En las últimas semanas hemos sido testigos del gran poder de destrucción que la madre naturaleza despliega a traves de las lluvias intensas habidas en buena parte del territorio nacional. Las imágenes y videos que circulan en los medios de información y las redes sociales dan cuenta de los grandes daños materiales y humanos como en los casos lamentables de Tula, Hidalgo, y en los deslaves del cerro del Chiquihuite en el Estado de México.
A su vez, en el estado de Morelos, también se han padecido las inclemencias del tiempo, como recientemente sucedió en la zona oriente del estado, afectando a los municipios de Tlayacapan, Cuautla y Ayala, fundamentalmente. En declaraciones recientes el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, señaló que la administración estatal cuenta con un fondo de 30 millones de pesos para atender la contingencia actual y futura, pero aún no se tiene una estimación detallada de los daños materiales en viviendas, carreteras, etc. Además, apuntó, que ese monto es todo con lo que cuenta el Gobierno estatal para desastres, la pregunta es: ¿alcanzará el recurso disponible para lo que ya sucedió y cubrirá cualquier otra eventualidad en le resto del año?
Pero la cuestión más de fondo es lo que debieran hacer los gobiernos de los diferentes niveles y, en particular el estatal, para prevenir en alguna medida los riesgos de los desastres naturales. Al respecto, en días pasados el titular de la coordinacion estatal de proteccion civil en el estado, Enrique Clement Gallardo, reconoció que el atlas de riesgo de la geografía morelense no se encuentra actualizado y señalaba que el municipio de Tlayacapan y otros 15 municipios más, habían incumplido con esa obligación.
Y si agregamos que no hay una planeación urbana de largo plazo, se forman asentamientos humanos a orillas de barrancas o zonas de riesgo, o bien las desarrolladoras no cumplen con todos los requisitos y omiten hacer obras que al final afectan a otras comunidades cercanas por la obstrucción de los causes naturales del agua. Por otra parte, los gobiernos no invierten en programas de vivienda social que vayan dirigidos a las familias marginadas para que se ataque de raíz el problema y tampoco diseñan una planeación adecuada que contemple el crecimiento poblacional de las zonas metropolitanas. En consecuencia, los desastres llegan, y solo es cuestión de tiempo para que toquen a puerta, como ha sido el caso. Por ejemplo, se sabe que tan solo en Cuernavaca hay aproximadamente 300 familias que viven en zonas de riesgo pero no se ve que la autoridad municipal y/o estatal intervengan para remediarlo.
Por tales razones es prioritario que las nuevas legislaturas federal y estatal, en la discusión del presupuesto del año entrante, destinen recursos suficientes en dos vertientes: primero, en la prevención de los desastres naturales, estudio y actualización de los atlas de riesgos; en segundo, atender las contingencias inmediatas una vez presentadas, las cuales requieren una ayuda pronta y expedita para superar lo más rápido posible la emergencia. Esto ahora no se puede hacer por la mala política de la 4T que va de tumbo en tumbo, pues fue un error del gobierno federal acabar con el Fonden, dado que este servía precisamente para atender las emergencias y, así, con mayor oportunidad podían actuar los gobiernos en turno en la atención de los damnificados al contar con los recursos requeridos.
Así las cosas, ante la desaparición del fonden por mandato del Ejecutivo federal ya se ve la gran necesidad del mismo por los desastres naturales de las últimas semanas, y es cuando gran parte de los legisladores federales están buscando la forma de etiquetar recursos para dicho propósito.
Mientras tanto, el pueblo conciente de México debe exigir que sus gobernantes asuman sus responsabilidades, tanto en materia de prevención como de atención oportuna a los damnificados, pues a final de cuentas los recursos con los que dispone el gobierno pertenecen al pueblo y, por lo mismo, no se deben regatear o escamotear por ningun motivo. Ante las tragedias de esta naturaleza no solo es la solidaridad familiar y social lo que cuenta, tambien es determinante la atención que el gobierno ponga para reparar el daño material y prevenir las desgracias humanas.
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