El regreso “inminente” a clases presenciales, así como lo mencionó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), está a la vuelta de la esquina. La apertura de aulas, según ella, es algo que preocupa al Gobierno federal, sobre todo por el impacto negativo en el estado emocional y el avance educativo de los niños y jóvenes que ha ocasionado el confinamiento. El Gobierno federal asegura que tras una investigación a nivel nacional se han evaluado los riesgos de seguir con el cierre de aulas, por lo que es necesario que se regrese a clases presenciales. Vemos pues, que la orden ya está dada en los 32 estados del país.
Tras esta declaración llama mucho la atención cómo se ha venido desarrollando la logística del regreso a clases, sobre todo porque las declaraciones tanto de Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública, como las de López Obrador, han causado polémica y preocupación en padres de familia, maestros y hasta en los estudiantes, por lo que es necesario que se haga una evaluación de lo que se dice en Palacio Nacional y lo que sucede en la realidad.
Primero: en lo que va de agosto, diferentes medios nacionales publicaron información sobre cuáles serían los riesgos de acelerar la apertura de las escuelas en medio de la tercera ola de la pandemia, donde resalta la variante Delta como la responsable del incremento de contagios en menores de 17 años. En el año y medio de pandemia, hasta el 15 de agosto de 2021, México había registrado 63 mil 182 contagios en niños de entre 0 y 17 años, según datos proporcionados por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA). En la Ciudad de México, los casos de niños y adolescentes aumentaron en un 401 por ciento a causa de la tercera ola, según SIPINNA; si tomamos en cuenta el cierre de aulas en el periodo, está clarísimo que estos números incrementarán con las clases presenciales, aún cuando ya inició el proceso de vacunación. Sin embargo, en Palacio Nacional parece no importarles la gravedad del asunto.
Segundo, la SEP declaró el pasado 12 de agosto que se incluiría una carta responsiva en el protocolo del regreso a clases para que los padres de familia autorizaran la asistencia a las instalaciones educativas; delegaban así la responsabilidad a los padres por si sus hijos se contagiaban en las escuelas. Esta acción despertó inconformidad a nivel nacional y días después el señor Presidente dijo en su mañanera que desconocía de la carta e incluso aseguró que “fue una decisión de abajo. Si me hubiesen consultado hubiese dicho ¡no!”.
Todo esto evidencia que en realidad no hay una planificación acerca del regreso presencial, en su lugar vemos intentos muy apurados para justificar e incluso deslindarse del peligro que representa esta decisión. Se sabe que la SEP ha condicionado a los docentes para regresar a las aulas porque a través de una campaña de Twitter con el mensaje de #MelitónLozanoAmenaza, los maestros denunciaron al titular de la SEP en Puebla por querer reducir el salario al docente que no acate la orden del ejecutivo.
Tercero, no se han tomado las medidas necesarias en las escuelas. Muchos directores ni si quiera tienen los recursos para solucionar la falta de insumos que garanticen un estricto manejo de las medidas sanitarias. En Puebla, por ejemplo, la SEP se ha limitado a entregar galones de jabón líquido, cloro, gel antibacterial y unas cuantas jergas a los preescolares, como si eso fuera suficiente para prevenir el contagio. Además, Delfina Gómez ya anunció que no cerrarán las escuelas en caso de presentarse un contagio en el aula y se limitarán a aislar al infante y darle seguimiento al caso. Si la titular de la SEP sabe lo mismo que López-Gatell en el manejo de una pandemia, no queda duda de que pondrá en peligro a todo el sistema escolar.
Ante esta situación, Ciro Ugarte, director de Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió que “la reapertura de escuelas no puede ser generalizada. Debe estar basada en una evaluación de riesgo local, la situación epidemiológica, la capacidad de respuesta, la disponibilidad de los servicios de salud y las condiciones propias de los centros educativos en todos los niveles” (El Economista, 18 de agosto), cosa que no ha sucedido hasta el momento. Es decir, el regreso a clases no está diseñado de manera responsable; es un capricho más del presidente.
Dudar de si estamos preparados o no para regresar a las aulas es ignorar la realidad que viven millones de mexicanos pobres. No se dice nada sobre la nueva cepa del coronavirus y en su lugar se promueve el suicidio colectivo. ¿Acaso al Gobierno federal no le pesa la vida de más de 600 niños fallecidos? Ya no hablemos de los más de 260 mil mexicanos muertos, no se dice nada sobre la forma en la que se trasladarán los niños a sus escuelas, pues muchos de ellos tendrán que utilizar el transporte público, lugar en el que no se respeta la sana distancia. No se dice nada sobre la falta de servicios en las escuelas: agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc. Van a darle seguimiento a los casos que se presenten, pero si ni siquiera se han preocupado por aplicar pruebas gratuitas durante el período que llevamos de pandemia, ¿qué garantía tienen los padres de que sus hijos serán atendidos? Está claro lo que se avecina: el 30 de agosto se llevará a cabo una de las decisiones más intransigentes del gobierno de López Obrador y miles de niños, jóvenes y maestro pagarán con vida el capricho del Presidente.
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