas indígenas y rurales y, el 55 por ciento de los menores beneficiados estaban por debajo de la línea de pobreza, por lo que se dejaron de alimentar a 3 millones 600 mil niños en esta condición. Este programa también proveía de clases suplementarias como música, danza y baile folclórico, así como el arte en general, lenguas extranjeras y deportes. Y todo se fue a la basura.
La consecuencia de esta política errónea y contraria a los estudiantes más pobres es la deserción escolar que después de la pandemia se agudizó, según datos oficiales rondan el millón y medio los escolapios de educación básica y media superior. En cuanto a la educación superior en México solo el 17 por ciento de los jóvenes logra estudiar la universidad, este porcentaje coloca al país en los últimos lugares del número de estudiantes de educación superior entre los países de la OCDE, cuyo promedio es de 37 por ciento.
La desigualdad económica, la pobreza, la falta de espacios en las universidades y el rezago educativo son algunas de las causas que dejan cada año a miles de jóvenes fuera de las instituciones públicas mejor posicionadas en México.
Estos datos demuestran que al gobierno federal y, por ende, a la SEP le interesa menos que un comino, la educación de la niñez y de la juventud mexicanas.
En cambio, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), del que depende la construcción del Tren Maya, recibió 20 mil 901 millones de pesos más del monto aprobado inicialmente, la vía férrea de casi mil 600 kilómetros que atraviesa la Península de Yucatán está muy por encima del presupuesto inicial y podría terminar costando hasta 20 mil millones de dólares, un 70 por ciento más de lo planeado; la dependencia a cargo de la refinería de Dos Bocas duplicó su presupuesto y recibió 45 mil 953 millones de pesos más, también se ha visto cómo su costo se ha disparado fuera de control para alcanzar cerca de 18 mil millones de dólares, duplicando con creces su precio original. Lo que indica que las prioridades del gobierno no son los niños y los jóvenes estudiantes, sino sus obras faraónicas.
El desarrollo de un país está íntimamente ligado a su educación, a la inversión en este sector para promover el crecimiento y el desarrollo científico. Pero en México el estado abandona, con alevosía y ventaja este sector al reducir los recursos y, el resultado es, que la educación en México carece de calidad, de infraestructura, y de programas y presupuesto para la preparación de los docentes.
Para rematar: el plan de estudios 2022 de la sep, es un plan de adoctrinamiento ideológico en beneficio del gobierno de la cuarta transformación y no un plan para mejorar la educación; al proponer sustituir los grados académicos por fases de aprendizaje y campos formativos, sin explicación concreta de cómo será la evaluación de los alumnos. Una verdadera tomadura de pelo.
Lo que el presidente y su nueva secretaria de educación deben hacer, es plantear claramente, cómo será abatido el rezago educativo en el que se encuentra nuestro país y que se profundizó con la pandemia.
Porque se trata del futuro de millones de niños y jóvenes mexicanos, que de no corregirse esta situación seguirán engrosando las filas del trabajo infantil, la trata de blancas y los ejércitos del crimen organizado. Y esto nos conduce rápidamente a la completa descomposición social, que está en marcha.
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