Chetumal. - La carestía de la vida y la falta de oportunidades laborales con salarios y prestaciones decorosas, están obligando a los jóvenes de tener que emplearse para ayudar con el gasto familiar, pero a un costo muy grande como lo es la facilidad de acceso a la educación, lo que sin duda frenar sus posibilidades de aspirar a mejores condiciones de vida, expuso Yari Ajanel Alejo, responsable de Antorcha Estudiantil en Chetumal.
No podemos ignorar la información y la advertencia del grupo “Enseñanza por México”, cuyo titular Jorge Carmelo Rodríguez, alertó de que en Quintana Roo, dos de cada 10 adolescentes y jóvenes son parte de los grupos vulnerables, por lo que se ven obligados a trabajar para poder continuar con sus estudios de preparatoria y universidad.
Y coincidimos con que, si bien esa cifra no es tan grave como en otros Estados, como en Chiapas, donde la proporción es de cinco de cada 10, sí es preocupante por el hecho de que se está violentando uno de los principales derechos de los infantes: el tener facilidades de acceso a la educación.
Son datos oficiales, obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre explotación y trabajo infantil, así como del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que deben alertar a las autoridades y evitar, con algún tipo de acción o programa gubernamental, abandonen las aulas para irse a trabajar en apoyo a la economía familiar.
Y señalan que el 23.2 por ciento de la población de entre 12 a 21 años está estudiando gracias a que trabaja por sueldos de apenas 800 pesos semanales. Y es que debido a su edad o inexperiencia son contratados en el sector informal, donde no les pagan siquiera el salario mínimo.
Y la mayoría de estos infantes y jóvenes viven en la periferia de las grandes ciudades como Cancún y Playa del Carmen que viven en situación de pobreza.
“Es difícil de lograr –aceptó--, pero algo hay que hacer para que se respete el derecho de los niños y jóvenes, que hoy vemos en las calles de Quintana Roo realizando diversos trabajos, a la educación y eso bien lo pueden hacer los legisladores locales, con alguna ley que garantice la asistencia a los planteles educativos”.
No podemos permitir que nuestros niños y adolescentes, para carencias económicas, pierdan la oportunidad de obtener una educación que les facilite y les abra puerta en un futuro no muy lejano, tal y como lo garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concluyó.
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