MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

La 4T reduce drásticamente el registro de desaparecidos

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En el año 2010, Marisela Escobedo buscaba desde dos años atrás, al asesino de su hija de tan sólo dieciséis años, Rubí Frayre Escobedo. Marisela no pudo encontrarlo. Fue asesinada de un balazo en la cabeza cuando se manifestaba frente al palacio de gobierno en el estado de Chihuahua.

Hoy la cosas están peores. 

Miles de familias no saben el paradero de un familiar. En medio del clima de impunidad y falta de apoyo de las autoridades de Gobierno, cientos de mujeres han tenido que organizarse en grupos que realizan labores de búsqueda y cuyo destino se torna gris al tener que enfrentar el duelo continuo y la búsqueda incansable. La esperanza las mueve y recorren grandes distancias buscando a sus hijas e hijos, por ciudades, pueblos, carreteras, ríos, montañas… 

Aunado a ello, tienen que enfrentar el acoso y la muerte en muchos casos por los grupos delincuenciales. El domingo 21 de mayo, por ejemplo, Yesenia se encontraba fuera de su casa en el municipio de Arivechi, Sonora, cuando varios sujetos se la llevaron en una camioneta blanca.

Yesenia tuvo suerte para contarlo, pues fue liberada, golpeada, pero sigue viva, algo que no ocurrió durante 2022 cuando cinco activistas pertenecientes a estos colectivos de búsqueda fueron asesinadas, sumándose a la cifra de diez rastreadoras asesinadas en la búsqueda de sus familiares.

“En México, miles de familias inician el 2024 en busca de alguna de las 113 mil 820 personas desaparecidas en el país, 11 mil 905 de ellas reportadas durante los 12 meses de 2023, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, se comentó en Radio Fórmula.

Con la actual administración existe una alta impunidad en el delito de desapariciones, pues no hay interés por parte del gobierno para buscar a las víctimas, y las familias que han perdido a un ser querido tienen que aguantar su ausencia.

El presidente de la república “decretó” que “a los delincuentes hay que protegerlos, porque también son seres humanos” y hay que aguantar sus ocurrencias como la de que la delincuencia se combate con "abrazos no balazos", con la que justifica su ineptitud y quizá su complicidad con las bandas criminales. Las autoridades están rebasadas por la violencia y no ofrecen soluciones efectivas para contenerla.

Las familias a las que el crimen les ha arrancado a un integrante se encuentran indefensas ante la ineficiencia e insensibilidad del presidente.

De acuerdo con Infobae, Karla Quintana, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) acusó al gobierno de López Obrador de realizar un nuevo censo oficial con el objetivo de reducir la cifras de reportes de personas desaparecidas y así disminuir la gravedad del problema.

El 31 de julio del año pasado, López Obrador habría asegurado sin fundamento que la cifra de desaparecidos era menor a lo mencionado por la CNB, y anunció una actualización de la lista que se obtendría a través de un censo “casa por casa” que llevarían a cabo los servidores de la nación, dependientes de la Secretaría del Bienestar.

Este censo ordenado por AMLO ha sido ampliamente rechazado por colectivos de familias de personas desaparecidas. Los miembros del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y otros en el país, señalaron a través de un comunicado lo siguiente: “Las familias que tiene seres amados desaparecidos nos sentimos traicionados por las mentiras que se dijeron durante su conferencia matutina el pasado 14 de diciembre; lo que ahí se declaró nos roba la verdad y la justicia a la que tenemos derecho y por la que hemos luchado”.

Asimismo, reclamaron la violencia y descalificación sobre la cantidad de personas desaparecidas, “mediante generalizaciones engañosas”, realizadas por el presidente. También señalaron que las cifras del censo del presidente están amañadas, pues según la propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, existen sólo 12 mil 377 personas desaparecidas. 

De acuerdo con Alcalde, quien también maneja sus propios datos, hasta agosto de 2023 sólo había 110 mil 964 personas desaparecidas, de las cuales 16 mil 681 (15 %) fueron personas localizadas; 17 mil 843 (16 %) fueron ubicadas; 26 mil 90 (24 %) son registros sin datos suficientes para identificar; 36 mil 22 (32 %) son registros sin indicios para la búsqueda y 12 mil 377 (11 %) confirmaciones de desaparecidos. 

También familias de desaparecidos en la frontera norte de México denuncian el abandono de las autoridades para buscar a las víctimas, en medio del rechazo por el nuevo “conteo” de desaparecidos que impulsa AMLO. 

El Universal publicó el 6 de enero de 2024 lo siguiente: “Tras documentar 122 casos de personas desaparecidas que fueron borradas del registro, el Colectivo 10 de marzo, de Reynosa, Tamaulipas, inició los procesos legales para que sus familiares se incluyan en listados oficiales, pues aunque cuentan con reportes de búsqueda y denuncias ante la fiscalía local no fueron considerados”, Ojalá prosperen sus denuncias legales. 

¿Qué pueden esperar las familias afectadas del presidente López Obrador, quien está metido hasta el cuello entre mentiras, calumnias y demagogia? AMLO y Gobierno están preocupados por seguir engañando al pueblo, mientras las familias a las que el crimen les ha arrancado a un integrante de su núcleo se encuentran indefensas ante la ineficiencia e insensibilidad de un presidente al que le preocupa más el bienestar de los propios delincuentes y al que las desapariciones, violencia contra las mujeres y asesinatos de mexicanos no significan más que cifras que le urge maquillar para que su popularidad no caiga, porque a Morena lo único que le importa es ganar las próximas elecciones. Así las cosas.

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